Es cierto que la familia de Diana no paga inscripción ni mensualidades en una escuela de Las Adjuntas que está cerca de la casa. Desde hace tres años, la niña asiste a esa institución pública y la matrícula no es un gasto que preocupe. Fácilmente podría decirse que su educación es gratuita, pero, en realidad, no es así.
Ya Norelys León, la abuela, afrontó un primer gasto: la lista de cuarto grado –que comenzará a cursar a partir de hoy– le costó 420 bolívares. Compró cosas básicas, como cuadernos, lápices y sacapuntas. A esa cantidad debe sumarse lo que pagará por otros implementos que pidió el colegio: cuatro rollos de papel higiénico, servilletas, pasta de dientes, gel antibacterial, una caja de zapatos forrada, un vaso con tapa, un mantel pequeño y un paquete de vasos plásticos.
Otro monto, aunque un poco más pequeño, se debe agregar a la lista. Es necesario también depositar 40 bolívares para las insignias del uniforme, el carnet y las boletas. Si este año escolar se parece al anterior, los gastos se mantendrán hasta el final. El año pasado, dice León, tuvo que comprar con frecuencia materiales para las tareas y trabajos en el salón; por ejemplo, cartulina, foami, láminas. La abuela de Diana calcula que son alrededor de 100 bolívares mensuales. A ella no se le hace fácil cubrir esa cantidad y por eso su hija la ayuda.
La Constitución nacional establece que la educación es democrática, gratuita y obligatoria. Se trata, además, de un derecho humano que hay que garantizar: el Estado, entre otras cosas, debe evitar que las dificultades económicas se conviertan en un freno para estudiar.
La gratuidad va mucho más allá de la eliminación de costos de matrícula. Por eso, el año pasado el Ministerio de Educación comenzó a distribuir libros y cuadernos para primaria, con la finalidad de reducir los gastos de las familias. Este año –dijo la ministra Maryann Hanson– se entregarán 12 millones de libros para los primeros grados y 16 millones para bachillerato. Sin embargo, esa medida parece insuficiente.
A Diana, por ejemplo, le dieron una computadora Canaima hace unos años, pero no le entregaron los textos en 2011. León no sabe si le tocarán este período escolar. La maestra quedó en avisar los primeros días de clases qué libros necesitará: si no los recibe, será un gasto adicional en la lista.
Uno de los hijos de Yamil Izaguirre recibió los textos escolares el año pasado, cuando estudiaba segundo grado en la escuela Virginia Martínez, en el 23 de Enero. “Me ahorré el dinero de los libros, pero igual tuve que comprar el bolso, el resto de los útiles y el uniforme”, dice. En 2011 –la semana pasada aún no había comprado los implementos para el nuevo año escolar– gastó 2.500 bolívares en las listas de sus 2 hijos menores.
Acceso sin trabas. Hace un par de semanas, Unicef y Unesco presentaron el informe Completar la Escuela. Un Derecho para Crecer, un Deber para Compartir, en el que analizan la exclusión escolar en América Latina. En ocasiones, señala el documento, los niños no estudian –entre muchas otras razones– porque sus familias no tienen recursos para costear gastos asociados a la educación.
Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, dice que se debe garantizar la gratuidad de todo lo que se relacione con la enseñanza. Si la educación es obligatoria, dice, no se puede sobrecargar a los padres de costos que quizás no pueden asumir. “Eso no tiene sentido. El derecho se garantiza sólo si hay gratuidad, incluso en el traslado hacia la escuela”, explica.
La canasta básica escolar, agrega, está compuesta por la matrícula –que no se cuenta en la educación pública–, los útiles, los uniformes, el transporte y la alimentación. Dice que hay experiencias de países en los que se ofrecen los útiles de forma gratuita, y las familias se comprometen a hacer buen uso de ellos y devolver lo que sobre. “Eso pudiera funcionar. Hay que pensar en las personas que realmente no pueden cubrir esos gastos”, señala.
Mabel Mundó, investigadora de políticas públicas educativas del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, dice que la educación debe ser un compromiso compartido entre los padres y el Estado.
Por eso, para ella lo ideal es que el Estado genere empleo, de manera que los padres puedan cubrir todos los gastos: “Las grandes inversiones de infraestructura, por ejemplo, debe asumirlas el Estado. Pero los representantes pueden encargarse de los útiles y uniformes. Para eso, la estabilidad de la familia debe estar garantizada”. (Ariana Guevara, El Nacional, 17.09.12)
