“La comunidad de El 14, municipio Sucre del estado Zulia ya despertó; ya nos cansamos de tantos atropellos, por lo cual no vamos a permitir más abusos por parte de los miembros del consejo comunal de esa localidad y estamos dispuestos a defender nuestros derechos y vamos hasta las últimas consecuencias”.
Tal señalamiento lo hizo Yorbis Martínez, habitante del sector, quien denunció, con otros miembros de la comunidad, los abusos que han cometido los tres voceros principales del consejo comunal.
Señaló que “Omar Villegas, vocero principal del referido órgano comunal, nos ha denunciado ante la Fiscalía como invasores, siendo el primer invasor él y las personas que lo siguen, pues sin consentimiento de la comunidad entregó parte de un terreno que había sido adquirido para viviendas a su hermano en un supuesto trueque que hicieron para sembrar maíz y plátano, dejando a la comunidad por fuera en la distribución de los terrenos”.
En vista de esto, la fuente acotó que las personas necesitadas de vivienda se metieron al terreno para resguardarlo y evitar otras posibles acciones que dejaran por fuera a los habitantes del sector que durante años han estado arrimados en la fincas porque no tienen donde vivir”.
El consejo comunal adquirió un terreno de cuatro hectáreas por un monto de 55 millones de bolívares para la construcción de 62 viviendas para el sector y el desarrollo del proyecto socio productivo.
Hace cinco meses los miembros de la comunidad al ver que el principal vocero metió a un familiar, se molestaron, por lo cual decidieron resguardar sus intereses y meterse al terreno, siendo ahora denunciados ante Fiscalía Vigésima Primera de Caja Seca por “invasores».
Una injusticia
Sobre el particular, Sonia Villegas, habitante de la comunidad desde hace 25 años, pidió a las autoridades “que no los atropellen pues estarán cometiendo una injusticia, ya que la fiscal los amenazó que podían ir presos por 7 u 8 años de cárcel como si hubieran cometido algún delito grave, pidiendo además a cada una de las personas que ocuparon el terreno que busquen un abogado, cuando estas personas en ocasiones no tienen qué comer. Pues tendrán que llevarnos a todos, porque la comunidad los está apoyando”.
Piden que los dejen en el terreno
“Nosotros lo que queremos es que nos dejen en el terreno y revocar al consejo comunal; no tenemos donde vivir, porque somos padres y madres de familia que necesitamos”, indicó Candelaria Barón, Karina Segovia y Dionicio Antonio Yorentes, habitantes del terreno.
Destacaron que “no se están negando a cancelar su pedazo de tierra, pues están conscientes que se debe pagar”.
Interés comunitario
Por su parte, Yorbis Martínez desmintió al igual que el resto de los miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar, que “aquí no hay dividendo político como pretende hacer ver este señor, lo que tenemos es un interés comunitario, nosotros queremos lo mejor para nuestra comunidad, como dice nuestro Presidente: todos tenemos que estar unidos”.
Sonia Villegas, ex miembro del consejo comunal, señaló que “se retiró de esta estructura al ver la cantidad de abusos cometidos por los señores Efraín Rubio, Oscar Villegas y Ramón Graterol que han hecho lo que les ha dado la gana”.
Explicó que “de los 318 mil bolívares que le entregaron a esta estructura comunal, 55 mil se destinaron para la compra de un terreno, dentro de esta tierra se destinó un espacio para el proyecto socio productivo de la comunidad, la cual él con su equipo decidió que era para la construcción de una bloquera, situación que yo no estuve de acuerdo, pues siendo una comunidad agrícola y ganadera tenemos otras necesidades más urgentes que garantizarían fuentes de empleo en la zona, como una despulpadora de frutas, por ejemplo; una pollera, una quesera o un centro de acopio para que todos los productores concentren sus cultivos y pueda hacerse más fácil la comercialización”.
En este sentido, acotó “al quejarme con la coordinadora de Fondemi, al respecto, nos dijo que el proyecto de la bloquera iba, opóngase quien se oponga, decisión que tomó de forma inconsulta sin realizar una asamblea con la comunidad para hablar al respecto, al igual que la entrega de micro créditos. En ningún momento se tomó en cuenta a la comunidad, ni se realizó asamblea para presentar estos proyectos a los habitantes de la localidad, situación que me llevó a separarme del cargo”.
Trafican con el cemento
Villegas denunció que “el afán de estos señores en montar una bloquera, que en nada beneficiaría al colectivo, es porque estos señores trafican cemento, utilizando el Rif del consejo comunal y lo adquieren a 9,30 bolívares en la planta en Monay y lo revenden en la zona a 22 bolívares, además de otras irregularidades que cometen”.
