Lucía Martínez proviene de Maracay, Aragua, y Magalis Perdomo de Cabimas, Zulia. Las dos mujeres, de 52 y 47 años de edad, sufren de cáncer de seno y forman parte de los miles de pacientes que peregrinan por el país cada año para recibir tratamiento de radioterapia.
La primera comenzó en octubre los trámites en el hospital Padre Machado de Caracas y recibió las primeras radiaciones al cabo de siete meses. La segunda aún espera por la cita en la institución, que es una de las pocas de la capital donde funcionan los aparatos para tratar la enfermedad.
Las opciones de atención estatal para ellas y miles de pacientes están limitadas por una razón de peso.
El contrato de mantenimiento preventivo de los principales equipos de 19 centros públicos de radioterapia en Venezuela se encuentra vencido.
El Ministerio de Salud no ha firmado otro acuerdo para garantizar las condiciones ideales de funcionamiento de las máquinas de tratamiento para el cáncer en 15 estados, a pesar de que en las últimas negociaciones con la compañía estatal argentina Invap, empresa que vendió los aparatos en 2004, propuso el 1º de agosto como fecha para la rúbrica de un nuevo documento.
Invap es el proveedor principal de los equipos que el Gobierno compró hace nueve años a través del convenio multilateral Venezuela-Argentina, en el que la multinacional Phillips –filial Buenos Aires– actuó como vendedora.
La lista de medio centenar de aparatos clave incluye aceleradores lineales y unidades de cobalto (que emiten radiaciones para eliminar células malignas del cuerpo), braquiterapias (que hacen el mismo trabajo en zonas del organismo donde se requiere aún mayor precisión) y simuladores universales (útiles para planificar las sesiones).
Durante cinco años la dotación estuvo protegida por cláusulas para el mantenimiento preventivo, el cual se aplica según una planificación que evita el deterioro precoz de las máquinas.
Sin embargo, entre marzo de 2011 y marzo de 2012 las garantías caducaron progresivamente y ello se ha convertido en una de las razones de las fallas de radioterapia, asunto que fue revelado por El Nacional en una investigación publicada en septiembre de 2012.
Estudios posteriores realizados por la Asamblea Nacional, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la UCV y los gremios presentan varios cálculos, según los cuales entre la cuarta parte y la mitad de los aparatos están inoperativos o dañados.
Carlos Walter, ex ministro de Salud y quien dirigió a investigadores del Cendes, indica que la falta de mantenimiento preventivo tiene un costo: “Ha causado el deterioro de los aparatos y el estado de inoperatividad en que se encuentra la mayoría. Es un cuadro responsable de la interrupción o falta de inicio oportuno de tratamiento radioterapéutico, lo que afecta a la gente”.
Fuentes oficiales y privadas hicieron un repaso del proceso de negociaciones.
Invap –que es representada en el país por la empresa Meditron– presentó el año pasado propuestas de renovación del contrato a la entonces ministra Eugenia Sader, sin que se materializara la firma.
Las conversaciones se congelaron y se retomaron con la llegada de Isabel Iturria como nueva titular del Ministerio de Salud.
En abril la funcionaria convocó a una reunión con la empresa Invap, en la cual también se trataron otros dos asuntos con incidencia negativa para los centros de radioterapia: la mala calidad del suministro eléctrico de los hospitales (debido a las fallas del sistema eléctrico nacional) y del equipamiento de aire acondicionado.
Ambas situaciones originan constantes problemas en los equipos que, a largo plazo, también los paralizan.
La compañía sugirió –según reportan los informantes– incluir en la nueva contratación obras para las mejoras de los sistemas eléctricos y de las equipos de refrigeración.
El Gobierno propuso a la empresa argentina crear una firma binacional para trabajar esos temas. A finales de mayo, el Invap rechazó la oferta, pero le dio a Meditron carta blanca para que asumiera la sociedad con el Ejecutivo nacional. La corporación venezolana también se negó, según las fuentes consultadas para este trabajo.
A mediados de julio Invap entregó al Gobierno una nueva propuesta de contrato de mantenimiento, que difiere del primero en su plazo de vigencia: sería de 2 años y medio (hasta el 31 diciembre 2015) y con un lapso de 3 meses posterior a su vencimiento para renegociar los términos, tiempo durante el cual el servicio continuará.
El costo sería de 90 millones de dólares e incluiría los trabajos de protección para el suministro eléctrico y el aire acondicionado. Las cláusulas de mantenimiento protegerían desde agosto 6 hospitales: Central (Maracay), Pérez Carreño (Valencia), Universitario (Maracaibo), Van Grieken (Coro), Universitario (Caracas) y Luis Razetti (Caracas).
A finales de julio, funcionarios del ministerio se encontraban esperanzados en que el acuerdo se firmaría. Sin embargo, hasta el viernes -fecha de elaboración de este trabajo- el documento no había sido rubricado y no se conocían las alternativas.
Antonio Orlando, presidente de Meditron, se limitó a informar que ese era el estatus del asunto: «Todavía no ha habido firma».
El ex ministro Walter señala que es necesaria la modificación del contrato para que tenga periodicidad anual con plazos prorrogables y para que su financiamiento se incluya en la Ley de Presupuesto y se permita que la Asamblea Nacional realice acciones contraloras. (Fabiola Zerpa, El Nacional, 19.08.13)
