La Federación de Trabajadores Unión Regional de Trabajadores (URT-Sucre) condenó los saqueos en Cumaná y aseveró que los disturbios tienen su caldo de cultivo en la crisis económica y la represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad.
El vocero, José Antonio García, comentó que los disturbios sirvieron para que grupos hamponiles también hicieran de las suyas, acrecentando más el desabastecimiento y la caristia.
“Con echarle las culpas a uno u otro grupo político no se pueden eximir de su responsabilidad las autoridades de lo que ocurrió el martes, cuya causa siguen latente y sin respuesta en la población, y que todo gobierno debe procurar satisfacer”, aseguró García.
El también integrante de la Central Obrera Unete llamó a mantener la calma y expresó la voluntad de la organización de trabajadores en contribuir con sumar esfuerzos en la solución a la emergencia social.
La federación condenó la represión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) al pueblo de San Antonio del Golfo y Cariaco en el estado Sucre.
La protesta comenzó en la Troncal 9 el pasado 8 de junio por escasez de alimentos, teniendo su episodio más violento el viernes cuando la actuación de la GNB dejó 11 heridos, uno de ellos, Osmel Fuentes, de tanta gravedad que falleció el sábado en la tarde.
El vocero de la federación, Jorge Cedeño, condenó el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones y exigió cárcel para los involucrados, incluyendo comandantes por permitirles la salida.
El dirigente del sector portuario e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) recriminó la escalada de violencia de los que han sido víctimas en las últimas seis semanas. Cedeño exigió al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, investigar la actuación de la Policía y la GNB en Cumaná.
Violación de DD HH
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó que lo ocurrido en Sucre es parte de lacreciente represión que han monitoreado en todo el país, sumado a la ejecución del estado de excepción y la resolución 08610 mediante la cual el Gobierno autoriza a los cuerpos policiales y a la Fuerza Armada a usar armas en el control de manifestaciones.
“Exhortamos una vez más al defensor del Pueblo Tarek Willian Saab que alce su voz contra la represión creciente en el país. Debe entender el defensor que su silencio cuesta vidas. Mientras guarde silencio ante graves atropellos a los derechos humanos, el gobierno se sentirá con plena libertad de seguir arremetiendo contra los pobres y otros sectores de la población”, expresó Provea el 11 de junio en un comunicado.
Además reconoció la rápida actuación del Ministerio Público en investigar el asesinato de Jenny Elizabeth Ortiz Gómez y la designación de fiscales para el asesinato de José Antonio Tovar, de 21 años (presuntamente por parte de la GNB durante saqueos en Petare), así como de Cedeño.
Siendo así, reclamó una “investigación imparcial y que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes”.
Provea también exigió al presidente Nicolás Maduro que cese la represión y garantice la actuación de los cuerpos de seguridad en el marco de la Constitución Bolivariana y el pleno respeto a los derechos humanos.
Consecuencias
Para la federación y Unete las últimas protestas en Sucre tienen relación con la manera como el Gobierno ha contribuido sostenidamente en la escasez de alimentos.
El vocero de la URT-Sucre, José Antonio García, puntualizó que el Gobierno tiene 10 centrales azucareros de los 14 existentes en el país, 19 plantas para la producción de harina de maíz pre cocida de las 27 que hay en Venezuela, así como plantas procesadoras de atún y sardinas (Fextun y La Gaviota).
El monopolio de la producción, sin embargo, no ha redundado en mejor abastecimiento. Al contrario, afirmó García, la producción ha descendido a más de 80 por ciento debido a las continuas paralizaciones y falta de insumos.
En las azucareras, por ejemplo, 8 de cada 10 plantas están paralizadas. “Hoy solo podremos cubrir menos de un tercio de la demanda nacional de azúcar”, detalló García.
Recordó que -según memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MAT)- 12 de las plantas de producción de harina precocida en manos del Ejecutivo reportan una producción de 14 por ciento.
Es el mismo caso, comentó, de las enlatadoras como La Gaviota que en casi dos años han estado paralizadas más de 95 por ciento del tiempo.
Para estos gremios la sociedad debe organizarse y obligar al Gobierno a poner a funcionar a su capacidad a estas plantas necesarias para alimentar a la población, a la vez de incrementar la producción en el campo.
La federación también advirtió que los comités locales de abastecimiento y distribución (CLAP) pueden representar una confrontación de pueblo contra pueblo y exclusión.
“Conformar estas estructuras solo con ciudadanos pertenecientes al partido de gobierno, devela exclusión del resto de la población a la participación protagónica y discriminación por razones política”.
Correo del Caroní
