Por Rodolfo A. Rico
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) garantiza que todas y todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información referente a la gestión pública, lo cual a su vez es una precondición no sólo para el disfrute de los derechos, sino también para el ejercicio del derecho a la contraloría social. Una de las maneras para conocer datos oficiales es realizando un derecho de petición a las instituciones, mediante el cual solicitamos información de nuestro interés a un ente, órgano o funcionario público competente para ello. El artículo 51 de la CRBV consagra este derecho de la siguiente forma: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo. Adicionalmente, el derecho de petición está regulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), en la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC). Los artículos 2 y 45 de la LOPA indican que el funcionario está en la obligación de recibir la petición y dar respuesta, aunque la misma presente irregularidades u omisiones.
Por tanto, como se desprende del marco normativo, los derechos de petición son gratuitos, deben ser accesibles a cualquier persona, la respuesta debe ser expedita, las peticiones pueden solicitarse de manera oral y las informaciones deben comunicarse por cualquiera de las vías posibles.
Una muestra de cómo la ausencia de información pública lesiona el disfrute de los derechos lo tenemos actualmente con la crisis en el sector vivienda. Como lo ha diagnosticado el contralor general Clodosvaldo Russián, la ausencia de planificación, las irregularidades en la ejecución de los recursos y el retraso en la construcción de las viviendas, tres de las principales fallas en la materia, hubieran podido minimizarse si las familias beneficiarias, y la sociedad en general, hubieran podido conocer los datos actualizados y pertinentes sobre la gestión del ministerio. Las políticas ejecutadas por la cartera en vivienda y hábitat se han caracterizado, entre otras cosas, por su opacidad, a lo cual contribuye el hecho que los recursos asignados según la Ley de Presupuesto se triplican durante el ejercicio anual debido a la inyección de recursos extraordinarios. De esta manera aumenta la dificultad para que las comunidades organizadas y los movimientos populares auditen montos y destinos del dinero público. Como muestra de la invisibilización se encuentra el hecho que la memoria y cuenta del ministerio, correspondiente al año 2010, aún no es de acceso público. Esto ocasiona que la única cifra conocida de construcción de casas por el sector estatal ese año, una cantidad estimada en 16 mil viviendas, haya sido publicada en un medio de comunicación, por lo que la ciudadanía no puede contrastar con los propios datos oficiales la veracidad de esta afirmación.
La poca transparencia en la gestión crea el caldo de cultivo para la aparición de irregularidades de toda índole.
El ejemplo quizás más escandaloso lo constituye el convenio suscrito con el Uruguay para proveer de casas prefabricadas a familias damnificadas. Como lo registró la memoria y cuenta de Vivienda del año 2006. Se destinaron Bs.F. 206,93 millardos para la instalación de 12.000 kits a un costo promedio de la época estimado en Bs.F. 17,2 millones. A partir de ese momento, debido a la escasa información pública sobre el proceso derivado del convenio, era casi imposible que los potenciales adjudicatarios pudieran hacer un seguimiento de los kits. No fue sino tres años después, cuando el informe de gestión de la Contraloría reveló el status de la operación: “En la evaluación realizada al contrato comercial suscrito entre el Mppvh, actual Mppopv, y una empresa de la República Oriental de Uruguay, por US$ 155,47 millones (al cambio oficial de Bs.F. 334,25 millones) […] se determinó que sólo fueron instalados 11 kits de viviendas, terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo. En lo que respecta a los pagos, se efectuaron a través de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), con cargo al Fondo Bolívar-Artigas (Fonba), por US$ 70,69 millones (al cambio oficial Bs.F. 152,00 millones) e incluye, entre otros, el anticipo financiero por US$ 23,32 millones. Dichos pagos representan 45,47% del total contratado, sin embargo no fueron suministrados la totalidad de los soportes justificativos de los mismos, por lo que no fue posible constatar la veracidad de tal información”. Si los kits hubieran sido debidamente instalados, tendríamos diez mil familias menos en los refugios improvisados tras las lluvias del pasado mes de diciembre.
Para aumentar la confusión sobre el caso de las casas uruguayas el pasado 3 de junio la Gaceta Oficial sancionó la resolución 76 que establece la obligatoriedad de construirlas en un plazo perentorio. Sin embargo, afirma que las casas contratadas fueron 8 mil unidades, 4 mil menos que todas las informaciones manejadas, incluso la de la Contraloría. El ocultamiento de información oficial, en caso de cruces de información, genera suspicacias innecesarias y debilitamiento tanto de las instituciones como de la ciudadanía.
