El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad alertó sobre las señales que ha dado el gobierno en cuanto a la posible indisponibilidad de recursos para pagar las pensiones de tres millones de beneficiarios del Seguro Social.
Los representantes del comité, Edgar Silva y Freddy Guzmán, temen que haya problemas en la cancelación de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales porque el Fisco provee los recursos vía presupuesto nacional y funcionarios han declarado que no hay ingresos suficientes por la baja de los precios internacionales del petróleo.
“Ya hay señales de esta situación cuando el Ejecutivo alega que no tiene dinero para respaldar el pago del bono de alimentación, medicinas y recreación para los pensionados”, indicó Silva. Otro indicio es la drástica reducción de la incorporación de nuevos pensionados, agregó.
El dirigente social recordó que el presidente Nicolás Maduro anunció a comienzos de 2015 que ese año se sumarían otros 300.000 pensionados. Sin embargo, ese número llegó a 100.000, según la publicación de dos listas de 50.000 beneficiarios, cada una, y no todos han recibido el primer pago.
Silva señaló que ante la merma de los recursos, el gobierno ordenó a los jefes regionales del IVSS profundizar la fiscalización y cobro de la alícuota de las cotizaciones semanales que las empresas aportan para la seguridad social de sus trabajadores activos.
El comité planteó a la Asamblea Nacional y al gobierno que se pongan de acuerdo para crear de una vez por todas un fondo de la seguridad social independiente, con recursos provenientes del Estado, los empleadores y los trabajadores.
Guzmán refirió que “el capital semilla del fondo puede provenir de parte del dinero repatriado de cuentas de divisas en el exterior de personeros inescrupulosos que sustrajeron fondos públicos pertenecientes a todos los venezolanos”.
Destacó que el mecanismo no puede ser administrado exclusivamente por el gobierno, pues hasta ahora ha mostrado una alta discrecionalidad y manejo electoral en materia de seguridad social. Asimismo, el fondo debe ser objeto de una contraloría social de todos los organismos públicos y privados involucrados para evitar que los recursos sean desviados.
Silva precisó que 700.000 adultos mayores, que no cotizaron al Seguro Social, tienen pendiente la asignación de sus pensiones dentro de la Misión Hogares de la Patria, sustituta de la de Amor Mayor, que en la práctica es manejada por el PSUV con fines proselitistas mediante los consejos comunales y comunas. (Ana Díaz, El Nacional)
