Fuenmayor Toro entrevista a Eleazar Narváez sobre la universidad venezolana

¿Cómo evalúas la respuesta de la universidad venezolana a las políticas educativas oficiales? Me refiero principalmente a la equidad en el ingreso estudiantil, la masificación, la elección de autoridades y la pertinencia. 

R. No hay, en el heterogéneo mundo universitario venezolano, una respuesta única a los asuntos que denominas políticas educativas oficiales. Hay instituciones controladas por el Gobierno, que si-guiendo sus orientaciones políticas e ideológicas asumen: la equidad como igualdad en el ingreso estudiantil, sin atender lo previsto en el artículo 103 de la Constitución; la masificación, como un in-greso irrestricto de grandes cantidades de estudiantes, sin las debidas consideraciones a la calidad académica y sin to-mar en cuenta que en las uni-versidades, además de la do-cencia, se deben realizar acti-vidades de investigación y de extensión; la pertinencia, como correspondencia con el proyec-to político del régimen, o bien con supuestas necesidades so-ciales (la cacareada pertinencia social), ignorándose o subes-timándose que hay otras di-mensiones de la misma, como la pertinencia respecto a los avances del conocimiento en las distintas disciplinas; y la elección de autoridades, como escogencia a dedo entre quie-nes se identifican con el régi-men, sin la participación del colectivo institucional.

Es una respuesta radicalmente distinta a la que observamos en las universidades autónomas, donde se percibe que las acciones gubernamentales en esos temas constituyen banderas inspiradas en propósitos ideológicos y políticos, sin motivaciones académicas de peso. En estas instituciones se han reivindicado experiencias importantes que han apostado por una mayor equidad social en el in-greso estudiantil, tal como ha sucedido con el Programa Samuel Robinson de la UCV, por ejemplo; y también se han hecho recientemente propuestas con igual motivación en el Núcleo de Secretarios de las universidades nacionales, pero siempre dentro del espíritu del artículo 103 de la Constitución. Asimismo, se ha reclamado el correspondiente compromiso del Estado en lo atinente a los recursos necesarios para una lograr una mayor masificación, pero con la condición de que ésta no menosca-be la diversidad de funciones de estas instituciones.

En lo que respecta al tema de la pertinencia en sus múltiples dimensiones, ciertamente son necesa-rios mayores esfuerzos. Destaca aquí, por ejemplo, las necesidades de actualización curricular en los estudios de pregrado y de posgrado.

En cuanto al espinoso asunto de las elecciones de autoridades, que establece hoy la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34, numeral 3, en el que se distorsiona el concepto de comunidad universi-taria y se establece el voto paritario de profesores, estudiantes, empleados y obreros, considero que a nuestras universidades autónomas les ha faltado mayor beligerancia, contundencia y articula-ción de esfuerzos, para denunciar los graves peligros que ello comporta para la vida de dichas insti-tuciones, y también para dar a conocer, tanto al Gobierno como a toda la sociedad, una propuesta alternativa razonable.

2) ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias de la UCV, a las decisiones y acciones gubernamentales al respecto?

R. Considero que, de manera resumida y en términos generales, se ha expresado en la firme dispo-sición favorable de darle respuesta a esos asuntos por la vía del diálogo, sin renunciar al principio de autonomía universitaria y a lo que está pautado acerca de los mismos en la Constitución y en las le-yes del país. No obstante, podría decirse que esa respuesta quizás ha podido ser más propositiva y de mayor aliento para el debate de esos temas en los distintos ámbitos de esa casa de estudios.

3) ¿Ha sido correcta la respuesta ucevista a lo que llaman agresiones oficiales? ¿Se compadecen las ejecutorias del gobierno actual de la UCV con la crítica que le hacen al gobierno nacional? Reelec-ción, autoritarismo, soberbia, ineficacia … 

R. Las respuestas ucevistas a las tantas agresiones y atropellos contra la nuestra institución por par-te del sector oficial, no sólo han sido necesarias sino también legítimas. En todo caso pudiera decir-se que más bien han sido insuficientes ante la magnitud y complejidad de esos ataques en los últi-mos años. Ciertamente, hoy nos preocupamos porque esas respuestas no están acompañadas de una mayor movilización y organización de nuestra comunidad universitaria. Esto si cabe admitirlo.

