El próximo 29 de noviembre se cumplen dos años desde que la familia de Roger González se mudó al refugio del antiguo depósito de Cementos La Vega, parroquia Sucre, municipio Libertador, luego de que su vivienda se cayera en el barrio Federico Quiroz. «Estamos obstinados de vivir en este sitio. La Alcaldía de Libertador dijo que máximo serían tres meses, pero ya llevamos un año y casi 10 meses aquí», afirmó.
«Los niños son los que más nos preocupan. Están creciendo y no cuentan con un hogar. Allá en la casita, con todo y que estaba en una zona de alto riesgo, teníamos privacidad, más comodidad, hacíamos lo que queríamos, podíamos hacer planes, arreglar la casita, pero aquí es como si el tiempo se hubiese detenido, sentimos que estamos perdiendo parte de nuestras vidas», explicó.
Junto a González viven 16 familias, con un promedio de cuatro integrantes cada una. Algunos contaron que desde hace varias semanas no reciben ninguna ayuda por parte de la alcaldía en cuanto a suministros de comida e implementos para limpiar. Tampoco han realizado jornadas de vacunación para los niños en varios meses ni han fumigado contra el dengue y el chipo. «Ahora que llegaron las lluvias, tenemos menos esperanza de que nos den una vivienda, porque se van a sumar más damnificados», dijo.
Y no es que no hayan hecho diligencias para dar a conocer a otras instituciones del Estado su situación. González relató que ha perdido la cuenta de las veces que ha ido al Ministerio de Vivienda y Hábitat: «He ido a la Vicepresidencia de la República y a Miraflores, pero nadie nos da respuesta».
En las paredes húmedas y sucias del albergue ya no caben los mensajes desesperantes que claman por una vivienda digna: «Los niños de Catia queremos una casa bonita»; «Queremos que se presente el alcalde para que vea cómo vivimos. Cumpla con su promesa, alcalde Jorge Rodríguez». «Sentimos impotencia, porque sabemos que el presidente Chávez no sabe cómo nos abandonaron», se lamentó González.
La gestión de los consejos comunales en el refugio no ha sido efectiva según comentan: «Sólo a tres familias han podido reubicar en todo este tiempo, y en el interior del país. Nosotros queremos quedarnos en Caracas. Hemos planteado que nos lleven a Ciudad Caribia, un complejo habitacional ubicado en La Guaira que tiene más de 700 apartamentos, pero ellos están empeñados en desarrollar un proyecto en este terreno, que puede demorar años, ya que ni siquiera están aprobados los recursos y no estamos dispuestos a esperar tanto. Además, aún somos pocas familias y el Gobierno nacional puede comprar viviendas y entregárnoslas con documentos de propiedad y todo».
La negativa de participar en el proyecto habitacional que elaboran los cinco consejos comunales de la zona es, a juicio de Lisbeth Latón, miembro de ese grupo con sede en la Sala de Batalla Fabrizio Ojeda, en Catia, la razón de que demoren los traslados: «Son cinco edificios de ocho pisos cada uno, que tienen pensado construir aquí, los cuales tendrán una unidad socioproductiva en la planta baja».
El proyecto aún no ha sido aprobado por el Ministerio de las Comunas, por lo que podría tardar hasta dos años en ejecutarse. Los damnificados serían quienes participarían en su construcción, al igual que ocurre con el complejo habitacional Brisas del Panteón, cuyos futuros ocupantes viven en el refugio de Van Raalte, en La Yaguara. Esto sería para quienes no quieren irse de la ciudad. Hasta la fecha, 10 familias han sido trasladadas a Cabimas (Zul), Maracay (Ara) y Valencia (Car), dijo Latón. El viernes en la tarde se les dio respuesta a dos familias para reubicarlas en Guarenas.
También tienen proyectado otro en la antigua fábrica de Coca-Cola, con capacidad para 500 familias. «En ese refugio también permanecen personas a quienes se les ha otorgado hasta tres casas en el interior del país. Dejan a un familiar y luego se regresan a Caracas. No se puede seguir con esa política, ya que la gente se aprovecha de los programas sociales del Estado», aseguró.
Ciudadela de Catia está que revienta
«Para acá no han traído a más damnificados por las lluvias de la semana pasada, esto está que no cabe un alma más. Tenemos capacidad para 700 personas y ese número o más es la que tenemos ahora», respondió categóricamente Efraín Chafaerdett, coordinador del centro.
Los atendidos provienen de sectores como Plan de Manzano, Barrio Bolívar, Mario Briceño Iragorry, Gramoven, Nueva Tacagua, Casalta y Blandín, que han sido afectados por la emergencia causada por las lluvias.
Sin embargo, aunque la capacidad está al máximo se corre el riesgo de traer más gente. «No queremos que pase como en 2005, cuando llegamos a tener a casi mil personas. Por ello está gente se está llevando a casas de familiares y se está gestionando abrir más centros en El Junquito, Catia y La Vega».
En ese centro permanece también gente que tiene hasta un año esperando por una solución habitacional. «Estamos pendientes de que se culmine un proyecto que están haciendo en Guarenas, pero por ahora tenemos que aguantarnos, vivir hacinados y calarnos que metan a más personas aunque no haya espacio».
«Tenemos las tres comidas diarias, pero la convivencia entre tanta gente es terrible», dijo Bertha López, madre de cuatro niños de 2, 4, 6 y 8 años. (Lorena Fereira, Ultimas Noticias, 20.09.10)
