El diputado Claudio Farías, miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, informó que se prevé aprobar la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios antes del 15 de agosto.

Informó que de los 150 artículos que estipula la Ley, se han discutido y aprobado 40 apartados hasta la fecha.  “Esperamos avanzar durante estos días para lograr la aprobación de esta Ley antes del 15 de agosto”, reiteró Farías.

En la discusión de la reforma a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, participan los representantes del Movimiento de Pobladores, que agrupa a la Red de Metropolitana de Inquilinos, entre otras organizaciones que han emprendido esta lucha por la humanización de la vivienda en alquiler.

Farías, destacó el carácter participativo de la discusión que se ha realizado en 14 estados del país con el apoyo del Movimiento de Pobladores y arrendadores.

Esta normativa busca eliminar las medidas de secuestro; los desalojos forzosos y arbitrarios; generar deberes, derechos y garantías en condiciones de igualdad entre el arrendador y el arrendatario; así como la regulación del canon de arrendamiento según las necesidades de la población. También contrarresta la especulación, discriminación y relaciones de explotación del ser humano por el ser humano, asociadas al arrendamiento de viviendas.

Asimismo, en cuanto al tema de las viviendas de interés social adjudicadas por el Estado venezolano, queda expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el estado, hasta tanto no se cumplan los extremos establecidos en las leyes que regulan la materia para la adjudicación de vivienda.

Cabe reseñar que con la aprobación de la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento, se creará la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas y el Sistema de Coordinación Nacional en la materia, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma legal. La cual,  formará parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, correspondiéndole a este órgano del Estado ejercer la rectoría en la materia objeto de regulación en la presente ley.

La ley también plantea la creación de una instancia estatal de inquilinato en el territorio nacional, que involucre al Poder Popular a través de los movimientos sociales y de los consejos comunales.

Otro punto destacado de la propuesta legal es la protección especial a grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, adolescentes, madres solteras y personas con discapacidad, a fin de garantizarles el derecho a la vivienda.

El diputado Farías reiteró, que el sentido de la ley es hacer ver la vivienda como un derecho y no como una mercancía, “estamos tratando de construir el socialismo que se rige de otros valores como la solidaridad y no la especulación y el individualismo”.Mppvh;26.07.2011

 

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