El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) ha dictado mil 300 medidas de prohibición de enajenar y gravar contra inmobiliarias, tras denuncias recibidas sobre cobros ilegales del índice de precios al consumidor (IPC) u otras violaciones a contratos entre familias y dichas empresas para la adquisición de viviendas.
La información la ofreció este miércoles la presidenta del organismo, Aura Hernández,quien explicó que han recibido alrededor de 2.000 denuncias, de las cuales unas mil tienen expedientes abiertos por el cobro disimulado del IPC.
Explicó que tales medidas de enajenar y gravar impiden que las constructoras puedan vender el inmueble, hasta tanto se produzca una sentencia firme sobre el caso.
Hernández señaló que han recibido planteamientos de irregularidades como la firma de nuevos contratos para validar el cobro del IPC o la venta de un mismo apartamento a varias familias.
Destacó que el Indepabis defiende los derechos del público y que impulsa actualmente un proceso de diagnóstico en todo el país para sancionar las conductas irregulares.
La ley establece sanciones de entre cien y 5.000 unidades tributarias, así como el cierre temporal o total de la inmobiliaria.
Apuntó que en los casos que aplique, el Ministerio Público puede incluso dictar medidas privativas de libertad. (AVN, 15.09.10)