Respecto a la otra interrogante, sí estamos conscientes de que nuestras autoridades, en el ejercicio de la autonomía universitaria, están llamadas a actuar con la mayor integridad, a tener una conduc-ta cónsona con lo que predican. Si a las autoridades universitarias se les comprobasen prácticas in-deseables en el ejercicio de sus funciones, las cuales por cierto estamos obligados a combatir abier-13 

tamente, ello no puede llevarnos a ser tolerantes ni complacientes con la autocracia, el autoritaris-mo, la ineptitud y las tendencias totalitarias que observamos hoy en el Gobierno.

4) La autonomía siempre ha sido producto del antagonismo entre el saber y el poder. ¿Qué diferencia existe entre la situación pugnaz actual con la de otros tiempos? La pugnacidad en el primer gobierno de Caldera llevó al allanamiento, destitución de autoridades, reforma de la Ley y limitación de la au-tonomía. 

R. En los distintos períodos de nuestra historia universitaria, desde la fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hay abundantes hechos que ilustran las graves agresiones a nuestra autonomía universitaria perpetradas por diversos factores de poder. Esos hechos los encontramos en el perío-do colonial y también en el largo trayecto que va desde el surgimiento de la Universidad Republica-na en el siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Es preciso que veamos tales hechos como parte de un proceso en el cual la universidad venezolana ha librado una lucha para conquistar y construir su au-tonomía ante determinados poderes fácticos. En la actualidad tenemos a un régimen que, si bien dio su consentimiento para que se consagrara constitucionalmente la autonomía universitaria en el año 2000, no obstante, ha hecho todo lo posible, por diferentes vías y con distintos medios, para deteriorar las condiciones necesarias que requiere el ejercicio de ese principio, hasta el punto de que éste, hoy en día, ha tendido a convertirse en letra muerta. Así como en el primer gobierno del presidente Rafael Caldera se violó la autonomía con un brutal allanamiento de la Universidad Cen-tral de Venezuela en octubre de 1970 y mediante diversas decisiones del Ejecutivo amparadas en la reforma de la Ley de Universidades, durante el gobierno del presidente Chávez, de manera reitera-da e implacable, mediante diversos procedimientos que han incluido el amparo de acciones violen-tas y el acento se ha puesto en precarizar el ejercicio del principio en cuestión.

5) Cuando en el año 2002, algunas facultades de la UCV suspendieron sus actividades, para apoyar la salida del presidente Chávez. ¿No se pusieron estos decanos, y las autoridades centrales en el caso de otras universidades, al margen de la ley? 

R. En la situación política tan difícil y compleja de ese entonces, caracterizada por grandes tensio-nes, se desdibujaron los límites entre la legalidad y la no legalidad. Si lees el artículo que me publicó El Nacional con fecha 31 de diciembre de 2002, titulado “La educación con el paro”, también podr-ías llegar a la conclusión de que me coloqué al margen de la ley. En aquella oportunidad sostuve, y hoy no me arrepiento de ello, que se trataba de un paro cívico nacional en una situación de profun-da crisis, al que se sumaron diferentes personas, sectores e instituciones, en respuesta a las arbitra-riedades de unos gobernantes que contrariaban los valores, principios y garantías democráticas. Ese paro nos brindó, sin lugar a dudas, la oportunidad para insistir en que era fundamental educar en la calle, reivindicando el respeto a la dignidad de la persona, el derecho a la vida, a la convivencia, a la libertad, a la tolerancia, al diálogo…

Esta respuesta tuya justificaría el golpe de Estado de 2002, contra un gobierno democráticamen-te electo y mayoritariamente apoyado por la población, como se demostró ampliamente des-pués. Muchos mayores problemas, y claramente por culpa del gobierno, han existido con poste-rioridad, y no he visto a las universidades ir a una huelga nacional. Tú como persona y ciudadano tienes todo el derecho de actuar como te parezca, pero como autoridad universitaria no, pues la universidad no es una institución para la lucha por el poder político. Una cosa es que la universidad deba estar en “lo político”, es decir en la crítica a las actuaciones del gobierno, en la elabora-ción de proposiciones diversas, en la orientación de la vida nacional, y otra muy distinta es que esté en “la política”, es decir en la lucha por la toma del poder. ¿No es tu respuesta una clara y simple racionalización de una actitud errada tomada en un momento dado? ¿No es una negación a corregir y a aceptar errores? ¿Cómo se le pide al presidente Chávez entonces que él los acepte? 

