El día de hoy (07.08.2014) fue divulgado el informe elaborado por AVEDEM. (Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos) sobre el inventario de insumos, equipos médicos, odontológicos y de laboratorio clínico a nivel nacional, actualizado (7 de agosto de 2014).
El análisis de este importante y detallado documento, obliga a hacer algunas consideraciones sobre el problema y sus consecuencia sobre la calidad de los actos médicos y la salud de la población:
1. La situación de crítica escasez de insumos, equipos y otros materiales para la salud, conocida y notificada en mayo de 2014 por AVEDEM, a altos funcionarios del Gobierno Nacional, no fue solucionada y se ha agravado, hasta el punto de haberse agotado las reservas nacionales de muchos de ellos, lo que impide realizar la mayoría de los procedimientos diagnósticos y de tratamiento, esenciales para mantener o rescatar la vida de muchos pacientes graves.
2. Inexplicablemente, los nudos críticos de gestión y administración, previamente identificados y advertidos al Gobierno Nacional, tales como: Retraso en la liquidación de divisas previamente aprobadas, falta de aprobación de divisas suficientes para nuevas importaciones, indispensables para atender la demanada de servicios médicos esenciales de la población, (solo se aprobaron en 2014 la octava parte de las solicitudes aprobadas hace 3 años) a ello se sumó la No aprobación de los certificados de no producción nacional (CNP) y tampoco las numerosas licencias de importación requeridas, así mismo, no fueron renovados por el MPPS cientos de registros sanitarios; requerimientos estos, que entraban el proceso de importación e impiden garantizar la existencia oportuna de todos estos equipos y productos. En consecuencia, los problemas de escasez identificados desde hace meses, se hicieron críticos, hasta la inexistencia o falta absoluta de productos y constituyen una barrera al acceso de los servicios, mientras que los funcionarios del Gobierno Nacional, a quienes compete tomar decisiones oportunas, mantuvieron hasta ahora silencio y una actitud omisiva inexcusable ante las solicitudes urgentes y debidamente motivadas que les fueron presentadas.
3. La situación de insolvencia y el incumplimiento de los compromisos de pago con los proveedores de equipos del exterior, al no liquidarse las divisas previamente autorizadas, para el pago de los productos y equipos importados, cierra la posibilidad de crédito para nuevas importaciones y aún en el supuesto de solventar las deudas, las nuevas importaciones se retrasarán en promedio 90 días, por el período de vacaciones en los países productores y los despachos requeridos no podrán efectuarse sino tardíamente.
4. La omisión de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional a los problemas identificados desde hace meses, nos conduce irremediablemente y de inmediato a una CRISIS HUMANITARIA DE LA SALUD, como advertimos públicamente el 6 de enero de este año, con graves e impredecibles consecuencias para la salud y la vida de las personas. Por tratarse de un asunto del más elevado interés público, debe ser conocido y atendido con urgencia por los órganos del Estado, quienes deben realizar las acciones y diligencias necesarias para el amparo, protección y disfrute efectivo del derecho a la salud y a la vida, en tanto derechos humanos inalienables de todas las personas, a fin de subsanar con urgencia las causas de la falta de insumos, productos y equipos para la salud y mitigar sus consecuencias, así mismo, instamos al Consejo Moral Republicano y muy especialmente, a la Fiscal General de la República, a intentar las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios presuntamente responsables de la violación o menoscabo del derecho a la salud y la vida, por la falta absoluta de los antes mencionados insumos, productos y equipos.
5. La restricción extrema y la inexistencia de recursos para la salud provocará inevitables dilemas éticos para la distribución y asignación de recursos y para preservar los estándares de calidad de los actos médicos. En consecuencia, las organizaciones profesionales, debemos cumplir con la obligación de informar y orientar a la población y a los agremiados, en el uso racional de los escasos recursos para atender las situaciones que demanden mayor emergencia o riesgo para la vida de las personas y diferir las menos urgentes mientras dure esta emergencia, guiados por los principios de justicia, universalidad, equidad, solidaridad, proporcionalidad, oportunidad, beneficencia, no maleficencia y autonomía. A la vez, ratificamos nuestra voluntad de divulgar y aplicar en esta situación extraordinaria y de fuerza mayor, medidas que proporcionen el mayor beneficio, generen el menor sufrimiento y ofrezcan las mejores condiciones para el ejercicio del derecho a la salud y la vida.
José Félix Oletta L
Carlos Walter V
Ángel Rafael Orihuela
Ana C. Carvajal
Oswaldo Godoy
Saúl O. Peña
Andrés Barreto
