“Las investigaciones que cursan en el Ministerio Público sobre las estafas inmobiliarias sobrepasan los 230 casos. De las actuaciones practicadas hasta la fecha tenemos nueve personas acusadas en su totalidad y ocho personas privadas de libertad”, indicó este jueves la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Durante su programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por el canal Radio Nacional de Venezuela (RNV), se refirió al tema de las estafas inmobiliarias, de las cuales han sido víctimas un número considerable de familias venezolanas.
Indicó que, hasta la fecha, cuatro personas presentan orden de captura, 39 tienen prohibición de salida del país, “cuatro presentación periódica ante los tribunales y dos libertad bajo fianza”.
Ortega Díaz señaló que 38 empresas constructoras cuentan con medidas reales, “que no es otra cosa que la prohibición de enajenar y grabar sus bienes. De esas 38, 29 tienen prohibición de inmovilización de cuentas”.
“Estas son las medidas que hasta el día de ayer (miércoles 17 de noviembre) el Ministerio Público ha tomado para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho constitucional a la vivienda”, aseveró la Fiscal General de la República.
Como consecuencia de esta situación y para atender con mayor prontitud las denuncias presentadas contra las constructoras y promotoras inmobiliarias, Luisa Ortega Díaz indicó que el MP designó un equipo conformado por tres directores, seis fiscales nacionales y 60 regionales para tratar los casos de estafa.
Destacó que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por lo que es posible la realización de la nacionalización de estas constructoras con un fin social.
“Se expropia por interés social, porque estos inmuebles presentan problemas porque las personas que compraron no han tenido respuestas. El Estado tiene la facultad de tomar medidas, no para quedarse con las viviendas sino para garantizárselas a esos venezolanos a quienes no se las han entregado”, señaló.
De igual modo, hizo mención al Plan contra el Fraude, Estafa y la Usura (FEU), el cual fue activado el año pasado por la Fiscalía.
“Desde junio del año pasado el MP desarrolló el plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura en el sector vivienda con el fin de investigar detalladamente y profundizar en los casos relacionados con hechos que revisten carácter penal por parte de representantes de constructoras, inmobiliarias y promotoras al momento de negociar los inmuebles”, apuntó.
Igualmente, señaló: “Hemos observado desde el año pasado un cúmulo de denuncias, un número alto de denuncias, donde se estaba haciendo cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde las familias compraban en el plano y oportunamente no se les entregaba la vivienda, les hacían cobros adicionales y no se les entregaba el inmueble, además se les cobraba una cuota extra en perjuicio de la persona que estaba comprando”. (AVN, 18.11.10)
