Continuando con las políticas públicas dirigidas a consolidar el Poder Popular, el Gobierno Bolivariano transfirió 126,2 millones de bolívares a las comunidades organizadas de la parroquia Antímano, Caracas, para la construcción de viviendas.
Los recursos fueron recibidos por el Movimiento de Pobladores, luego de recuperar en la citada parroquia un terreno baldío, utilizado por una empresa privada como depósito de bebidas alcohólicas.
Ahora en ese sector recuperado se construirán viviendas bajo la tutela de la misma comunidad organizada, la cual entre sus proyectos habitacionales resalta la obra la nueva comunidad socialista Amatina.
“Lo que queremos es que, ahora, el pueblo sea los amos del valle y no la burguesía, como era antes”, enfatizó.
Chávez recomendó crear empresas constructoras del pueblo, “que pudiéramos hacer empresas mixtas, empresas comunales con empresas del Estado, para adelantar más en el poder constructor, con maquinarias, tecnologías y materiales”, expresó.
Ley de Emergencia de Vivienda
El jefe de Estado notificó que la próxima semana promulgará el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Emergencia de Vivienda y Terrenos Urbanos.
El pasado 8 de enero, el primer mandatario explicó que el instrumento legal tiene como objeto activar mecanismos extraordinarios que serán dirigidos por el Gobierno, en coordinación con el pueblo organizado y la empresa privada, «para enfrentar con éxito y rapidez la grave crisis de vivienda que sufre la población producto del modelo capitalista, explotador y excluyente que se impuso en Venezuela durante los últimos 100 años».
La normativa establecerá áreas de emergencia habitacional, que serán las de alto riesgo, así como también áreas vitales de vivienda y residencia, con la finalidad de recuperar terrenos urbanos ociosos.
Ubicar terrenos abandonados
El presidente Chávez llamó al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez; a la jefa de Gobierno, Jacqueline Faría, y a las comunidades organizadas a ubicar terrenos abandonados que puedan servir para construir viviendas para las personas que resultaron afectados por las lluvias que azotaron al país a finales de 2010, y para el pueblo en general.
También instó a las comunidades populares a buscar terrenos y galpones abandonados o subutilizados, que luego puedan ser utilizados para construir viviendas que dignifiquen al pueblo.
Destacó la necesidad de aplicar medidas más drásticas para proteger terrenos que revistan mayor interés por su ubicación geográfica y que puedan ser usados por inescrupulosos para comprar y vender terrenos.
Prevén aprobar Ley contra el Desalojo Arbitrario
Ana Marina Rodríguez, abogada e integrante del Movimiento de Pobladores, entregó este miércoles al presidente Chávez una propuesta de ley contra el desalojo arbitrario, que, luego de los estudios necesarios, pudiera ser aprobada en dos semanas.
Esta propuesta de ley estará enmarcada en la Habilitante, concedida al Mandatario Nacional para legislar en función de atender a los más de 130 mil afectados por las fuertes lluvias caídas a finales de 2010.
Al recibir la propuesta, el Jefe de Estado dijo: “Esta ley, discutiéndola bien, haciendo los estudios necesarios y consultándola, podemos tenerla lista en dos semanas para promulgarla y ponerla en Gaceta Oficial”, señaló.
Rodríguez explicó que la norma contra el desalojo arbitrario establece la creación de un defensor público en materia arrendaticia, con el objetivo de proteger a los más pobres que no pueden costear los honorarios profesionales de un abogado.
“Se explica cómo se debe hacer un desalojo para que dejen de ser arbitrarios y dejen de arrebatarle a las familias venezolanas el derecho humano a la vivienda”, indicó Rodríguez.
Apuntó también que la normativa aboga porque los inquilinos sean consecuentes y puntuales con el pago de sus viviendas, así como también deben ser cuidadosos con las casas y apartamentos en arriendo.
Prohibido utilizar fuerza pública para el desalojo
El Mandatario Nacional ordenó al ministro de la Defensa, Carlos Mata Figueroa, y al ministro del Interior y Justicia, Tareck El Asaimi, a no permitir que los propietarios utilicen a la fuerza pública para desalojar a los inquilinos.
La decisión fue tomada por el presidente Chávez, luego de escuchar a voceros del Poder Popular quienes denunciaron que unos inquilinos fueron desalojados brutalmente con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional.
“Yo ordeno al Comandante de la Guardia Nacional que de inmediato me busque la información, y además me los presente (a los efectivos militares) en el Palacio de Miraflores, porque les quiero ver la cara a esos guardias nacionales”, indicó.
Dijo que la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional está cumpliendo con sus obligaciones y con las decisiones de los órganos competentes.
“Ahí está una decisión del TSJ. Está prohibido utilizar fuerza pública, ni muchos menos Fuerza Armada, en contra de los débiles jurídicos que son los inquilinos. Eso está prohibido”, ratificó.
El TSJ, por intermedio de su presidenta, Luisa Estela Morales, divulgó recientemente una orden de suspensión de todas las medidas de desalojo que cursan en todos los tribunales ejecutores de medidas judiciales del país.
Nueva Tacagua
El presidente Chávez explicó que los edificios ubicados en Nueva Tacagua es una “mancha” del pasado, por lo que giró instrucciones al vicepresidente para el área política del Gobierno Nacional, Nicolás Maduro, para evaluar la situación y ofrecer una pronta solución.
Chávez, luego de escuchar una solicitud de una habitante de la urbanización Nueva Tacagua, señaló que en esos terrenos han sido objeto de personas inescrupulosas que negocian con la miseria del pueblo.
“Hay que poner mano dura. Allí no se puede vivir. Detrás de eso hay unos negociantes, negocian con la miseria del pueblo. Nueva Tacagua es una mancha que nosotros tenemos que solucionar. Lo hemos arrastrado de los gobiernos del pasado. Tenemos que mirar al presente y solucionar los problemas”, expresó. (AVN;21.01.2011)
