Marli Mavares es madre soltera y debe hacer magia para pagar 6 mil bolívares de alquiler en un espacio de 50 metros cuadrados. Su apartamento en la cuarta etapa del conjunto expropiado El Encantado (Macaracuay) debió estar listo los primeros meses de 2009 y tras la intervención del Gobierno, la fecha que se les prometieron fue enero de este año.
Sin embargo, ni un bloque se ha movido. María Araque debe vivir separada de su mamá y guardar sus pertenencias en un depósito, pues a pesar de que ya tiene las llaves de su apartamento en la segunda etapa, no la dejan entrar porque no hay ascensor, agua ni luz, aún cuando les dijeron que en abril podrían mudarse.
Las historias de d
esesperanza se multiplican en El Encantado. Aún cuando el Gobierno aplicó la medida de adquisición forzosa en noviembre del año pasado, a la fecha la obra presenta solo 3% de adelanto.
Luego de numerosas solicitudes infructuosas para la reactivación de la obra, los afectados decidieron protestar ayer en la sede de Las Mercedes del Ministerio de la Vivienda, con la intención de que el ministro Ricardo Molina les recibiera un documento. Pero como no lo consiguieron, hoy volverán, esta vez a la oficina de la avenida Francisco de Miranda.
Juan Montes, representante del consejo comunal y también presente en la manifestación, explicó que aunque su nombre aparece en el decreto de expropiación como representante de la comunidad en la Junta Administradora, no se le ha invitado a las reuniones ni tomado en cuenta para tomar decisiones. «Exigimos que se nos deje hacer contraloría social, que se nos muestren las memorias y cronogramas de ejecución. Fuimos estafados por partida doble. El lunes en la noche tuvimos una reunión con Oriana Rodríguez (coordinadora nacional de los urbanismos objeto de adquisición forzosa) y solo nos hizo nuevas promesas».
A la reunión con la funcionaria asistieron unos 600 de 1.500 propietarios. Rodríguez intentó disuadirlos de que protestaran y les dijo que los retrasos se debían a lo difícil que ha sido negociar con los bancos.
Así que la única esperanza que les quedaba, un acuerdo firmado en marzo de este año entre la Asociación Bancaria de Venezuela y el Estado para financiar los proyectos, se desvaneció. Como también las del presidente Hugo Chávez: «Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos».
Como están, nada más les quedó la calle y la usarán para protestar hasta que la obra se reactive. (Maye Albornoz, El Universal, 17.08.11)
