Agregó que se reunirá con el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel, y el Superintendente de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez, para tratar el tema de las clínicas privadas y diseñar una estrategia conjunta en un problema al que calificó de Estado.
“El Presidente del Indepabis anunció que tiene 5.017 denuncias, pero para que se tramiten a escala penal deben ser enviadas al Ministerio Público (MP) porque si los hechos denunciados revisten ese carácter debe abrirse una investigación de este tipo”, indicó Ortega Díaz.
En ese sentido, pidió que todas esas denuncias sean remitidas al MP, pues de las que fueron presentadas en un programa de televisión, la Institución sólo tenía conocimiento de la del pelotero Oscar Gregorio Azócar.
Recordó que ante la gravedad de la situación generada con centros privados de salud que se niegan a atender a aquellos pacientes en virtud que la compañía aseguradora no les ha dado luz verde para su ingreso, se conformó un equipo especial integrado por la directora de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del MP, Rocío Gásperi; los fiscales 48° y 84° nacional, Zair Mundaraín y Yurima Gil, respectivamente; y el fiscal 5° ante la Sala Constitucional y Casación del Tribunal Supremo de Justicia, Tutankamen Hernández.
Tales funcionarios contarán con el apoyo de los expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del MP.
De igual manera, puntualizó que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. “Es decir, la salud está considerada un derecho humano fundamental, es irrenunciable, y, por lo tanto, no se puede comercializar”, indicó.
También se refirió a lo contemplado en el artículo 40 de la Ley de la Actividad Aseguradora: “Queda prohibido a las empresas de seguros y las de reaseguros negarse a otorgar la cobertura inmediata en casos de emergencia prevista en el contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, condicionándola a la emisión de claves o autorizaciones de acceso”, recalcó la Fiscal General.
En vista de esa normativa ineludible, Ortega Díaz instó a las clínicas y a las empresas aseguradoras a ponerse de acuerdo y establecer un mecanismo expedito que permita a la persona que va a acudir a un centro de salud la atención inmediata y oportuna, y después que al paciente se le presten los primeros auxilios, paralelamente se resuelvan los trámites administrativos.
Advirtió que no se trata de atropellar a quienes tienen clínicas privadas o trabajan en dichos centros de salud, sólo que la ley establece que cuando el paciente se vea afectado por cualquier trámite, los responsables podrán ser imputados por los delitos de homicidio culposo, lesiones personales, omisión de socorro o violencia obstétrica, incluso.
Por eso, calificó de trascendental la reunión prevista para el próximo lunes 20 de junio con la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader; el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rottondaro; el presidente del Indepabis, de la actividad aseguradora, y a la que se invitó a diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Igualmente, la Fiscal General espera que a dicha reunión acudan, o se conformen, los comités de usuarios de los centros privados de salud, puesto que cualquier persona puede tener necesidad de acudir a una clínica en algún momento.
Ortega Díaz espera que se tomen medidas, no sólo desde el punto de vista de la prevención, sino que también se analice la estructura de costos de unas clínicas que cobran por el suministro de un control remoto de televisión, una pastilla, o un acompañante del paciente, unos precios exagerados.
La máxima autoridad del MP reconoció que las clínicas tienen derecho a obtener beneficios económicos, pero no a costa de atentar contra el derecho humano a la salud que, repitió, no se puede comercializar.
En todo caso, ordenó que a partir de este viernes se publiquen en la prensa los teléfonos y direcciones de todas las Fiscalías Superiores y de las Unidades de Atención a la Víctima del Ministerio Público, la elaboración de dípticos informativos y la colocación de etiquetas en los centros privados de salud, para que los usuarios y pacientes tengan conocimiento de dónde acudir o llamar, en caso que se les niegue la atención primaria en una clínica, pues está consciente que para un enfermo, una hora de espera puede significar la diferencia entre vivir o morir.
Asimismo, se mostró sorprendida por el número de llamadas que ya se han recibido con denuncias al 0800FISCA-00 (08003472200).Mp;17.06.2011
