«La mitad de mí, ya está muerto. O morimos en la calle o aquí en el penal. Estamos resteados a dar la lucha hasta el final para que nos respeten como seres humanos. Hemos cometido muchos delitos, es verdad, pero también queremos pagar nuestra culpa y enmendarnos. La huelga de las nueve prisiones es una muestra de lo que puede venir si las autoridades no cumplen con sus deberes y lo que nos han prometido».
Con la mano derecha sosteniendo una bolsa de colostomía producto de una herida de bala en el estómago, y en la otra mano una pistola 9 mm, «Jerson», preso desde hace tres años en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, por asalto a mano armada, no hace más que alertar que una bomba de tiempo está a punto de estallar si los 43.461 internos que se encuentran tras las rejas en los 33 penales dependientes del Ministerio del Interior y Justicia y varios retenes policiales, no reciben la atención que ellos y sus familiares vienen pidiendo, a gritos, desde hace mucho tiempo.
«El problema penitenciario en Venezuela no tiene ni ha tenido una política de Estado coherente y definida consensualmente, por eso las cárceles operan más como instrumentos de destrucción física y moral, que como espacios para la enmienda y reconstrucción espiritual del recluso. No tenemos cárceles sino horrorosos lugares de expiación», sostiene Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Prado, un ex recluso y ahora director de dicha Organización no Gubernamental (ONG), aseguró que «lamentablemente en el país no hay un sistema penitenciario definido».
«No estamos pidiendo como cárcel modelo un cómodo y confortable hotel, exigimos para nuestro país la sustitución de esas mazmorras por locales higiénicos, construidos bajo estándares internacionales», explicó.
Gilber Caro, Coordinador Nacional de las Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, coincide con Humberto Prado en el sentido de que desde su punto de vista, el Gobierno no le presta la atención requerida a los privados de libertad.
«Las prisiones no deben ser sólo espacios donde se concentren como animales a las personas que cometieron delitos, por el contrario, El Estado está en la obligación de garantizarle al interno seguridad, salud y educación y una efectiva y justa aplicación de la justicia para que el recluso, al cumplir su pena, pueda reinsertarse en la sociedad», explicó Caro, quien, al igual que Prado, también estuvo preso y cumplió condena de 10 años.
Diagnóstico. Para Prado y Caro, los males tradicionales de los penales son: La ausencia de clasificación y agrupación de la población reclusa, el retardo procesal, la falta de oportunidades de trabajo y de estudio.
También la extorsión de la que son víctimas por parte de las autoridades penales y de la Guardia Nacional (GN), una precaria alimentación, ausencia de asistencia médica de calidad y oportuna, ausencia de actividades deportivas, recreativas y culturales.
También la falta de una infraestructura física con un mínimo de habitabilidad, una gigantesca dilación procesal, la violencia intracarcelaria, tráfico y consumo de drogas, posesión de armas de fuego y poderosos artefactos bélicos como granadas.
Reflexión. Para Marino Alvarado, director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), todas las políticas y planes diseñados para atender la problemática carcelaria, no han dado resultados.
«Esto debe llamar a la reflexión del Gobierno para que haga una evaluación profunda de todas sus políticas implementadas. Además debe cumplirse con el mandato de la Constitución que establece la descentralización en materia carcelaria», explicó Alvarado.
Del mismo modo, sostuvo que el problema carcelario debe abordarse de manera integral, comprometiendo en ello al Poder Judicial y al Ministerio Público.
«En los últimos años, las reformas del Código Orgánico de Procedimiento Penal (Copp), se han orientado a restringir el juzgamiento en libertad. Yo creo que se debe legislar de tal manera que se pueda aplicar el principio que establece este código para que quienes cometan delitos de menor gravedad, puedan ser juzgados en libertad», precisó.
Alvarado está convencido que si el Gobierno decide disminuir de inmediato el hacinamiento de reclusos, puede bajar drásticamente la violencia en las prisiones.
Además, cree que ya es hora de que la GN sea retirada de la custodia de las cárceles para dar paso a una custodia civil, previa a un proceso de depuración e incorporación de nuevos funcionarios civiles quienes estarían bajo un riguroso control de su comportamiento, tal como ocurre actualmente con la Policía Nacional.
Violencia. Entre los problemas más graves de las prisiones, la violencia es, sin duda alguna, uno de los más graves.
La devastadora violencia carcelaria venezolana produce la cifra más alta de muertos y heridos por número de reclusos, comparado con las prisiones del mundo.
Según el OVP, en el primer semestre de 2010 murieron 221 reclusos y resultaron heridos 449.
Esta cifra, comparada con el mismo período de 2009, sufrió un incremento en muertos de 25% y heridos 31%.
El llegadero. Marino Alvarado sostiene que el número de muertos en las prisiones es un claro indicativo de que se vive una situación particularmente violenta.
«Yo no creo que la situación de violencia se vaya a agravar más porque ya ha llegado a niveles insuperables y es extremadamente peligroso el hecho de que el Estado venezolano haya asumido como normal, el hecho de que los internos tengan el control de las prisiones», sostuvo.