R. El paro cívico nacional, que se inició a finales de 2002, representó un mecanismo legítimo y necesario de lucha para protestar la gravedad de las acciones gubernamentales, que desde el mes de abril de dicho año se manifestaron de una manera bastante intensa, después de aquel trato indignante que el presidente de la República le dio a los trabajadores de PDVSA en cadena nacional de radio y televisión, y de los muy lamentables y aún no esclarecidos hechos de la mar-cha del día 11 de ese mes. A la universidad se le tildó injustamente de golpista, por haber expre-sado su posición solidaria con un paro que en esencia traducía una profunda y masiva indigna-ción de la población del país, ante un régimen que con la mayor impunidad trastocó valores esenciales de la democracia. Sin duda, ante esto último la universidad estaba llamada a hacer sentir su voz crítica. Quienes apoyamos ese paro con arraigadas convicciones democráticas, no podemos aceptar que ahora se intente descalificarnos con el argumento de que nuestra acción estaba vinculada con el denominado “golpe de Estado” de abril del mencionado año, sobre el cual, por cierto – hay que recordarlo – existen más dudas que certidumbres en relación incluso con la propia responsabilidad del presidente Chávez en la gestación y desarrollo del mismo.

6) ¿Crees realmente que la universidad venezolana le da al país lo que debería darle? ¿Lo hace la UCV? ¿Por qué las universidades, y entre ellas la nuestra, no enfrenta con eficacia el incumplimiento profe-soral, la burocracia administrativa, el deficiente rendimiento estudiantil? 

R. Los aportes de la UCV a lo largo de su historia, han sido y son muchos y diversos, y además valio-sos: en la formación de profesionales en distintas áreas, en la investigación, en el apoyo a comuni-dades, como referencia fundamental de los valores de la democracia y la libertad en nuestra vida política, en los avances en términos generales en distintos órdenes de nuestra sociedad. Esto, desde luego, debería hacerse más visible con una consistente y amplia política comunicacional de carácter institucional tanto en el plano nacional como internacional. No obstante, lo ideal y deseable es que dicha política se alimente de procesos de evaluación o autoevaluación desarrollados en la institu-ción, hasta hoy inexistentes en la UCV, con los cuales se podría precisar con mayor objetividad todo aquello que se le atribuye a ésta, bien sea en términos positivos o negativos, en el cumplimiento ac-tual de sus funciones. No hay que olvidar que los juicios sobre el papel de nuestra universidad sue-len hacerse en función de expectativas, valores, normas y criterios que por lo regular son diferentes y hasta contradictorios entre sí.

7) En la universidad no hay reemplazo académico generacional. Se está transformando en un liceo grande, sin profesores de planta ni realización de actividades de investigación. Esto también ocurrió, aunque con menor incidencia, durante la crisis económica en los gobiernos de Herrera y Lusinchi. ¿Qué se debe hacer para salvar a la universidad? 

