Tras la expropiación de cinco complejos urbanísticos y la ocupación temporal de otros 33, el Gobierno Nacional garantizará la entrega, en un lapso de dos años, más de 10 mil viviendas a sus propietarios, quienes fueron estafados por las constructoras privadas y debieron recibir sus apartamentos en 2005.
Así lo informó el titular del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Richard Canan, quien, en entrevista exclusiva con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), explicó que el Ejecutivo asumió la construcción de estas 10 mil casas que el sector privado dejó inconclusas y vendió en un precio que superaba en 200 y 300% al pactado inicialmente.
“Los desarrollos habitacionales que fueron objeto de las medidas de expropiación y ocupación temporal, a mediados del mes de noviembre de 2010, suman un total de 17 mil viviendas, de las cuales los empresarios sólo alcanzaron construir 6 mil”, señaló.
Canan indicó que de las 6.000 soluciones habitacionales mencionadas, las constructoras apenas entregaron 4.000, mientras que las restantes dejaron de entregarse a sus legítimos dueños con el objeto de incrementar los precios e imponer nuevos contratos.
“Los propietarios de estos urbanismos estaban siendo explotados por los dueños de las constructoras, quienes forzaban a anular el primer contrato de compra-venta de los apartamentos para cobrar el doble de lo acordado en el contrato inicial”, acotó.
Además, señaló que la mayoría de los dueños de estos complejos urbanísticos huyeron del país burlando así la confianza del pueblo venezolano.
Canan destacó que el Estado venezolano ha entregado 750 viviendas en los últimos meses, a precios justos y respetando el contrato inicial de compra-venta de los inmuebles.
Resaltó que mediante la coordinación entre el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y los miembros de las diferentes salas situacionales instaladas en el país, el Gobierno Bolivariano garantizará la culminación y la entrega de los complejos habitacionales restantes.
Canan agregó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) continúa recibiendo denuncias contra inmobiliarias que retrasan la entrega de los apartamentos, realizan el cobro ilegal del IPC y especulan con los precios de venta.
«En este año -2011- los funcionarios del Indepabis continuarán realizando las inspecciones pertinentes a los fines de garantizar que las familias puedan comprar a precios justos sus viviendas, y de acuerdo a lo establecido en el contrato original», acotó.
Las personas que han sido víctimas de estafas por constructoras privadas o alteración fraudulenta de precios o de condiciones de oferta, podrán realizar sus denuncias en los establecimientos del Indepabis ubicados en todo el país o a través del número telefónico 0800 RECLAMA (7325262).
El Ejecutivo Nacional ordenó, a través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.553 del 16 de noviembre de 2010, la adquisición forzosa del Conjunto Residencial Lomas de la Hacienda, en San Diego, estado Carabobo; del Conjunto Residencial El Encantado, en la urbanización Macaracuay, estado Miranda; del Parque Residencial Mata Linda, Charallave-Ocumare del Tuy, estado Miranda; del Conjunto Residencial El Fortín, en Guarenas, estado Miranda; y del Conjunto Residencial San Antonio, en San Felipe, estado Yaracuy.
25.01.11 AVN
