La Cooperativa de Cedeño que ha venido deforestando cientos de hectáreas en el sector La Broma –entre otras-, intenta justificar su accionar para continuar el ecocidio en el occidente del estado Bolívar.
Así lo aseguró Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), quien recordó que el 28.05.09 una comisión del Instituto Nacional de Tierras (INTI) se apersonó al lugar de los hechos y, constatando el crimen ecológico, revocó todos los permisos a esta cooperativa, que hoy intenta conseguir una orden de amparo para seguir deforestando.
“Existen 14 patios de los cuales 6 tienen grandes lotes de rolas apiladas listas para ser sacadas (…) esta madera talada ilegalmente, pareciera ser el negocio ulterior de estas personas, ya que no respetaron ni las especies de árboles sometidas a régimen especial, ni los morichales y deforestaron los árboles de las quebradas y ríos”, denuncia el ecologista.
Indicó que entre las especies que pudo observar en las rolas apiladas se encuentran Araguaneyes (Tabebuia chysantha) y el cedro (Cederla odorata) entre otras, mismas que están prohibidas su tala por las leyes venezolanas.
Asimismo llamó la atención sobre los 22 kilómetros de carretera que fueron abiertos deforestando la zona para el paso de las gandolas en aras de la extracción de los miles de metros cúbicos –alrededor de 30 mil-, desviando y tapando quebradas y riachuelos para tal fin.
“Al parecer la motivación principal de estos señores es la extracción de la madera talada ilegalmente más que el supuesto proyecto de cultivo de arroz para la zona (…) ahora tras la revocación de su concesión una comisión del CLEB investiga las irregularidades de este proyecto y de cómo fueron entregados los permisos por parte del Ministerio del Ambiente, seccional Bolívar”, señaló.
Tras la inspección realizada en la zona por una comisión del CIEV, Lanz asegura que los pobladores del sector “La Broma” –principal afectado-, “no se comen ese cuento que la Cooperativa Zamorana va ha instalar una planta procesadora de arroz para vender el producto a 5 BsF por kilo después que logren sacar toda la madera, ya que ellos están concientes que después de sacar los miles de metros cúbicos de madera, desaparecerán o se declararán en quiebra como paso la vez pasada con otra cooperativa similar”, relató.
No obstante y ante la realidad que quedó evidenciada con la decisión del INTI, de la investigación que aperturaron los diputados Juan Linares y Juvencio Gómez del CLEB sobre el ecocidio; Hermes Luces, representante de la cooperativa, trata de desfigurar la actuación legal de los altos funcionarios, “más lo que está a la vista no necesita anteojos (…) no se puede seguir jugando con el hambre de un pueblo para buscar lucro personal”, sentenció Lanz.
Finalmente, el ecologista solicitó a los legisladores regionales realizar una exhaustiva investigación y llevarla hasta sus últimas consecuencias “ya que no es posible que se afecte el patrimonio natural del estado Bolívar con tanta impunidad y lo que es mas grave se consoliden los precedentes para que otras personas o empresas cometan crímenes ecológicos”, afirmó finalmente.
