Trabajadoras afectadas por intoxicación en el Hospital José Antonio Vargas de La Ovallera, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se concentraron en la sede del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) en Caracas.
Las manifestantes exigieron la entrega de certificados de incapacidad para acceder a las indemnizaciones ordenadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La sentencia establece la compensación de 200 millones de Bolívares por afectado.
En el accidente laboral, ocurrido el 20 de marzo de 1993, resultaron afectadas al menos 300 personas. Se presume que las sustancias empleadas para limpiar los equipos de ventilación se fusionaron con los productos de mantenimiento del área externa.
Vilma Contreras, afirma que se “enfermaron trabajando, hace 17 años, y en este tiempo han recibido malos tratos y vejaciones por parte de cada uno de los funcionarios ministeriales a los que se han acercado”. Este martes no fue la excepción, representantes de Inpsasel les informaron que “deben esperar un poco más de tiempo porque la nueva jefa de la institución está conociendo su caso”.
Mientras que el Estado elude sus responsabilidades, el desgaste físico y mental de este grupo de mujeres se hace evidente, cada una “tiene que cubrir sus propios gastos médicos, ya que el Seguro no les da ni una aspirina” expresó Carmen Aray.
Las trabajadoras recuerdan que hace unos años, algunos candidatos a la Asamblea Nacional, como Carlos Escarrá, las acompañaron, pero luego que ganaron se olvidaron de ellas. Esperan que en este momento el gobierno no les siga dando la espalda y resuelva su situación, que depende de un simple trámite administrativo y burocrático.
