Cada vez que llueve en Antímano, dice María de Jesús Clemente, las viviendas del plan IV de La Pedrera se deslizan, las paredes tiemblan y los techos emiten estruendos, no por los relámpagos sino por la inconsistencia del terreno.
El sitio continúa habitado cuatro años después que el entonces presidente Hugo Chávez instara a las familias de la zona a evacuar el lugar que fue decretado zona de emergencia tras las fuertes precipitaciones acaecidas en el lugar en diciembre de 2010.
A juicio de la vecina Graciela Díaz, la decisión tomada por el Ejecutivo, en agosto de 2013, para declarar La Pedrera como Área de Emergencia Habitacional, a través del Decreto Nº 305 publicado en Gaceta Oficial N° 40.227, no ha generado ningún efecto definitivo para salvaguardar la vida de cientos de familias que aún habitan el lugar en condiciones vulnerables. El decreto estuvo basado en la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda y pretendía desalojar a 2.500 familia que aún permanecían en el sitio, según datos oficiales.
En el Área Metropolitana las comunidades Federico Quiroz, en Catia; San Isidro, en Petare; El Blandín, en la carretera vieja Caracas-La Guaira y otras zonas en la Petare-Guarenas padecen los embates de los deslizamientos de terrenos y el colapso de las viviendas, ocasionado por las lluvias.
A propósito de ello, un estudio realizado en 2014 por las Universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, sobre «Condiciones de Vida», asegura que 86% de la población está expuesta a situaciones de mediana, alta y muy alta vulnerabilidad. Ello supone que en el país viven más de 25 millones 913 mil personas en condiciones ambientales y físicas desfavorables.
Jesús González, politólogo y profesor de la UCV, quien formó parte de la investigación, explicó que existen factores sociales, económicos y físicos-ambientales que vulneran aún más a las zonas afectadas.
Viviendas improvisadas
En torno a la calidad de las viviendas, señaló que 63% son autoconstruidas por sus habitantes sin tomar en cuenta las garantías y técnicas de diseño.
González puntualizó que en el país más de 1 millón 50 mil han sido declaradas oficialmente en riesgo, otras 4 millones 800 mil fueron construidas sobre relleno inestable y 1 millón 304 están adyacentes a terrenos en deslizamiento.
«Los venezolanos están clamando políticas públicas alrededor de los desastres naturales y la vulnerabilidad. Hay un tema de cultura preventiva que no ha permeando a nuestra sociedad, por lo que cualquier sismo o inundación tiene la potencialidad de convertirse en desastre», afirmó.
El estudio destaca que los fenómenos naturales como las inundaciones están asociados directamente a las perdidas materiales, una realidad de la cual no es consciente 72% de la población, que además desconoce las amenazas de sismo. «93% de las personas desconoce la existencia de un plan para evacuación», agregó el académico y precisó que 86% de la población no percibe riesgo de posible deslizamiento en sus zonas de residencia.
Según resultados, más de 2 millones 861 viviendas no disponen de un sistema de aguas negras ni servicio de recolección de basura o vías de acceso. El rector de la USB, Enrique Planchart, aseguró que el estudio aporta claridad sobre las condiciones de vida de la población, lo que permite diseñar políticas públicas. «Es un problema que se debe conocer». (Materano Julio, El Universal 23.04.2015)