R. Es una lamentable situación que enfrenta hoy la universidad venezolana, especialmente las uni-versidades autónomas. Dos factores, entre otros, dan cuenta de ese gravísimo problema. En primer lugar, la nefasta política oficial de no otorgar a nuestras universidades los recursos financieros necesarios para la reposición de cargos, ante la significativa cantidad de profesores que comenzó a jubi-larse desde el 2002; y en segundo término, la precaria remuneración a docentes e investigadores, la cual ha llevado a muchos a dejar la institución para aprovechar mejores salarios y condiciones de trabajo en otros ámbitos. En ambos factores hay un elemento en común, una restricción presupues-taria asfixiante a las universidades por parte de un gobierno que ha manejado cuantiosísimos recur-sos en sus años de gestión, muy superiores a los de gobiernos anteriores.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, que las autoridades y las comunidades universitarias tomen ma-yor conciencia del drama. Recuerdo que cuando ejercí el cargo de Vicerrector Académico de la UCV (2004-2008) alertamos insistentemente sobre dicho problema, e intentamos comenzar a enfrentar-lo mediante la creación del Registro de Información Académica, una iniciativa a la cual, lamenta-blemente, no se le dio continuidad en la gestión que nos sucedió. En ese entonces queríamos saber con exactitud la situación real de todo nuestro personal académico: años de servicio, áreas de for-mación, escalafón, dedicación, funciones realizadas, etc., en la perspectiva de crear un sistema de información para la toma de las decisiones procedentes, y que sirviese al mismo tiempo como un instrumento para lograr una mayor visibilidad institucional y de diálogo con autoridades y organis-mos del sector público y del sector privado. Es un primer paso que debemos dar con la mayor cele-ridad. Para ello es primordial la voluntad política de nuestras autoridades universitarias.

8) ¿La falta de legitimidad de las autoridades de muchas universidades, no limita enormemente la combatividad y la fortaleza de la universidad? ¿No ocurre eso en la UCV? 

R. En la UCV se observa en la actualidad una precaria movilización con poca organización de la co-munidad, para enfrentar los reiterados atropellos de diversos órganos del Poder Público y de grupos violentos afectos al régimen. Es algo que quizás pueda revertirse con un mejor aprovechamiento del liderazgo por parte de distintos actores de la institución, entre ellos las autoridades universitarias y dirigentes de diferentes gremios. De eso se trata. La situación podría ser muy distinta, sin embargo, en aquellas universidades en las cuales sus autoridades han sido escogidas a dedo por el Ejecutivo, sin participación democrática de los integrantes de sus comunidades. ¿Qué combatividad y qué for-taleza podemos esperar de esas instituciones secuestradas por el Gobierno?

9) ¿Crees que un gobierno de cualquiera de los candidatos opositores garantizará un trato diferente a las universidades? En el pasado no lo hubo, fue muy similar al dado por Chávez. 

R. No creo que desaparezcan las tensiones, aun en el caso de que resulte electo como Presidente un candidato comprometido con los valores de la democracia. Más aún, lo ideal es que existan tensio-nes saludables en función de desafíos y compromisos compartidos entre la Universidad, el Gobierno y el Estado, en una relación de mutuo respeto, que haga posible que los acuerdos y las respuestas a las diferencias se canalicen de una manera fecunda mediante el diálogo. A ello debemos apostar los universitarios. En modo alguno debemos esperar contar con un Gobierno complaciente e incondi-cional con nuestras universidades; tampoco una Universidad que silencie su voz crítica para conver-tirse en una simple agencia gubernamental. En este contexto, me permito visualizar a la Universidad como una institución fundamental del Estado que está llamada a jugar un papel clave en la formula-ción, desarrollo y evaluación de las políticas públicas.

10) La oposición y el Gobierno se parecen tanto en las cuestiones fundamentales, que bien valdría la pena la aparición de una tercera propuesta política distinta que, para comenzar, acabara con el modelo rentista, rescatara la inmunidad de jurisdicción, cumpliera la Constitución en relación con la ex-plotación petrolera y modificara la LOPE, para establecer una perfecta proporcionalidad entre votos y representantes en los cuerpos deliberantes. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad? 

R. Me parece que en las muy difíciles y complejas circunstancias políticas que vivimos hoy los venezolanos, no es nada aconsejable que sigamos hablando de la oposición. Tampoco de una tercera vía. En lo personal creo que esa palabra – la oposición – deberíamos abolirla de nuestro lenguaje en la vida política. Preferiría hablar más bien de la conjunción de esfuerzos, de la unidad de propósitos y de acción de todos los venezolanos comprometidos con la democracia como forma de vida, a fin de enfrentar ésos y otros retos.

Revista Continuidad y Cambio Año 1 Mes 2

Disponible  aquí de manera íntegra .