La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), cuyo trabajo consiste en la vigilancia de los derechos humanos de los reclusos, divulgó recientemente su informe general sobre la situación penitenciaria de Venezuela 2014, exponiendo las principales vertientes para plantear recomendaciones en contribución a la crisis.
Los porcentajes elevados de violencia, el hacinamiento y las caóticas condiciones de reclusión que presentan los centros penitenciarios son tan solo algunos de los elementos expuestos, en un entorno donde 46.883 son hombres (94%) y un 2.761 mujeres (6%).
La falta de diligencia e investigación del Estado han causado un cúmulo importante de desafíos que combatir en esta área.
Por un lado el documento expresa que “numerosas de las edificaciones que se han destinado como centros de reclusión no han sido creadas para tal fin, muchas son viejas construcciones escolares, familiares, hospitalarias o militares”.
Expone que hasta el mes de mayo del 2015 se encuentran privadas de libertad 49.664 personas de las cuales 31.503 son procesadas, 17.374 son penadas, 265 están bajo destacamento de trabajo y 522 se encuentran en depósitos policiales.
Hacinamiento y salud en crisis
Las cifras expresadas demuestran que al menos 63% de las personas se encuentran en una prisión preventiva, a pesar de que el Estado venezolano ha manifestado mantener una revisión constante de los casos de retardo procesal en el país.
Al mismo tiempo, el hacinamiento es uno de los problemas más graves: causa el desalojo de los reclusos de sus centros penitenciarios a otros recintos. Esto ha sido una medida improvisada por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que deja a un lado el planteamiento de soluciones más efectivas para atacar la sobrepoblación.
Así mismo, el OVP expresa que: “El Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha conducido el cierre de varias cárceles importantes alrededor del país como: la cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial de Los Teques, la cárcel de Cumaná, Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta y la cárcel de Coro”.
El cierre de estos centros sin contar con una infraestructura adecuada para el desplazamiento de las personas privadas de libertad ocasiona la reducción del espacio en las prisiones del país, generando una mayor problemática que afrontar.
El caso que más resalta entre los problemas de hacinamiento es el Centro Penitenciario de Aragua (o cárcel de Tocorón). Este tiene una capacidad 750 reclusos pero cuenta ahora mismo con al menos 7.634 personas dentro, registrando un porcentaje de hacinamiento de 915%. Y como ese, según expresa OVP, hay muchos casos.
La salud destaca también entre los principales factores deteriorados, e implica un riesgo en la vida de las personas privadas de libertad:
“Dentro de las cárceles venezolanas son frecuentes las enfermedades gastrointestinales, asociadas a la mala alimentación que reciben los internos y la falta de agua potable”, indica el informe. A esto se le suman problemas dermatológicos y enfermedades de transmisión sexual como el VIH-sida.
Todo este caos en la salud de los reclusos se intensifica bajo el poco cuidado y atención que se les proporciona a los reclusos, y a los casi nulos períodos de control salubre.
Sumado a esto, según comentan testimonios de familiares en penales como El Rodeo II y El Dorado, los reos pasan hasta 15 días sin bañarse debido al escaso suministro de agua, y la alimentación de los mismos también deja mucho que desear.
Violencia sin control
La violencia pone en evidencia la mala planificación, el descontrol y la falta de organismos adecuados que se sumen al beneficio, dominio y la seguridad de los reclusos.
El informe expresa que: “Entre 1999 y el primer semestre de 2015, han sido asesinados 6.581 internos y han resultado heridos 16.417, en diferentes centros penitenciarios de Venezuela. El promedio de edad de los muertos y heridos es de 28 años”.
El problema se expande debido a la falta de competencia que han tenido las operaciones de desarme, y más bien las tácticas realizadas para el control de la violencia no han hecho más que de alguna u otra forma acrecentar la tensión carcelaria.
Los posibles escenarios violentos son accionados por malos tratos hacia los presos, chantajes, abusos y falta de vigilancia.
El hacinamiento ha crecido como uno de los principales problemas, debido a la falta de competencia de los organismos encargados / Ficha de OVP
La mayoría de las muertes ha sido por arma de fuego. Desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios el 26 de julio de 2011, hasta el 30 de junio de 2015 han muerto 1.622 internos
Planes sin eficacia
El Ministerio Penitenciario ha desarrollado planes para la aplicación del nuevo régimen penitenciario sin mayores avances:
Plan Cayapa, impulsado para contrarrestar los problemas de retardo procesal. Pero el plan no reflejó resultados positivos por estar repleto de “irregularidades y contradicciones con las disposiciones legales del ordenamiento jurídico venezolano”.
Plan Cambote, tiene como finalidad rescatar espacios y “dotar de condiciones adecuadas los centros de reclusión en todo el territorio nacional”. Pero este plan ha generado la clausura de varia cárceles, y tras el cierre de estos el ministerio ha tenido la obligación de desplazar a los reclusos, afectando más la sobrepoblación.
Plan Maíta, tiene el fin de tratar los actos de violencia y reducirlos en todos los establecimientos penitenciarios del país. Permite también la integración de las mujeres y hombres en las cárceles a la sociedad. Pero el informe señala que “este plan debería estar dirigido igualmente a los privados de libertad, incluso de forma conjunta, para evitar la reincidencia delictiva desde una perspectiva tanto interna, el privado de libertad, como externa, el apoyo familiar”.
