Los Obispos miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, y el equipo de apoyo de apoyo en medio de la realidad carcelaria que vivimos, sentimos la urgencia de fortalecer y promover en nuestra sociedad, la dignidad humana, el valor de la justicia, la verdad, la libertad y el respeto de los Derechos Humanos de los Privados de Libertad.
Nuevamente la sociedad venezolana debe lamentar la indescriptible situación padecida por la población interna en las cárceles venezolanas y por sus familiares; en esta oportunidad los hechos de sangre se verificaron en el Internado Judicial Capital El Rodeo I, en Guatire, Estado Miranda; establecimiento en el que al momento de redactar estas líneas fallecieron en un enfrentamiento armado treinta y siete internos y un número mayor resultó herido, según cifras no oficiales manifestada por los distintos familiares.
Estos hechos en los que internos en los penales se enfrenta entre ellos y con los cuerpos de seguridad del estado utilizando armas de fuego confirma de manera escandalosa y lamentable lo que se ha denunciado ininterrumpidamente desde hace muchos años: que las autoridades del estado venezolano no solamente incumplen con el mandato constitucional recogido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que ha abandonado completamente su responsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la población procesada y penada, para permitir en su lugar el funcionamiento impune y abierto de bandas y mafias internas que ejercen el control absoluto dentro de las instalaciones de los internados judiciales y penitenciarías, y que además cuenta con armamento, bajo la mirada cómplice de las autoridades del país.
Las autoridades del estado venezolano no pueden de ningún modo abdicar de su autoridad y de sus obligaciones respecto de los derechos y garantías de la población interna en sus cárceles; y de ninguna manera puede ser visto con indiferencia o como algo normal el que en las prisiones venezolanas no solamente exista hacinamiento, corrupción, ausencia de los servicios más básicos, retardo procesal y ausencia de clasificación de la población interna, sino que además el estado permita que sean las bandas delictivas y las mafias quienes impongan su ley dentro de los recintos penitenciarios; esta es una situación extremadamente grave de cuyas consecuencias las autoridades no pueden sustraerse.
Es de destacar que desde el 8 de febrero de 2008 rigen a favor de los internos del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante las cuales este tribunal internacional acordó: “Requerir al Estado que adopte las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, en particular para evitar heridas y muertes violentas.”, es deplorable que la nula atención que las autoridades del estado venezolano han prestado igualmente a las decisiones de los órganos de los sistemas internacionales de protección se traduzca en la pérdida de vidas humanas.
Nos hacemos solidarios con los familiares de los internos del Centro Penitenciario El Rodeo I, quienes han vivido horas de angustia y desesperación particularmente intensos desde el pasado domingo 12 de junio, esperando a las puertas del establecimiento penitenciario noticias sobre la situación de sus seres queridos; de nuevo se nos muestra en todo su drama como en nuestro país la entrada en prisión significa sufrimiento para todo el grupo familiar del procesado o penado.
La situación de las cárceles venezolanas no ha dejado de ser para el estado venezolano y para toda nuestra sociedad en general un motivo de vergüenza y de luto; en esta nueva oportunidad lamentablemente nos vemos obligados a advertir que mientras continúen sin resolverse los problemas estructurales de nuestro sistema de administración de justicia, y en particular de la administración de los recintos penitenciarios, estaremos condenados a repetir una y otra vez esta situación de verdadero horror para los procesados, los penados y sus familiares.
Instamos al Estado venezolano a actuar apegado a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República, tanto de los privados de libertad como a sus familiares. Animamos a los Poderes Públicos a cumplir su misión de vigilante de las garantías constitucionales de nuestros hermanos.
En Caracas a los 16días del mes de Junio de 2011
+ Mons. Roberto Luckert León
Presidente de la Oficina de Justicia y Paz
Vice. Presidente de la CEV
