Después de 17 años de lucha por conseguir que el Instituto de Seguros Sociales (IVSS) asuma las responsabilidades por la intoxicación de 350 personas en el Hospital de la Ovallera, ocurrida el 20.03.93, el caso presenta un estancamiento, tanto el ente responsable del seguro social y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) no asumen de forma decidida la resolución del caso.
Una de las afectadas, Glenys Pérez expresó «INPSASEL tiene cinco años dándonos pelota, de un lado a otro, con el bendito baremo, con el informe que no lo pueden dar, que lo que se ha hecho no sirve, que la nueva junta que tiene INPSASEL va a finiquitar esto, que ella está trabajando de la mano con el Seguro Social, pero siempre vamos a las reuniones, cada tres o dos semanas, y siempre nos dicen los mismo estamos trabajando, estamos avanzando, pero nosotros no tenemos el informe, ni nada».
Las afectadas afirmaron que hasta que INPSASEL no entregué el informe al IVSS, este último no podrá dar las indemnizaciones que les corresponden.
Sobre este asunto, Pérez mostró su indignación «¿Por qué yo tengo que seguir esperando que nazca una nueva institución, que apenas tiene cinco y este es un problema que tiene 17, y que el IVSS está reconociendo desde el 2000 ¿Por qué yo tengo que esperar que otra institución determine mi grado de incapacidad, después que yo tengo 10 años de incapacidad? (…) Ese tecnicismo, esa burocracia yo no lo entiendo y nadie me la sabe explicar». Por lo cual, concluyó «la misma respuesta que nos daba la IV república la ha dado esta»
Por su parte, Maritza Medina manifestó «No sentimos violadas por todos lados, tanto por el Seguro como por INPSASEL, nos han violentado como les da la gana y cada día nos pisotean más y nos insultan más. Nadie tiene la voluntad de solucionar, ni de arreglar este caso».
El último episodio ocurrió al momento que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aceptó un recurso de reconsideración que colocó al caso, prácticamente, a empezar de cero. Al respecto, Pérez agrega «La última cochinada nos la hizo el Tribunal Supremo, que por un tecnicismo nos volvió el caso a su forma original, para atrás, después que ya había dictado una sentencia».
Medina, Pérez, Elba Betancourt y Gloria Balza, la afectadas que acudieron a Provea, tienen claro que el camino que queda es la lucha, seguir luchando para lograr que la justicia se presente a los afectados por aquellos gases tóxicos que respiraron en 1993.
Prensa Provea, 09.09.10
el 20 de marzo de este mes se cumplen 18 años de esta desgracia que afecto y afecta a un gran numero de trabajadores de este hospital, la negligencia de las autoridades nos esta matando, sugiero tomar el hospital pacificamente este 18, para ver si de esta forma alguna autoridad nos escucha, hasta cuando tanta desidia por parte del estado