Este jueves 10.10.13, un nutrido grupo de activistas, médicos y organizaciones de derechos humanos, se reunieron frente a la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas, para solicitar a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, la apertura de una investigación a la ex Ministra de Salud Eugenia Sader y a la actual titular Isabel Iturria, por la situación que atraviesan los equipos de radioterapia y los servicios oncológicos en el país.
Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela y ex ministro de salud, dijo que la iniciativa fue producto de la preocupación expresada por distintos actores que defienden el derecho a la salud en el país, ante lo que han calificado como una grave crisis en la atención a pacientes con cáncer. «Ante la existencia de un conjunto de servicios prácticamente paralizados, tomamos la iniciativa de entregar esta solicitud a la Fiscalía General», expresó Walter.
En julio del presente año, la Sociedad Venezolana de Oncología denunció que entre el 60% y 70% de los pacientes con cáncer en el país, no estaban recibiendo el tratamiento de radioterapia, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y a la escasez de personal para operarlos. En el segundo semestre de 2013, la situación se ha agravado debido al colapso de la mayoría de equipos de radioterapia, y la imposibilidad de los pacientes más pobres de acudir a centros de salud privados para recibir el tratamiento.
También este año, el CENDES junto al Observatorio Venezolano de la Salud, hizo pública una investigación en la que se constató que 18 de los 26 equipos de radioterapia instalados en hospitales públicos se encuentran dañados.
En la actividad se hizo entrega de una comunicación a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, solicitándole realizar las acciones necesarias para establecer si, por acción u omisión, las conductas de la actual titular del Ministerio Popular para la Salud, Isabel Iturria y la anterior, Eugenia Sader, han sido la causa de que los equipos de radioterapia y medicina nuclear instalados en los servicios oncológicos de la Red Pública Nacional de Oncología no estén bajo “un programa de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas y reparaciones en correspondencia con las recomendaciones del fabricante.»
La comunicación señala que esta situación ha contribuido a menoscabar el libre y efectivo disfrute del derecho a la salud de los pacientes oncológicos, conforme al espíritu, propósito y razón de lo establecido en la Constitución Nacional, los tratados, acuerdos y convenios internacionales, válidamente suscritos y ratificados por la República, y en la normativa vigente en materia de salud.
Dinorah Figuera, diputada de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, dijo que debe investigarse el convenio realizado entre Venezuela y Argentina para la dotación de equipos de radioterapia, toda vez que en el contrato se omitió la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.
Los peticionarios instaron a la Fiscal General a inspeccionar los diferentes servicios oncológicos de la Red Pública Nacional Oncológica (RPNO), a fin de realizar un diagnóstico de la magnitud de las violaciones del derecho a la salud y a la vida de los pacientes que dejaron de recibir tratamiento oportuno a raíz de las situaciones descritas en la carta sometida a su consideración.
«La Fiscal General debe iniciar una investigación de urgencia sobre esta situación que se está presentando en todo el país. La gran mayoría de los equipos de radioterapia se encuentran dañados, aquí lo que está en juego es la vida de miles de niños, mujeres y hombres», puntualizó Marino Alvarado, Coordinador General de Provea.
Finalmente se exhortó públicamente al Consejo Moral Republicano y muy especialmente, a la Defensoría del Pueblo para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, que resultaren responsables de la violación o menoscabo del derecho a la salud de los pacientes con cáncer, como consecuencia del funcionamiento inadecuado de los servicios oncológicos de la Red Pública Nacional Oncológica.
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