La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, destacó que el sector privado de la salud debe garantizar la atención del servicio médico de emergencia a toda persona, sin esperar por claves de emergencia o cualquier subterfugio de carácter administrativo.
Ratificó que la salud es un derecho constitucional y un servicio público que no debe ser negado por ninguna empresa privada de este sector. «Una persona que llegue a un centro de salud con la necesidad de ser atendida de manera urgente debe recibir el servicio de salud», exclamó.
Las declaraciones las ofreció este martes 02.11.10 en la Asamblea Nacional, tras la firma de un convenio insterinstitucional entre la Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para establecer una sala situacional destinada a recibir y atender denuncias sobre los incumplimientos con la Ley.
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expresó que este convenio interinstitucional permitirá ser más eficiente en la aplicación de la normativa vigente en materia de la actividad aseguradora.
«Para que no dejemos ningún resquicio como Estado y evitatemos que se pierda la vida de de quien requiera atención médica de emergencia», exclamó.
