A partir de esta semana se activará una agenda de reuniones con diversos entes del Estado y representantes de la Asamblea Nacional con el objeto de prohibir legalmente los desalojos forzosos que se producen en el país.
De hecho, la Asamblea Nacional promoverá los encuentros para analizar las propuestas entregadas por la Red Metropolitana de Inquilinos, conjuntamente con la Asociación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Avacu).
El primer vicepresidente del Parlamento, diputado Darío Vivas, informó a ANTV que a la reunión serán invitados los representantes de la Fiscalía General de la República, Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ), Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda.
«Vamos a actuar con celeridad para evaluar en conjunto las propuestas consignadas por las bases organizadas. Los desalojos forzosos se han convertido en un drama para unas 500 mil familias en el país», dijo.
Agregó que desde el Parlamento analizarán la posibilidad de emitir un decreto con alcance nacional para evitar esta práctica «que desmembra a las familias y pone en riesgo sus bienes, al trasladarlos a depósitos».
En este sentido, dijo que han recibido denuncias de algunos desalojos que violan algunos ordenamientos legales y decretos emitidos por algunas alcaldías.
La Asamblea Nacional se prepara a realizar la revisión de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y uno de los temas sujetos a revisión es precisamente el de los desalojos de los inquilinos.
Ana María Rodríguez, de la Red Metropolitana de Inquilinos, indicó que unas cinco mil familias de la Gran Caracas han sido desalojadas de las viviendas, al no aceptar el cobro ilegal de mensualidades exorbitantes.
«Por años, miles de familias hemos padecido de una situación injusta. Nos hemos convertido en nómadas, al pasar de un inmueble a otro. En ocasiones, hemos perdido nuestra condición de inquilinos al convertirnos en damnificados, al tener que vivir en galpones», lamentó Rodríguez, según ANTV.
Asimismo, dijo que participarán en la reunión con los organismos del Estado para exponer la situación de miles de venezolanos que son víctimas del cobro exagerado de mensualidades.
Aseguró que la idea no es violentar los derechos de quienes arriendan inmuebles. «Nuestro objetivo es que se establezcan condiciones equilibradas y que se respeten los derechos de ambas partes». (El Universal, 05.07.10, http://www.eluniversal.com/2010/07/05/eco_art_an-trabaja-para-proh_1962548.shtml)
