Provea solicita supervisión y transparencia en la ejecución de convenios internacionales en materia de vivienda

(Caracas, 26.01.11). El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) desea reconocer los actuales esfuerzos del Ejecutivo para disminuir el grave déficit de vivienda, una de las políticas sociales con mayor rezago por parte del presidente Chávez. El reconocimiento de la gravedad de la situación y su declaración como “problema de Estado”, lo cual incluye el compromiso personal del primer mandatario por revertirlo, constituye un primer y valioso paso para enfrentar la gravedad y complejidad de la problemática.

En una alocución reciente el presidente Chávez anunció la firma de un convenio con la empresa China Citic Group para la construcción de 40.000 viviendas. Esta decisión parece confirmar el compromiso gubernamental en solucionar la situación de las miles de personas damnificadas en el país, y avanzar en la satisfacción del derecho a la vivienda digna para las tres millones de familias sin casa o con necesidad de sustitución o reubicación por habitar en zonas de alto riesgo. Sin embargo Provea solicita al Ministerio de Vivienda que se establezcan los mecanismos institucionales para supervisar tanto el avance de las obras como la transparencia en el destino de los recursos, permitiendo así el derecho constitucional a la contraloría social por parte de sus potenciales beneficiarios y beneficiarias así como de la sociedad en general.

En sus diferentes informes anuales Provea ha venido alertando acerca de los retrasos y paralizaciones de los diferentes convenios suscritos por el Estado venezolano con entes internacionales para la construcción de viviendas en el país, lo cual ha afectado el disfrute del derecho a la vivienda digna para cientos de familias en situación de precariedad. El caso más emblemático lo constituye el acuerdo suscrito con Uruguay, en el año 2006, para la instalación de 12.000 kits contenientes de igual número de casas prefabricadas a un costo promedio, para la época, de 17,2 millones de bolívares por unidad. En las sucesivas Memorias y Cuenta del Ministerio de Vivienda no existieron informaciones claras acerca del avance del proyecto, por lo que el Informe de Gestión 2009 de la Contraloría General de la República (CGR) denunció que sólo habían sido instalados 11 kits de viviendas, “terminadas con material venezolano, dado que no se había recibido ningún kit completo”. Entre las irregularidades visibilizadas por la CGR se encuentran el pago del 45,7% del total contratado, calculado en 70,69 millones de dólares, sin el suministro de los soportes que justifiquen la erogación del dinero, así como la falta de coordinación institucional para el ingreso, nacionalización y distribución de los kits. Según el informe “Tales situaciones demuestran fallas en la supervisión y control por parte del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat como garante de los recursos del Estado”. Paradójicamente, la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (MOPVI) destacó como uno de los logros durante el período la “movilización de 160 contenedores almacenados en las instalaciones del puerto de Puerto Cabello y contentivos de los kits de viviendas adquiridos a través del convenio, con el correspondiente traslado y almacenamiento en la zona industrial de Valencia. Así mismo, se han instalado un total de 167 viviendas distribuidas en los estados Vargas, Miranda, Falcón, Distrito Capital y Zulia en el marco del proceso de capacitación para la instalación y como resultado del reimpulso de este importante convenio”. Esto significaría, cuatro años después, en apenas la ejecución de 1,4% del proyecto original.

Provea recuerda que similares retrasos, ausencia de información, insuficiente supervisión y transparencia aqueja a los diferentes convenios suscritos por el Estado venezolano con otros países para la construcción de viviendas dentro del territorio nacional. Hasta septiembre del año 2010 se habían firmado acuerdos con Irán para la construcción de 2.400 viviendas en los estados Monagas, Cojedes, Guárico y Portuguesa; con Brasil para la edificación de 5.166 viviendas; un convenio anterior con la propia China para desarrollar 20.000 unidades habitacionales y con Cuba para construir más de 5.000 viviendas en los estados Miranda y Vargas. Esta situación debe corregirse para no afectar tanto a los actuales como a las futuras políticas en materia habitacional, cuyos principales perjudicados y perjudicadas son las miles de familias de escasos recursos que, ante la ausencia de políticas oportunas y eficientes por parte del Ejecutivo Nacional, están condenadas a sobrevivir en condiciones precarias.

Por último, Provea desea alentar los anuncios presidenciales en donde se invita al sector privado a participar en la solución del déficit habitacional en el país. Como organización de derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), Provea ha venido planteando la necesidad de un plan nacional de construcción de viviendas y transformación de suelos urbanizables con metas claras a corto, mediano y largo plazo, con la participación de los diferentes actores relacionados al tema habitacional en el país. Esto presupone la promoción de un diálogo y la discusión de políticas en la materia con la inclusión de los diferentes entes estatales, las familias sin casa y el sector privado.

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)