César Gómez (nombre ficticio porque prefirió mantener el anonimato) es un profesional en su área. Vive en Los Teques y este año aplicó para varios trabajos en Caracas con la finalidad de conseguir algún puesto cuyo salario le permitiera estar un poco más cómodo. Finalmente lo logró en el Hotel Alba Caracas de la red pública, Venetur. Sin embargo, al poco tiempo, fue obligado a retirarse ¿La razón?, según denuncia él, es por su condición: VIH positivo.

Luego de presentarse a la entrevista laboral y aprobarla satisfactoriamente, César empezó a trabajar en el hotel e incluso su actitud fue reconocida favorablemente por sus jefes. Le ofrecieron hasta una habitación para quedarse en la capital. A las pocas semanas de haber ingresado, le solicitaron que se realizara un examen de sangre para evaluar su salud y aunque legalmente no se permite que las empresas pidan examen de VIH como requerimiento para el ingreso, él ya se temía lo peor porque conocía su padecimiento.

En diciembre de 2014 en Venezuela entró en vigencia la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, con el objeto de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación; prohibir y sancionar actos y conductas de discriminación; y restituir el goce y ejercicio de los derechos de las personas con esa condición y sus allegados cuando hayan sido vulnerados o afectados.

El artículo 24 de dicha norma establece que está prohibido exigir o practicar exámenes diagnósticos de VIH y que además “no podrá considerarse la condición de una persona con VIH como impedimento para contratar ni como causal para la terminación de la relación laboral”.

Pero esta práctica se replica en varias empresas, según indica Francisco Montero, abogado de la ONG Acción Solidaria (Acsol). En el Alba Caracas nunca le comentaron a César que el examen de sangre era para ese diagnóstico, pero cuando llegaron los resultados lo citaron aparte y le dijeron que debía poner su cargo a la orden.

“La persona fue respetuosa. No sabía cómo darme la noticia y yo me le adelanté. Sabía lo que iba a decirme y luego ella me indicó que evaluarían la situación”, comentó con pesar. Aguantándose las lágrimas, César aceptó su salida y en seguida se movió porque no podía darse el lujo de perder su trabajo. Entonces, pidió ayuda en Acsol, donde le dijeron que efectivamente se encontraba frente a la violación de sus derechos laborales y que había una Ley que velaba por su bienestar.

Uno de los puntos que están incluidos allí (Art. 39) es la exclusión de la representación legal por parte de ONGs y otro tipo de organizaciones, dejándole la responsabilidad únicamente a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, a las mismas personas con VIH y a sus familiares. Eso quiere decir que cuando Francisco Martínez, como abogado de la organización, tomó el caso, solo pudo asesorarlo para que fuera al ente correspondiente: la Defensoría del Pueblo.

Al asistir por primera vez, un funcionario le indicó que su denuncia no procedía. “Váyase al ministerio del trabajo”, le dijo Felipe González, quien ni siquiera redactó un informe. Sin embargo, Martínez advierte que la ley establece que ese es el ente encargado de llevar los casos de discriminación de personas con VIH.
“Una de las disposiciones es que la Defensoría se encargaría, por el lapso de un año, de acompañar al proceso de adecuación de las empresas sobre la ley y de crear los mecanismos para que éstas se acoplen”, comenta el abogado, e informa que desde la institución pública han convocado a distintos foros y actividades para promocionar la nueva legislación. De hecho, Acción Solidaria ha reconocido el trabajo. Sin embargo, Martínez es claro: no ha sido suficiente, indica.
Desde la aprobación de la ley, Acsol ha recibido 29 denuncias por violación del derecho al trabajo de personas con VIH y 4 de ellas de empresas públicas. “Cerca de un 95% de todos los denunciantes prefieren no continuar con los procesos ni realizar acciones por dos razones: la estigmatización, tiene miedo de que los vayan a discriminar de nuevo, y después por que creen que si ejercen acciones contra las empresas, saldrán perdiendo, podrían criminalizarlos y esto podría ser peor cuando vayan a buscar un nuevo trabajo”, dice el especialista.
De todos los casos que reportaron hasta el momento, solo tres se animaron a continuar las acciones y dos de ellos lograron negociar directamente con las empresas. El tercero es la denuncia de César que sigue abierta. “Fui una segunda oportunidad a la Defensoría, donde la Directora General me reiteró que no estaban en competencia de procesar la denuncia“, añade González.
Martínez precisa que el número de denuncias no es siquiera simbólico. Existe un margen muy por encima de acciones de discriminación pero las personas, ya sea por desconocimiento o miedo, prefieren callar. Es allí donde radica la importancia las labores de las ONGs y de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la promoción de la ley.

Empresas privadas en líos
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), es otra asociación civil que busca promover y condenar la discriminación de personas con VIH y este año uno de los casos más emblemáticos que llevó fue el de Cecilio Pérez (nombre ficticio porque prefirió mantener el anonimato), un ingeniero que fue despedido luego de que sus empleadores conocieran su condición.< El 27 de agosto de 2014, sin darle razón alguna el gerente de ingeniería Gustavo Araujo y el supervisor Pedro Giménez de la empresa Inversiones Curimagua C.A. (Grupo Fernández) fueron a la obra en la que laboraba Pérez y le informan de su despido. Meses antes, mediante la realización de los exámenes preoperatorios a los que tuvo acceso personal de la empresa, él había sido diagnosticado VIH positivo. Esta coincidencia hizo pensar al ingeniero que el conocimiento de su condición influyó en la decisión de sus superiores. El hombre, de 41 años, padre de dos hijos menores de edad a los que mantiene, pidió a la Defensoría Delegada del estado Carabobo, asistencia jurídica en agosto de este 2015 en relación con su caso, pero hasta el momento no ha recibido.
Nieves relata que son muchos los afectados y coincide con Francisco Martínez en aclarar que el universo de denuncias es corto por los miedos que están vinculados a la estigmatización. El desconocimiento de la norma por parte de las instiuciones públicas que deberían manejarla, preocupa a ambos expertos en la materia, quienes señalan que lo que allí se establece bien representa un avance en cuanto a los derechos de las personas con VIH, pero la no aplicación de la norma, lo frena. (María Laura Chang, Efecto Cocuyo)