Amadea Rosario perdió su vivienda durante la tragedia del estado Vargas en diciembre de 1999. Luego de quedar damnificada fue trasladada a un refugio ubicado en el Estado Carabobo, donde permaneció aproximadamente cuatro años.
Posteriormente, Rosario acudió a la gobernación del estado a solicitar ayuda para obtener una vivienda, pues las condiciones de vida en el refugio no eran las más adecuadas. Es así como el gobernador -para la época- Luis Felipe Acosta Carles, se comprometió a ayudarla y la reubicó en una vivienda en condición de inquilinato, asumiendo la gobernación el pago del alquiler.
Sin embargo, luego de la salida del gobernador Acosta Carles, la administración regional no continuó efectuando el pago correspondiente a la propietaria de la vivienda, por lo que ésta le solicitó a Amadea Rosario el desalojo del inmueble.
En el año 2008, Amadea se dirigió a la sede de la Dirección Regional de Protección Civil del Estado Carabobo, ya que la vivienda en que habita presenta un avanzado estado de deterioro. Dicho órgano, luego de una inspección realizada, declaró la casa en condiciones de inhabitabilidad, pero Amadea aún permanece en ella junto con sus siete hijos, de los cuales cinco son menores de edad, y la menor de sus hijas fue diagnosticada con “disfunción motora de origen cerebral, tipo cuadriparesia espástica y microcefalia en evolución”, mientras que ella sufre de afecciones renales.
Rosario denunció que en 2008 se dirigió a la gobernación del Estado Carabobo para solicitar que se continuara el pago del alquiler del inmueble, pero dicha ayuda le fue negada. Asimismo, acudió al Instituto para la Vivienda del Estado Carabobo (IVEC), donde le ofrecieron una ayuda que hasta el presente no se ha materializado.
Su caso es conocido por la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, Brigada Blindada del Ejército en el Estado Carabobo, Misión Madres del Barrio, Gobernación del Estado Carabobo, Ministerio de la Mujer, Vicepresidencia de la República y Asamblea Nacional, pese a ello, hasta la presente fecha la ayuda recibida ha sido precaria, no encontrando, después de casi 13 años de incertidumbre, solución a su problema habitacional. (Prensa Provea, 12.09.12)
