Aura Rosa Hernández, presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), explicó que el balance del trabajo emprendido por el organismo que representa, demuestra que se han adoptado algunas medidas de expropiación y ocupación temporal a 33 urbanismos.
“En el caso de las estafas inmobiliarias es oportuno señalar que esto ha sido una conducta que se ha estado registrando desde el año 2005 (…)donde vienen registrándose las denuncias por concepto de cobro indebido del IPC” dijo.
Recordó que, de acuerdo a la ley, está prohibido la suma de un incremento por el cobro de IPC a cualquier inmueble y, que a razón de eso, el INDEPABIS se ha colocado de frente, “de manera imponente, a uno de los sectores de la economía mas fuertes de la oligarquía de este país como lo es el sector de la construcción”
Hernández destacó que las estadísticas registran 1.700 denuncias en octubre del año pasado y que hoy se manejan unas 7.500, con promedio de 5 integrantes por familia y que se podría decir que existen al menos 38 mil personas afectadas en estos casos.
En tal sentido, dijo que el INDEPABIS está trabajando con el Ministerio Público y de la Vivienda, con el SAREM y otros institutos vinculados al tema de la vivienda para ir buscando solución progresiva con la Defensoría del Pueblo.
Destacó que se han alcanzado acuerdos muy significativos para hacer el seguimiento y la protección de los derechos de las personas que son vulneradas en el tema de acceso a la vivienda.
Apuntó que en las medidas vinculadas en las viviendas retenidas, que han sido obligadas a cancelar el IPC, bien sea por retraso de obra o de ofertas engañosas, se establecen fechas de entrega del inmueble por protocolo.(MPPCI;17.02.201)
