Con información de LaGuarura.Net
Indígenas Wayuú en el Municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia denuncian que más de 30 funcionarios de Polimachiques, Guardia Nacional y Policia Nacional, realizaron un desalojo violento contra la comunidad campesina Wayúu de Santa Inés, Km 70 sector Río Negro, para ejecutar una medida cautelar dictada por el tribunal Agrario del Zulia representado por el Juez Castillo Soto, quien estuvo al frente de esta acción, de acuerdo a lo que aseguran los denunciantes.
Provea conversó con Janeth Fernández, representante de esta comunidad, quien informó que es la segunda vez en esta semana que se presenta esta situación. Fernández informó que el pasado miércoles se presentaron funcionarios de Polimachiques y agredieron a los miembros de las 60 familias que ocupan actualmente el terreno, «nos quemaron los ranchos y golpearon a mujeres, niños y hombres, nos quemaron todo», dijo.
En la acción del miércoles resultaron heridos Edecio Fernández de 60 años quien presenta una fractura de cráneo luego de haber sido golpeado presuntamente por funcionarios de Polimachiques y actualmente está siendo trasladado a un centro de salud en la ciudad de Maracaibo y Maidelin López quien recibió varios golpes en la cabeza, ambos son campesinos wayuú, habitantes de esta comunidad. Asimismo, Fernández informó que varios niños fueron golpeados con peinillas por los efectivos policiales.
Los indígenas Wayuú afirman estar protegidos por un amparo constitucional otorgado en junio de este año por el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, señalan que esto fue desconocido por el Juez Agrario Castillo Soto, por los funcionarios del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes del estado y por los efectivos militares y policiales que participaron en la acción conjunta.
Janeth Fernández señaló además que los representantes del Consejo de Derechos del Niño, Niña y el Adolescente que se presentaron en el lugar, les informaron a las madres y familias Wayuú, que están poniendo en riesgo a sus hijos menores de edad al “hacerlos parte del acto ilegal de invadir estas tierras”. Dijo que los Wayuú rechazan tal afirmación, toda vez que recuerdan que una táctica similar fue empleada para criminalizar a los indígenas Yukpa y a Provea.
Desde Provea hemos reiterado en numerosas ocasiones que la ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.
El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad. La disposición transitoria décimo segunda colocaba como plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios. (Prensa Provea, 16.12.13)
