La orden de quemar, desaparecer y desincorporar la comida podrida importada de los inventarios de PDVAL está a medias. De los casi cuatro mil contenedores aparecidos en el país, en almacenes y depósitos, sólo 800 ha desaparecidos de las zonas de almacenamiento.
Neidy Rosal, diputada del Consejos Legislativo de Carabobo, informó que «solamente incineraron 800» furgones que contenían alimentos dañados, de «los casi cuatro mil» adquiridos por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), empresa que fue administrada por Petróleos de Venezuela y tras el escándalo de las más de 134 mil toneladas podridas pasó a ser dependencia del Ministerio de Alimentación. Cada contenedor tendría en promedio 20 toneladas.
El destino del lote de contenedores no se sabe dónde está. Rosal sospechó que estén en el plan de «ruleteo» que realizó el Gobierno para «tapar» y «ocultar» las irregularidades en las importaciones y malos manejos.
Señaló que unos estarían ubicados en el Centro de Distribución de Material de Guerra (Cedimague), ubicado en Carabobo, municipio Puerto Cabello, donde aparecieron cerca de 103 mil toneladas de alimentos dañados, entre mayo y septiembre.
Por la pérdida de alimentos tres funcionarios están detenidos. Están en juicio por los presuntos delitos de boicot y corrupción. Desde junio esperan por el proceso judicial. Ocho diferimientos se sucedieron hasta que el caso fue radicado en Caracas, tras estar en Puerto Cabello sin avances legales.
La diputada volvió a denunciar las responsabilidades que tuvo el Ministerio Alimentación «que debió velar porque esos alimentos lleguen en buen estado y que se haga el correcto almacenamiento»; al despacho de sanidad- adscrito al Ministerio de la Salud- «porque debió accionar el alerta sanitario», designar fiscales para incinerar y remover las toneladas dañadas.
Otra acción comprometida giró a Obras Públicas y Vivienda, con la administración de Bolipuertos, que «tuvo el manejo de los contenedores en los muelles» y los destinos: las almacenadoras. Responsabilizó al Ministerio de Finanzas, por la falta de supervisión en las entregas de divisas y las inspecciones de las importaciones y nacionalización que eran funciones del Seniat.
Sentenció que en el juicio debe «llamarse a comparecer a los distintos ministerios involucrados en el manejo». Las toneladas de alimentos podridos bajo la gerencia del Ejecutivo y los informes de control que revelaron una cadena de corrupción, al salir el diagnóstico de una auditoría de 2008-2009 realizada por PDVSA a la red de PDVAL, y las observaciones que hizo la Controlaría de la República en sus controles internos.
Hechos
Hallazgos de contenedores con comida 4.003
Toneladas de alimentos podridos en el país 134.000
(Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Lara, Anzoátegui, Zulia,
Falcón, Portuguesa)
Carabobo registró mayor presencia de toneladas 103.000
Promedio en meses que se dejaron de abastecer 4
Diferimientos de audiencias para el juicio 8
Detenidos por la pérdida de alimentos 3
Auditoría
La compra programadas a octubre de 2008 solo llegó un 25 por ciento de las solicitudes.
Se entregó un millón de dólares a empresas que no tenía garantía de abastecimiento.
Se detallan 65 contenedores con mil 201 toneladas de «alimentos dañados».
Incumplimientos de entrega de los proveedores de 100 por ciento.
Más de dos mil millones de dólares se pagaron en órdenes de compras sin considerar el mejor precio.
Detenidos
Luis Enrique Pulido, ex presidente de PDVAL.
Vilyeska Betancourt, ex directora ejecutiva de operaciones.
Ronald Flores, ex gerente general.
Fuente: La Verdad.com. 02.01.2011
