La Agencia Bolivariana de Noticias, con motivo de los 11 años de mandato del Presidente Chávez, realizó un reportaje sobre los avances y triunfos en materia de salud que ha tenido su gestión. En el artículo, titulado Óptimas políticas de salud pública se han gestado en once años de revolución, afirman «la voluntad del Gobierno para abordar y resolver los problemas de salud ha sido fundamental, al tener que enfrentar los resultados de la incompetencia de gobiernos anteriores, que con una visión capitalista privatizaron el acceso a un derecho fundamental del hombre: la salud».
En aras de promover un debate profundo y que supera la actual dicotomía a favor de o en contra de, desde el el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realizaremos un seriado sobre el Derecho a la Salud, como primera parte de la entrega se expondrá cuál era la situación del derecho antes del inicio del proceso político que comenzó en 1999.
A diferencia de los expresado por la agencia Estatal la situación del balance del último gobierno del decenio es lamentable, sintetizado en el Informe Anual octubre 1998 – septiembre 1999 de la siguiente manera «El gobierno de Rafael Caldera culminó su gestión con un lamentable saldo, en el sentido de que sentó las bases de la reforma del sistema de salud que como señalaba Provea en su oportunidad apuntaba ‘… a la consolidación de un modelo discriminatorio de salud pública, del que están prácticamente ausentes las nociones de promoción y prevención de la salud, que se sustituyen por planteamientos de mercado, en que los principios del derecho, y por ende su vigencia, difícilmente pueden competir'»
En ese orden de idea, Provea en el informe especial Situación del Derecho a la Salud en Venezuela 1998-2008 destaca, como balance de la década de los 90, en materia de atención sanitaria lo siguiente:
El cierre parcial o total de establecimientos por reducción de la asistencia de usuarios, debido a barreras de acceso geográfico y continuas deficiencias de infraestructura, equipamiento y personal.
El cobro de servicios por falta de insumos médicos, medicamentos, material médico-quirúrgico y alimentación para los pacientes.
Los conflictos y huelgas laborales por incumplimientos de pagos, que llevaron a suspender servicios y limitar la atención de emergencias.
La indebida planificación de trabajos de reubicación, remodelación y acondicionamiento de centros asistenciales.
Otro de los aspectos señalados era la desarticulación y fragmentación de las redes hospitalarias y ambulatoria en el país, por una parte, la infraestructura del antiguo Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS) y el Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) presentaban un creciente déficit de recursos. Por el otro, el aumento de una red privada de prestación de salud producto de la incapacidad gubernamental de cubrir completamente los costos del servicio.
En 1998, por vía de Ley Habilitante, se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSI) que cristalizó la «tendencia a la privatización». En el mencionado marco legal se establecía un trato discriminatorio entre los contribuyentes y no contribuyentes, este sistema semi-privado establecía «la atención en salud dependía de las cotizaciones y riesgos cubiertos por las pólizas contratadas a una red externa de agencias». En cambio, para aquellos que no tenían esa capacidad la prestación del servicio quedaba sujeta a los recursos fiscales y voluntarios de las administraciones de salud.
Esas administraciones de salud, que a partir del 1995, fueron transferidas a los gobiernos regionales dentro del proceso de fortalecimiento del modelo federal para mejorar la calidad del servicio, pero, la entrega tardía o incompleta de recursos afecto la cobertura del sistema de salud nacional. Además, impulsó la modalidad de solicitar aportes a los usuarios y usuarias para poder recibir atención o la creación de asociaciones intra-hospitalarias para la recaudación de fondos. En el análisis de la década en materia del derecho, se afirmaba «mientras que el gasto público en salud se debilitaba, crecía inevitablemente el gasto privado. En estos años la proporción del gasto en salud de los hogares cubierto con sus propios ingresos, llegó a alcanzar el 70%.»
La situación del Derecho a la Salud para 1998 se presentaba crítica, en primer lugar, por la intención del Estado de convertirse en un ofertante más en el mercado de la salud, en segundo lugar, por la reducción de inversión en el sector. También, habría que destacar, lo desordenado del proceso de descentralización, un factor que favoreció el uso ineficiente de los escasos recursos asignados.
Con el resultado de la contienda electoral del 98, se originó una gran expectativa sobre la aplicación de políticas públicas en materia de salud para revertir la tendencia observada durante el gobierno de Caldera II. Para el próximo artículo abordaremos el período 99-2000 al 2003-04.
