Caracas, 27 de noviembre de 2007. Hoy, 27 de noviembre, se cumplen 17 años de los hechos ocurridos en el Internado Judicial Los Flores de Catia en el año 1992, en los cuales perdieron la vida aproximadamente 63 internos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y se registraron 20 desapariciones forzadas, según cifras del Ministerio Público, luego de que cuerpos de seguridad del Estado dispararan indiscriminadamente contra la población penal.
Aunque no hay una decisión en los tribunales nacionales sobre los hechos del Retén de Catia, el 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual determinó que en estos acontecimientos hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado y que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. El Estado venezolano permanece en mora con todas las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en las dos primeras (Caracazo y el Amparo) ha cumplido parcialmente y en las sucesivas no hay ningún punto de los dictámenes que haya sido honrado por el Estado. En todas prevalece la impunidad nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes.
Cinco años después de la sentencia de la Corte, estos sucesos permanecen en absoluta impunidad, pues el Estado venezolano está en mora con respecto al cumplimiento de todos los puntos resolutivos del tribunal interamericano en el caso. En 17 años las víctimas no han sido escuchadas por un juez nacional.
Dentro de estas resoluciones de la Corte Interamericana se encuentran la investigación, identificación y procesamiento de las personas responsables de estos hechos; la adopción de medidas necesarias para adecuar las condiciones de las cárceles a estándares internacionales de Derechos Humanos; la capacitación de los cuerpos de seguridad, entre ellos agentes policiales y penitenciarios en el tema de Derechos Humanos y estándares internacionales en el trato a personas privadas de libertad; así como la indemnización y garantías de no repetición de estos hechos, entre otras medidas que no se han cumplido dentro de los plazos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es importante destacar que el Estado venezolano reconoció los hechos del Retén de Catia y se allanó, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 4 de abril de 2006 en Buenos Aires, Argentina.
De acuerdo con la jurisprudencia internacional es un deber del Estado buscar efectivamente la verdad, esto supone la indagación seria y efectiva de los hechos, establecer quiénes fueron los responsables de las violaciones ocurridas, así como la identificación y localización de las víctimas, por lo que la verdad representa un derecho tanto para las víctimas y sus familiares, como para la sociedad en general.
Luego de 17 años, el Estado venezolano ni siquiera ha cumplido con el deber mínimo humanitario de entregar los restos a los familiares de las víctimas que están pendientes. Las familias afectadas han solicitado reiteradamente al Ministerio Público que la identificación y la ubicación y documentación de las lesiones de los restos se deben realizar en los términos establecidos en la sentencia, es decir bajo métodos de absoluta confiabilidad para las víctimas. No obstante este gesto humanitario ha sido sistemáticamente desatendido por las autoridades venezolanas.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene una serie de medidas, que de ser aplicadas, la situación carcelaria mejoraría, pues la misma se ha agravado desde los hechos del Retén de Catia. Hoy día sigue existiendo un trato inhumano y degradante generalizado contra la población penitenciaria. Las cárceles de Yare, Uribana, La Pica, El Rodea, el Rodeo, Tocorón, Los Llanos, La Planta y Tocuyito son réplicas de la violencia, la insalubridad, el hacinamiento y las graves carencias que vivieron las personas privadas de libertad en el Retén de Catia hace diecisiete años.
Por ello, los representantes de las víctimas, solicitamos a la Corte Interamericana en audiencia el pasado 30 de septiembre del 2009 que:
1.- establezca mediante una Resolución el grave incumplimiento en el que ha incurrido el Estado en relación con el fallo del Caso Retén de Catia.
2.- Reitere al Estado su obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de reparaciones y costas de 29 de agosto de 2002, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.- Que cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el
Estado con las víctimas y sus representantes.
4.- Dé aplicación al artículo 65 de la CADH y ponga en conocimiento de las Asamblea General de la OEA el incumplimiento sistemático que ha hecho Venezuela a sus fallos.
(Cofavic)
hablan de derechos humanos, pero; donde estan los derechos humanos de las personas asesinadas , secuestradas, violadas. etc; por los que hoy estan exigiendo se les tome en cuenta. Quien piensa en los familiares de aquellas personas arrancadas de la vida, de aquellas mujeres y niños abusados sexualmente. Es cierto que en muchos aspectos estas personas estan siendo victima de una brutalidad militar. Si el grupo militar acepta los pedidos de estos reclusos quien estará a la cabeza de la situación? seria un grave error darles la razón a quienes por un motivo u otro quieren pasar por encima de la ley, con una serie de argumentos equivocados, puesto que ellos se sentirian a partir de ese momento dueños de la situación y que nos esperaria luego? impunidad ante toda clase de delitos . En sí lo que ellos realmente están defendiendo son sus plAZAS , es decír sus ventas de drogas y armamentos porque normalmente ellos mismos se matan allá dentro. La decisión del gobierno de hacer requisas debió haber sido tomada hace mucho tiempo, así como los militares son y han sido por siempre complices de estas conductas puesto que como se puede explicar los kilos de drogas y la cantidad de armas de todos los modelos, calibres y municiones así como explosivos encontrados allí. La decisión de quien debe permanecer en este mundo y sus circunstancias solo las puede decidir el ser más poderoso y hermoso que hemos tenido en la tierra, pero el derecho a la justicia lo pòdemos decidir nosotros como ciudadanos y es por ello que así como está mal la manera de proceder de muchos familiares esta peor la manera de proceder de los reos quienes deberian buscar de reinvindicarse ante la sociedad luego de perder la libertad y lo único que hacen es proceder de manera más erronea. Sus familiares piden justicia por ellos , pidamos justicia nosotros por tantas personas asesinadas vilmente por tantos niños, niñas y mujeres abusadas cruelmente. Dios tu todo lo puedes
Los derechos humanos de las personas que fueron asesinadas también fueron violados. Lo que se pide es que a los reclusos se les trate con respeto a sus derechos y a la dignidad humana. Nadie quiere impunidad. Pero tampoco se trata de venganza sino de que haya justicia de manera justa.