Según informaciones de la prensa regional el comité regional de seguridad, en conjunto con la guarnición militar del estado Falcón, desalojaron a más de un centenar de familias de aproximadamente 25 terrenos tanto privados como públicos, a lo largo y ancho del municipio Carirubana y Los Taques. Hecho suscitado el día 15.04.10 desde la mañana hasta horas de la noche.

Alexis Donkis, director de seguridad y orden público del estado Falcón, explicó que se encuentran recabando toda la información sobre los hechos presentados desde el día miércoles. “Estos acontecimientos son impulsados por factores de la oposición, instando a los falconianos, infundiéndoles falsas esperanzas, engañándoles de la forma más vil”.

De igual manera, reconoce que en el estado Falcón, así como en todo el territorio nacional, existe un gran déficit habitacional. No obstante, repudia la conducta irresponsable tomadas por “los grupos”, ya que “fue realizado con el fin de desestabilizar el gobierno regional y nacional”.

Hasta la tarde del día de ayer, existían aproximadamente unas 36 personas detenidas y pasadas a la orden de la fiscalía, sin embargo, ya caída la noche, continuaron las detenciones tanto de hombres como mujeres, pasando de 100 las aprehensiones.

Agregó, “Tenemos nombres de líderes que incitaron a estas acciones vandálicas, y serán puestos a la orden de las autoridades competentes para su procesamiento legal”.

“Una persona completamente revolucionaria o afecta al gobierno, no va a estar delinquiendo o realizando invasiones, esto es una acción opositora que va dirigida a la desestabilización, finalizó Donkis.

Por su parte, Lisandro Fermín, defensor del pueblo del estado Falcón, recalcó que el gobierno nacional en ningún momento mandó a invadir a nadie. El presidente sólo exhortó a alcaldes y gobernadores a realizar un censo de aquellos terrenos que se encuentren en inactividad para ser expropiados y posteriormente puestos a la orden de proyectos habitacionales. (La Mañana, 16.10.04, http://www.lamanana.com.ve/regionales.htm)

Por su parte Provea reitera su opinión de que ante la falta de respuesta de las autoridades en materia de políticas de vivienda, la ocupación de terrenos se ha convertido en una estrategia de exigibilidad del derecho a una casa digna. En el Informe Anual 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Provea recordaba al respecto las palabras del ex ministro de Vivienda Farruco Sesto, quien estimó que esta situación era producto de tres condiciones: la insuficiente cantidad de viviendas construidas a nivel nacional, las imperfecciones del sistema nacional de registro y asignación de viviendas y, por último, la existencia de gestores e intermediarios, tolerados o aupados por las propias instituciones.