La adquisición de una vivienda propia se convirtió en un «vía crucis» para las 1.424 familias que compraron una casa en el urbanismo Lomas de La Hacienda, en el municipio San Diego del estado Carabobo, y que fue expropiado por el Gobierno nacional el 30 de octubre de 2009.
Los afectados manifiestan que solamente les falta exponer su problema ante el Presidente de la República, y no lo han hecho porque no los han dejado llegar hasta él. Por eso confían en que desde el lugar donde se encuentre el Jefe de Estado, quien llegó al país la noche del sábado, lea las informaciones y se entere de todas las tropelías, dicen, a las que se han visto sometidos «estos compatriotas» por reclamar lo que es suyo.
«Pensamos que con la expropiación tendríamos una salida, que nos entregarían nuestras viviendas en un lapso perentorio, o que por lo menos se reiniciarían las obras para darnos una ubicación a cada optante, pero ya han pasado nueves meses y el Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada», manifestó un propietario.
Los miembros de una Contraloría Social, conformada con la intención de conocer el desarrollo de las acciones luego de la expropiación y de denunciar las irregularidades detectadas en ese proceso, mantienen la esperanza de que algún día les entreguen las casas por las que pagaron. Es por eso que solicitaron expresamente no mencionar sus nombres por temor a represalias por parte de la Junta Interventora encargada de asignar las viviendas.
«Queremos que se haga público el retraso de la obra, porque el Gobierno nacional expropió el urbanismo desde octubre de 2009 alegando que iban a terminar con la estafa que nos hizo la empresa constructora inmobiliaria, que nos tenía desde hace cinco años esperando las viviendas. Eso nos dio una esperanza, pero desde hace nueves meses las obras están tal cual como estaban el día de la expropiación; no le han echado ni el friso a una de las casas», comenta una dama angustiada por la situación que la obliga a pagar alquiler a pesar de haber cancelado parte de una casa propia.
Aseguran que con la expropiación quedaron peor que antes porque ahora no tienen a nadie que los ayude. «Estamos en manos de la gente del Ministerio para la Vivienda y Habitad que son la versión oficial de la constructora que nos estafó».
La Junta Interventora del ente gubernamental no reconoce la contraloría social que conformaron en asamblea de ciudadanos, y no les ofrecen información sobre el estado de las viviendas. Denunciaron malos tratos, abusos y amenazas por parte de los funcionarios del Ministerio, que se encuentran en las antiguas oficinas de la constructora y hacen un censo para la data de los optantes, la cual sería publicada el 8 de julio, pero no se hizo.
El caso de Lomas de la Hacienda es el mismo de otros urbanismos expropiados en El Encantado, El Fortín y Mata Linda en el estado Miranda, y San Antonio en Yaracuy.
Los afectados por esta estafa inmobiliaria han hecho un periplo por todas las instancias que creen los ayudarían con el problema. Sin embargo, ninguno ha obtenido respuesta. «Hemos ido a la Procuraduría General, Indepabis, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Fundacomunal, Vicepresidencia de la República y a la AN para denunciar las irregularidades, y nada», precisó uno de los optantes quien firmó su contrato de compra en el año 2006.
Temen que debido al abandono de las obras se pierda lo poco que está construido. La maleza casi llega al techo de las casas que se inundan y ya tienen las paredes agrietadas. (Marianela Rodríguez, El Universal, 25.07.11)
