Esta vez parece que al cacique Sabino Romero no se le está tratando con indiferencia, como sí se hizo cuando estuvo vivo y activo en la lucha por la demarcación de las tierras de la etnia yukpa.
La presión nacional e internacional que hay sobre el caso ha obligado al Gobierno a voltear por primera vez a la Sierra de Perijá, tal como indica el coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura, Lusbi Portillo.
A cinco meses de que ocurriera el asesinato del líder indígena, el pasado 3 de marzo, las investigaciones están adelantadas, y supuestamente, ya están identificadas las personas involucradas, sin que se hayan hecho públicos los nombres de los imputados.
Aún no ha comenzado el juicio, pero se espera sea en un mes aproximadamente.
Por ahora se encuentra en una etapa preliminar, pero según Portillo el proceso está rodeado de mucho peligro y poder.
Explica que los testigos han tenido que ser protegidos por serias amenazas de terratenientes y cuerpos policiales y militares del estado Zulia.
«Lo que se rumora fuertemente es que a Sabino lo matan sectores vinculados al grupo GAES y a Polimachique», indica el también profesor universitario.
La esposa de Sabino, Lucía Martínez, y su hijo «Sabinito» ya han rendido declaración, al igual que otro indígena yupka, de acuerdo con Portillo.
Todos ellos se encuentran bajo protección por una orden emitida por el juez encargado del caso a la Policía Nacional Bolivariana.
Cuenta que otro de los testigos, un miembro activo de la Policía de Machiques, fue asesinado junto a su hijo de seis años.
Ganaderos con cómplices
El juicio fue radicado en la ciudad de Caracas, por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, en una decisión adoptada por la magistrada Deyanira Nieves, justamente porque se temía que por el poder que tienen los ganaderos y sicarios hace muy riesgoso que se realizara en Maracaibo.
Además, había muchas presiones hacia los fiscales, amenazados varias veces. De acuerdo con Portillo también los yupkas y campesinos de la comunidad están siendo amedrentados para que no sirvan como declarantes.
Recuerda que cuando estaba el cuerpo de integrantes del Cicpc de Caracas y Maracaibo haciendo las investigaciones los implicados fueron a hacer guarimbas frente a la sede Polimachiques.
Además, dos semanas atrás llevaron hasta la capital del país en dos busetas a gente muy pobre, a la que le pagaron 250 bolívares para que frente al Ministerio de Interior, Justicia y Paz también protestara.
«Nos preocupa bastante que no han salido las boletas de captura a los ganaderos y otros sicarios involucrados», agrega Portillo, al tiempo que señala que la tesis que ha cobrado mayor validez es que seis terranientes pagaron 600 mil bolívares a un grupo de matones para que se deshicieran de Sabino.
Las autoridades nacionales informaron hace semanas que aprehendieron al presunto autor material del homicidio, Ángel Romero Bracho, apodado «Manguera», un agente que trabaja en acciones encubiertas.
Portillo dice que si cuando mataron al padre de Sabino en el año 2009 hubiesen tenido la misma atención que hoy, esta última tragedia no hubiera ocurrido y tampoco hubiesen fallecido los 8 indígenas que el mismo líder vino a defender hasta Caracas.
«Ahora sí investigan porque el caso lo conocen todas las autoridades de derechos humanos a nivel internacional, ya que la hija del fallecido cacique fue a la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, a Ginebra y a la Unión Europea en Bruselas. De hecho el Gobierno está citado en la ONU este mes para responder por la muerte de Sabino».
Tuvo que morirse.
Marino Alvarado, director de Provea, sostiene que a Sabino se le criminalizó no sólo como persona sino como luchador social.
«Siempre estuvo entre dos fuegos: las amenazas constantes de los terratenientes y el hostigamiento del Gobierno», asevera.
Tanto él como el activista de Homo et Natura, LusbiPortillo, afirman que desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, bajo la batuta de Tareck El Aissami, y desde el Ministerio de Pueblos Indígenas, con la gestión de Nicia Maldonado, se hicieron muchos pronunciamientos para que se le aislara.
«No hay ley en la Sierra de Perijá, ni un ganadero está preso. Pero si un yukpa actúa, ahí sí dicen que actuamos como cuatreros.
Dicen mentiras, que Sabino invadió las tierras ¡No! Sabino no está invadiendo, sino recuperando el territorio de los pueblos indígenas ancestrales», exclamó el asesinado líder indígena durante la última visita que hizo a Caracas, en la que se apostó en la plaza Bolívar junto a más de 20 compañeros.
Ahora, el Gobierno reiteradamente lo nombra como héroe en sus discursos.
El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y hasta el presidente de la República, Nicolás Maduro, han aceptado que en la Sierra de Perijá las mafias se han apoderado de grandes extensiones de territorio pertenecientes a la etnia yukpa.
Portillo dice que Pdvsa está haciendo afiches gigantes con su imagen paradisponerlos en las autopistas, uno de ellos ya está colgado a la altura de Parque Central.
Una lucha ancestral
La demarcación de las tierras es una deuda de muy vieja data.
Desde que cobrara vida la nueva Constitución, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas fue parte de las promesas oficiales, pero la disposición transitoria del mismo texto quedó en el olvido.
Allí se establecía que la Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislaría prioritariamente sobre pueblos indígenas, educación y fronteras.
En el 2004, tal como recuerda el activista Lusbi Portillo, se planteó por primera vez que para resolver la lucha entre ganaderos y yupkas había que pagarle a los primeros las bienchechurías de las tierras.
En 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez Frias, durante el programa Aló Presidente número 318, ordenó nuevamente a sus ministros demarcar las tierras en la Sierra de Perijá.
La tarea se llevó a cabo, pero como en su momento lo reclamó Sabino, fue una demarcación «chimba».
El coordinador de Provea, Marino Alvarado, apunta que cuando se establecieron los límites topes de tierras que se le iban a dar a los yukpas no se les terminó de pagar a los hacendados, «de manera que por una incompetencia del Gobierno se dejó un conflicto, y esto contribuyó a crear un clima de tensión en toda la zona de Perijá, que aún se mantiene. Además, a los yupkas les otorgaron tierras que no son cultivables, son terrenos áridos, es decir, desde el punto de vista productivo no servían».
Nuevas promesas.
El 27 de marzo de este año, el canciller Elías Jaua se comprometió con la comunidad yukpa a cancelar en 60 días las bienhechurías de las 25 fincas que conforman su territorio.
Según el activista Lusbi Portillo hace dos semanas comenzaron a cumplir lo prometido. Sostiene que ya se han pagado unas 6 o 7 haciendas, pero apunta que son 40 las existentes.
Precisa que se pagarán primero las que están ocupadas por los indígenas y luego las otras. Además, se está conversando con los campesinos para que se reubiquen en otras tierras, dándoles en algunos casos créditos.
La gobernación y el INTI son los organismos que llevan las conversaciones, la medición de las haciendas y la entrega del dinero. (Keilyn Itriago, Tal Cual, 02.08.13)
