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Aunque el Ministerio de Servicio Penitenciario dispone de un presupuesto de 2.482.514.880 de bolívares, “el Observatorio Venezolano de Prisiones calcula que de acuerdo con los sondeos que han realizado y las denuncias que reciben, 60% de los presos no recibe la comida de las cárceles. Se ha denunciado que este nuevo régimen irrespeta los derechos humanos de los detenidos, entre ellos el derecho a la alimentación”, dice el Informe General sobre la Situación Carcelaria de Venezuela en 2015, presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

El despacho que dirige la ministra Iris Varela es responsable de suministrar alimentos a los reclusos que se encuentran, al menos, en las 18 cárceles donde ha sido instaurado el nuevo régimen penitenciario. Sin embargo, los presos no reciben alimentos o los que les dan están en mal estado. Tampoco es posible que sus familiares le lleven comida, pues con este nuevo sistema solo tienen dos visitas al mes.

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Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, explica que lo curioso es que existe una partida presupuestaria para alimentación del Ministerio de Servicio Penitenciario por 401 millones 650 mil 045 bolívares (401.650.045 bs). Incluso, el experto en materia carcelaria denunció que estos recursos fueron calculados con base a una población penitenciaria de 98.685 reclusos, según el ministerio, cuando en realidad en el sistema carcelario del país tiene 49.644 privados de libertad.

El director del OVP asegura que este régimen penitenciario en lugar de solucionar los problemas de las cárceles “por el contrario representa una nueva problemática y una nueva forma de violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

El informe del OVP muestra con cifras otros problemas del sistema carcelario. Las manifestaciones de los presos en los internados también se han incrementado. Un ejemplo de ello son las 1.220 bocas cosidas, protesta común entre los reclusos, que hubo en el primer semestre de 2015. El año pasado apenas se contaron 23.

El hacinamiento en las cárceles venezolanas es de 190,93%, pues en las prisiones del país hay 49.644 privados de libertad, aunque los 51 centros de reclusión del país solo tiene capacidad  para 26.000 reclusos. Estos números representa un aumento de 20 puntos porcentuales en apenas seis meses, ya que durante 2014 se había registrado 170% de exceso en la población que ocupa los centros de reclusión.

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9 muertos y 79 fugados de comisarías policiales

Las promesas de construir nuevas cárceles y las medida de la ministra Iris Varela de no autorizar el traslado de presos a la cárceles ha ocasionado que el problema de hacinamiento y violencia, que caracteriza al sistema penitenciario, se traslade a las comisarías de las policías estadales y municipales, el Cicpc y el Sebin.

“El OVP quiere expresar su extrema preocupación por la condición de hacinamiento, insalubridad y violencia carcelaria que se presenta en la mayoría de las comisarías a nivel nacional, y particularmente en el área metropolitana de Caracas, debido al cierre de los principales recintos penitenciarios de la ciudad, como lo fue la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “La Planta” y el Internado Judicial de Los Teques, así como también el creciente retardo procesal del Sistema Judicial y la falta de autorización de traslado por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, describe el documento presentado el miércoles 4 de noviembre.

Durante los nueve meses de 2015 en 20 centros de reclusión temporal de diferentes policías del país se han registrado 6 motines, 6 fugas y 6 secuestros de funcionarios. Estos hechos han dejado 9 muertos, 49 heridos y 79 reos fugados. Según el informe del OVP, 42,9% de los detenidos permanecen en estos recintos entre uno y seis meses, violando lo establecido en las leyes venezolanas, según las cuales el tiempo máximo de estadía en esos lugares debe ser de cuatro días. “En celdas que originariamente fueron construidas para 1 o 2 personas, actualmente conviven 20 privados de libertad”, dice Prado.

El hacinamiento en algunas sede policiales llega a 400%.

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En el Inof no hay agua

“Las condiciones de salud en el INOF son realmente preocupantes dado el estado de precariedad en el cual se encuentran las instalaciones, ya que este penal cuenta con espacios insalubres y no tienen la atención médica necesaria y especializada para atender las necesidades de las personas que se encuentran privadas de libertad en el mismo”, dice el informe.

Prado explicó que las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el INOF no cuentan con acceso agua potable, debido a los problemas de plomería de las instalaciones. “Las reclusas se ven obligadas a comprar botellones de agua, que les son vendidos por las custodias a un precio 3 veces mayor al del mercado. Aquellas reclusas que no tienen medios para adquirir el agua potable, se ven obligadas a tomar agua que no está filtrada. A raíz de esta situación, son frecuentes las enfermedades gastrointestinales, bacteriológicas e infecciones urinarias, como la amibiasis”, agregó.

De igual manera, las fugas de aguas negras en las celdas donde hacen vida las mujeres privadas de libertad, también es fuente generadora de una cantidad de infecciones dentro de la población reclusa. Asimismo, las enfermedades de la piel son bastante comunes en el centro penitenciario referido. (Runrun.es)

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