Son casi 9 años los que han transcurrido desde que las personas afectadas por el accidente ocurrido en “La Ovallera”, introdujeran una demanda ante la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia reclamando la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados presuntamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como consecuencia de la intoxicación química ocurrida el 20 de marzo de 1993, en el Hospital Dr. José Antonio Vargas, ubicado en el Municipio Palo Negro del Estado Aragua.
Después de un largo proceso de casi 5 años, en fecha 21 de julio de 2009, la Sala dictó una sentencia declarando “parcialmente con lugar” la demanda y reconociendo la responsabilidad del IVSSS, organismo que tendría que pagar el daño moral ocasionado a las ctimas demandantes y cumplir con la obligación de brindar atención y asistencia médica prioritaria a estas personas, especialmente con respecto a los padecimientos vinculados con el daño generado con ocasión de la intoxicación. Esta decisión dejó por fuera otros aspectos importantes de la reparación moral del daño y el establecimiento de garantías para que no se repitan las dilaciones en la determinación del carácter de afectado que puedan tener futuras víctimas de situaciones como la acaecida en “La Ovallera”, como por ejemplo la creación laboratorios de toxicología capaces de procesar muestras biológicas de personas afectadas por accidentes de intoxicación química.
No pasó más de un año, cuando la Sala Constitucional decidió revisar esa sentencia y además de declarar su nulidad, repuso el juicio al estado de notificar nuevamente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El error de citación del IVSS, ocurrido en una fase inicial del proceso judicial, fue el fundamento para examinar el pronunciamiento. Sin embargo, la decisión terminó violando el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial.
En la primera semana de junio del presente año, es decir casi 3 años después de la reposición del juicio, se llevará a cabo la audiencia preliminar. Allí, cada una de las partes podrá exponer sus argumentos de forma oral a los fines de que el juez pueda fijar con precisión los hechos controvertidos. En esta oportunidad Provea y las víctimas propondrán su voluntad de llegar a un acuerdo amistoso que reivindique los derechos de las víctimas que por tantos años han sido vulnerados.
El 20 de marzo de este año, se cumplieron 2 décadas de aquel accidente tóxico intrahospitalario de carácter colectivo, en las instalaciones del Hospital “José Antonio Vargas”. Este accidente provocó la intoxicación masiva de pacientes hospitalizados, y gran parte del personal médico, técnico y obrero que laboraban ese día en el hospital. Son muchos los años de lucha que tienen las víctimas intentando alcanzar la reivindicación de sus derechos. Entre avances y retrocesos, la realidad es que hoy por hoy la mayoría de las personas afectadas no ha logrado la reparación justa al daño sufrido y muchas de ellas se encuentran en estados delicados de salud. Esperamos que junio de 2013 sea una oportunidad para la justicia en este caso.
