El presidente Hugo Chávez Frías en sus alocuciones ha reiterado que «la vivienda no es una mercancía» y bajo esa premisa le ha solicitado a la Asamblea Nacional que presente «una propuesta legislativa para solucionar la situación habitacional, muchos venezolanos que tienen toda la vida viviendo en condición de inquilinos, a merced de los arrendadores y sin poder tener la propiedad de donde habitan». La Gobernación del Estado Aragua en línea con el discurso oficial inició las expropiaciones de edificaciones por cobros excesivos de alquileres.
Esta semana, el Consejo Legislativo de la entidad, autorizó al gobernador Rafael Isea a que «realice las expropiaciones que crea conveniente siempre y cuando beneficien a familias aragüeñas de escasos recursos económicos». Por ello fueron declarados de utilidad pública un edificio y una hacienda, y ya se están contemplando más procedimientos similares.
El diputado Crisanto Ortegano, presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Legislativo de Aragua, de acuerdo a reseñas de la prensa regional, considera que «esa situación ha dado pie para iniciar un proceso de evaluación e investigación sobre todos aquellos inmuebles que «negocian» con el alquiler de apartamentos y hasta ahora se contabilizan entre 15 y 20 estructuras».
Los voceros oficiales no detallan cuánto son los cobros excesivos de arrendamiento.
Causa no prevista en la Ley
En 2006 la Alcaldía Metropolitana elaboró un decreto de expropiación bajo el argumento de dar la propiedad a los inquilinos, la medida afectó a 241 edificios, sin embargo, en aquel momento fueron indemnizados solo 12 inmuebles, y ante la falta de recursos, no se siguieron materializando los procesos.
Pero la medida de la Gobernación de Aragua va más allá, debido a que la expropiación se realiza por cobros abusivos de alquileres, lo cual no está contemplado ni en la Ley de Expropiaciones ni en la Ley de Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios, explica el abogado José Vicente Haro.
«La expropiación como tal no se está efectuando por un interés público o social, está beneficiando a un grupo en detrimento de otros. El proceso responde a intereses particulares y no de la colectividad».
Expresa que «se le quita la propiedad a uno para darla a otros. No obstante, la titularidad de los edificios le corresponde al estado Aragua, y queda la duda si los inquilinos efectivamente serán propietarios».
Los beneficiados de los viviendas que han terminado los entes oficiales han recibido títulos de adjudicación y no de propiedad de la unidad.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, indica que la desconfianza aumenta cuando se ejercen acciones como las de la Alcaldía Metropolitana y la Gobernación del estado Aragua.
«Se inician las expropiaciones sin realizar los respectivos juicios y sin indemnizaciones».
Menos inversiones
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, apunta que las medidas que se tomen contra la actividad reducen más la inversión, incrementan la incertidumbre y al final se terminan afectando a las familias que requieren de una vivienda, pero que no cuentan con la capacidad para comprar.
Explica que aquellos que «tengan inmuebles optarán por vender en lugar de alquilar, por lo tanto, la oferta de viviendas para arrendar se restringe».
Con la extensión de las regulaciones son cada vez menos las viviendas que se destinan al alquiler, y según estimaciones de la organización, de cada 100 unidades en oferta, apenas seis se están arrendando.
Ante el cerco creado al sector, los privados ya bajaron el ritmo de culminación de casas.
Revisan desalojos y propiedad
La Asamblea, con el fin de atender la petición presidencial, prepara la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en la cual se incluirán vías para permitir a los inquilinos tener la propiedad de la vivienda y además se cambiarán las causales para los desalojos.
El primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas ha señalado que se están esperando los propuestas del Ejecutivo, la Comisión de Administración y Servicios, la Red de Inquilinos y las organizaciones de usuarios para proceder a redactar la propuesta legal.
El diputado ha adelantado que se analiza modificar el derecho de preferencia para que el mismo no se ejerza cuando el propietario vaya a vender la vivienda, sino que se aplique antes. Eso significa que después de un período el dinero pagado por el alquiler sea usado como una inicial.
En el texto actual existe el derecho de preferencia. Cuando el propietario de un inmueble quiere venderlo, la primera opción le corresponde al inquilino, pero ahora la AN quiere ir más allá.
El parlamentario también ha indicado que «en la reforma se tomará en cuenta que la vivienda es un derecho humano, y por ello se ajustarán las causales de desalojo de los inquilinos».
En la ley vigente los desalojos proceden: cuando los inquilinos han dejado de pagar dos mensualidades, los dueños necesiten las viviendas para sus parientes, los inmuebles son objeto de reparaciones y los inquilinos han causado destrozos
Para Vivas, esas causales tienen que variar y no descarta incluir la prohibición de los desalojos. (Mayela Armas, El Universal, 02.07.10)
