Integrantes de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional se trasladaron desde el fin de semana a la isla de Margarita, para constatar la situación de los sitios de reclusión que están funcionando actualmente, después de algunas denuncias relacionadas con la supuesta presencia de “cárceles clandestinas” que estarían sirviendo como depósitos de humanos.
Juan Pablo García, vicepresidente de esa instancia parlamentaria, y su colega Yaneth Fermín, diputada por Nueva Esparta, indicaron que investigarán cada una de las denuncias relacionadas con la presunta violación de derechos humanos de los internos, a raíz del cierre de la cárcel de San Antonio.
Aseguraron que esa situación ha generado angustia en la colectividad neoespartana donde, según dijo, el índice de inseguridad se ha incrementado considerablemente desde entonces.
Anunciaron que la Asamblea Nacional retomará el próximo mes de septiembre, el debate sobre el destino de los espacios donde funcionó la penitenciaría insular, aunque adelantó que la propuesta que cobra más fuerza es que debe ser reabierta pero con las condiciones necesarios para que se cumplan los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción a la sociedad.
Denunció que las personas detenidas en la Isla son trasladadas a retenes que sus familiares desconocen o donde el hacinamiento y las condiciones deplorables, son la constante, situación que según dijo, se repite en todas las regiones del país.
Los diputados García y Fermín constataron la existencia de un calabozo clandestino en el interior de la planta de generación eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi. Aunque no se les permitió el acceso, determinaron que más de 40 personas se encuentran detenidas en ese recinto.
NO MÁS
Pese a las restricciones impuestas a los parlamentarios, éstos pudieron constatar el hacinamiento en la sede de la Policía de Mariño, donde más de 300 presos viven en un especie de galpón, pese a que reiteradamente se ha exigido su descongestionamiento.
Detectaron que no hay clasificación entre los internos, por lo que penados y procesados están en el mismo lugar y lo que es peor, menores de edad conviven allí en condiciones insalubres e inhumanas.
En la prefectura de Los Robles, Maneiro, 32 mujeres sobreviven en un espacio de unos 20 metros cuadrados. Allí lograron intercambiar palabras con una de las reclusas, Yeumarys Lárez, quien dijo tener un embarazo de ocho meses.
Sus compañeras reclamaron mejores condiciones para ella, ya que pese a su avanzado estado de gestación, debe dormir en el piso de un recinto cundido de escabiosis y otras bacterias.
El Sol De Margarita