Precisó que los “señores” dicen que convocan a la comunidad ubicando carteles, algo que es totalmente falso, pues invitan sólo a un pequeño grupo de la comunidad, el resto de las personas viene de otros sectores.
Al respecto precisó Arcelio Villegas que “este señor tiene registrada personas de Boscán, Las Veritas, Puerto Rico, San Rafael, con una minoría del sector, a quienes convocan a las reuniones y les tiene asignado espacio en el terreno para dejar a los habitantes de El 14 por fuera. En los cuatro años que tiene esta gente lo que ha hecho es echarnos hacia un lado, sin tomarnos en cuenta para nada”.
Sonia Villegas intervino nuevamente para informar que en vista que en Maracaibo hicieron caso omiso a la solicitud que hacen, se dirigieron a Caracas, al Ministerio del Poder Popular, con Erika Farías, a fin de lograr la aprobación para iniciar el revocatorio a los miembros comunales.
Además de esto, acotó que paralizaron la construcción de las viviendas, diciendo en los medios locales que ya las habían culminado, situación que no es totalmente cierta, estas residencias tienen muchos detalles.
En relación a este tema, José Ignacio Peralta, con más de 30 años viviendo en el sector, informó “que Corpozulia les había aprobado a la comunidad por medio del consejo comunal la construcción de ocho viviendas, de las cuales sólo se construyeron seis, pues dos fueron desviadas hacia otra comunidad, al sector Alguacil del estado Mérida, algo que tampoco se le consultó al colectivo, habiendo tanta necesidad de casas en el sector”.
“Ya nosotros despertamos – agregó Peralta- y no vamos a permitir más abusos y malversaciones de fondos de estas personas, con un dinero que dio el gobierno para la comunidad. En este sentido, hemos acudido a varias instituciones del municipio a poner la querella, hemos realizado varias asambleas y ya hemos instalado el consejo electoral permanente para revocar a estos miembros corruptos”.
María Sarabia, una de las adjudicatarias de las casas, señaló que las estructuras tienen detalles, pero que tuvo que mudarse por la necesidad, “presentan filtraciones en los techos y en el piso, los cuales están desnivelados; la instalación del agua y la electricidad la tuvimos que hacer para mudarnos, además que hemos estado arreglando con lo que podemos los inconvenientes”.
Por su parte, María Arminda Moreno, otra adjudicataria, a pesar que donde reside se está cayendo la casa, alegó que no se ha podido mudar a la nueva residencia porque los baños no están terminados, no tiene electricidad, las puertas no las puede abrir completas. Precisó que está esperando que se la terminen, pero aquí no han vuelto los albañiles desde hace varias semanas.
Al respecto José Ignacio Peralta recalcó que “si a esta señora le pasa algo, si se le cae encima la casa donde vive será responsabilidad de estos señores que no han querido culminar los trabajos”. Acotando que “aquí no se está peleando ninguna tendencia política como se ha pretendido ver, estamos reclamando lo que en verdad a la comunidad le pertenece”.
Tomada casa comunal
Ángel Ramón Tovila, otro habitante del sector, manifestó que la comunidad desde hace dos meses tomó las instalaciones de la casa comunal que es del pueblo de El 14, “los señores Oscar Villegas, Ramón Graterol y Efraín Rubio hacían sus reuniones escondidas en esta sede y no permitían el acceso al resto de la comunidad, como si fuera una casa propia, situación que llevó a los habitantes a colocarle un candado y no permitir el acceso de estas personas hasta tanto no se solvente la situación”.
Además de esto, aseguró Tovila “con esta casa comunal, Oscar Villegas se cobró y se dio el vuelto, en vista que esta casa era de su propiedad y se la vendió al consejo comunal por 30 mil bolívares, hace dos años, por lo cual se creía con derecho a disponer de quién entraba en ella, siendo de la comunidad”
Siguen los abusos
Sonia Villegas comentó que los principales integrantes del “mal llamado” consejo comunal, por si fuera poco han utilizado a la contralora de este órgano, Ramona Albornoz, una persona que no sabe ni leer, ni escribir para que les conformara cuanto papel le atravesaban por el frente, desconociendo realmente de qué se trataban los oficios que le hacían firmar.
Asimismo, Mercedes Segovia, una señora de avanzada de edad, aseguró que “en diversas ocasiones Oscar Villegas los domingos le quitaba dinero asegurándole que la iba a ubicar en el terreno para que construyera su casa, situación que nunca se dio, fue burlada en dos ocasiones, luego de haberle dado más de mil bolívares, por lo cual aseguró que al ver que este señor le cedió un espacio de tierra a su hermano, la comunidad le aprobó que se metiera en el terreno”.
La comunidad espera solventar su situación y lograr conformar una nuestra estructura comunal que luche por los reales intereses del colectivo. (Diario Frontera, 31.05.10)