Alvarado explicó que en las cárceles los presos deciden todo, quién entra, quién sale, quién va a comer, quienes deben vivir, y hasta quienes deben morir.
Sobre este tema, Prado sostuvo que en Venezuela mueren entre 10 o 12 personas por cada mil internos al año, mientras que, por ejemplo, en Brasil, con más de 486 mil internos, hay un promedio de un muerto por cada mil internos.
En República Dominicana con una población carcelaria de 15 mil internos, mueren 15 por cada mil al año y, en Colombia, con 72 mil reclusos, presenta un índice de muertes de 0,2 muertes anuales por cada mil reclusos.
Degradación. Un estudio elaborado por el OVP señala que no sólo la violencia producto del uso de las armas, es la que viven los reclusos; sino que existen muchas formas de violencia que degrada a los internos hasta convertirlos en simples materiales de comercialización y generadores de plusvalía.
Existe, según Prado una violencia ejercida por el propio sistema de administración de justicia penal, retardo procesal, ausencia de defensores públicos, comida insuficiente, falta de higiene y atención médica, estado ruinoso de los establecimientos.
A eso, Gilber Caro suma otras como la ejercida por el personal penitenciario, malos tratos a los reclusos, cobros indebidos y trato vejatorio a las visitas.
Otra de las categorías de violencia es la que es ejercida por los internos entre sí, como el pago por protección, reducción a la condición de esclavitud, chantajes, extorsiones, delitos de unos internos contra otros.
También la que ejercen los reclusos contra la autoridad como la resistencia a órdenes y requisas, motines, huelgas, fugas y secuestro de familiares.
Marino Alvarado agrega que también se debe tomar en cuenta la violencia producto de la corrupción administrativa donde el preso vive permanentemente extorsionado por funcionarios militares y penitenciarios que les cobran por un lugar dónde dormir, por un colchón, protección, por la comida, por la medicina, el agua, la visita para sacarlos a las audiencias, por el traslado al Tribunal por el ingreso ilícito de celulares, armas, proyectiles, drogas, licor, para salir a la calle irregularmente, etc.
Una reflexión de Gilber Caro, prende la alarma al destacar que si la población penal es de 43.461 reclusos, que están presos en penales cuya capacidad es hasta un quinto reducida, los días de visita son extremadamente peligros tanto para los reos como para sus familiares. Hay que tomar medidas preventivas urgentes, porque si bien la situación actualmente es muy grave un estallido en esas circunstancia puede tener consecuencias incalcalubles.
Las autoridades tienen la palabra.
Las cifras
57 por ciento Es el porcentaje de muertos por armas de fuego en las prisiones, mientras que el 16% son producto de arma blanca
221 muertos en 2010
Ese es el total de reclusos muertos en los primeros seis meses de 2010, en todas las prisiones venezolanas.
11 años de gestión
Han dejado hasta junio de 2010, 4.251 reclusos muertos en las diferentes prisiones del país.
85% sin condena
Ese es el porcentaje de internos que no han sido condenados y se encuentran en prisión preventiva.
«Nada detendrá humanización»
Consuelo Cerrada, directora general de Servicios Penitenciarios del MRI, el jueves 12 de agosto, aseguró que los índices de violencia carcelaria del primer semestre de 2010 en los centros penitenciarios del país, constituyen los índices más bajo en los últimos 16 años.
Aunque el ministro Tarek El Aissami autorizó a la funcionaria para que respondiera una entrevista gestionada por Últimas Noticias a través de la Dirección de Comunicaciones de dicho ministerio, ésta nunca respondió positivamente, por lo que los criterios contenidos en esta nota, son aquellos que la funcionaria ofreció a varios medios de comunicación en días anteriores y fueron recogidos a través de Internet.
Cerrada explicó que los decesos registrados representaban 0,24% de la población penitenciaria actual y que los heridos llegaba a 0,48% del total de población carcelaria, en los primeros seis meses de 2010.
«Los índices de la violencia penitenciaria siempre se calculan en función de periodos anteriores, el semestre anterior, el año anterior, pero es un error, porque eso sería válido si la población penitenciaria fuera la misma siempre. Estos índices (0,24% de decesos y 0,48% de heridos) corresponden a la población que tenemos ahora y son los más bajos el los últimos 16 años», dijo en esa oportunidad.
Resaltó el Plan de Humanización emprendido por el Gobierno y destacó como elementos fundamentales de este plan la formación del personal que labora dentro de las instituciones carcelarias y la integración de los reclusos en proyectos deportivos, teatrales, educativos y musicales. Aseguró que nada detendrá este proyecto.
Destacó la formación de la Orquesta Penitenciaria «por la cual han transitado ya 2 mil 45 privados de libertad».
Añadió que en el área educativa existe una matrícula de más de 6 mil reclusos que reciben educación formal y 909 que cursan estudios universitarios.
«Esta red fomenta los valores éticos, morales y sociales en la población penitenciaria. Ese es el objetivo principal de los programas que instalamos en los centros carcelarios para la verdadera reinserción social», aseguró.
Fuente: Ultimas Noticias. 17.10.2010
Jorge Chávez Morales/[email protected]
