El periodista Oscar Medina realiza un reportaje en donde refleja el rechazo vecinal a la tala de 100 arboles:
«¿A quién se le ocurre talar 147 árboles, un pequeño bosque en medio de la ciudad al borde de la avenida Rómulo Gallegos? Al Metro de Caracas le pareció bien. Y el Ministerio del Ambiente no encontró mayor inconveniente: tumbas unos árboles que han estado allí en promedio 40, 50 años y luego siembras otros. La empresa Odebrecht hizo el trabajo y hasta se permitió ir más allá instalando en el lugar, en las narices de tanto vecino, una planta productora de concreto.
Organizados en consejos comunales, los habitantes de Santa Eduvigis y Sebucán le han dado la pelea a ese gigante de dos cabezas que es la dupla Metro con la compañía brasileña Odebrecht, pero el combate -claro- fue desigual y ya el daño está hecho. Ahora, exterminado el bosque y con la producción de concreto a tono para la Línea 5, Odebrecht y los vecinos negocian, en plan amistoso, propuestas de compensación por los males causados.
En un oficio del 7 de enero del año pasado Fulvio Tamburini Morillo, director estatal ambiental del Distrito Capital, autorizó al gerente del proyecto de la Línea 5 del Metro de Caracas, José Gregorio Ruiz, a hacer todo lo necesario para arrancar los trabajos del nuevo tramo del subterráneo: y eso incluía afectar parte de la franja Norte del Parque del Este y el llamado parque Miranda. Para ser más precisos, la ocupación de ese lote de terreno entre las avenidas Francisco de Miranda y Rómulo Gallegos fue autorizada el 5 de diciembre de 2007 (oficio 1127) por el propio Instituto Nacional de Parques.
De hecho, Inparques hizo una doble autorización: la del terreno de 7.242 metros cuadrados -donde además funcionaba un preescolar- en el que se construirán los llamados «fosos de la topa» (acceso de las máquinas excavadoras) y otro lote de 2.509 metros cuadrados «donde funciona el jardín demostrativo de especies de árboles conocido como Arboreto», en el que terminaron por construir la nueva sede del preescolar.
Ese documento firmado por Tamburini Murillo es la «Acreditación técnica del estudio de impacto ambiental y sociocultural Línea 5, Plaza Venezuela-Parque del Este».
Allí se aprueba el análisis de impacto que tendrán las obras del Metro ejecutadas por Odebrecht y se establece que la pérdida de vegetación será compensada con la «repoblación vegetal de las áreas adyacentes a la zona».
Además queda muy claro que deberán respetarse las ordenanzas municipales, tener especial cuidado en el uso y almacenamiento de concreto para prevenir riesgos de contaminación y se establece que Metro de Caracas deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento con las alcaldías como garantía de que acatará toda la normativa en materia ambiental.
La acreditación técnica -dice el documento- «no constituye permiso o autorización para ser usado como aval en la afectación de los recursos naturales existentes en el área en consulta» y apenas enuncia normas ambientales que deben ser incorporadas por la autoridad municipal «en la Constancia de ajuste de variables urbanas fundamentales».
El 11 de mayo de 2009 la dirección estatal del Ministerio de Ambiente envió a la dirección del parque Miranda de Odebrecht la acreditación técnica para la instalación de la planta de concreto en el lugar. Allí se aclara que el 23 de marzo de 2009 el Ministerio del Ambiente autorizó la tala de los árboles (oficio 00371). El resumen del impacto ambiental señala que en materia de «afectación de la vegetación» el daño es «irreversible». También se ordena la firma de la fianza de fiel cumplimiento.
Papeles sí, papeles no
Las copias de esas dos acreditaciones son los únicos documentos que dicen haber recibido en la Alcaldía. Y no es suficiente: «Odebrecht comenzó las obras para la planta de concreto sin ningún permiso. Por eso tuvieron que paralizarlas varias veces. Aunque tienen esas acreditaciones, eso no es competencia del Ministerio de Ambiente», explica Cristina Silva, directora de Ingeniería y Planeamiento Urbano Local del Municipio Sucre: «Ellos sencillamente no pueden estar ahí porque la zonificación de ese terreno es de parque. Y eso no se negocia. Odebrecht no tiene ningún aval de parte de la Alcaldía».
La compañía brasileña, apunta Silva, debió presentar proyectos ante su despacho en la Alcaldía para poder obtener la Constancia de Variables Urbanas, sin la cual nada se puede hacer. Pero no. «La concretera no puede estar ahí. Tendrían que cumplir con el uso, pero lo único que pueden construir en ese lugar es un parque. A solicitud de los vecinos Odebrecht solicitó la constancia de variables, pero después de haber instalado la concretera».
Otra cosa es el subterráneo: «La obra del Metro sí pudiera estar porque es de interés nacional», acepta Silva: «Sin embargo, Metro no se ha reunido nunca con nosotros para presentarnos sus proyectos dentro del Municipio».
Para José Carlos Proberes, director de contrato de Odebrecht para las obras Metro de Caracas, las cosas tienen otra lectura. Consultado al respecto respondió via mail desde Brasil: «Odebrecht es una empresa apegada a las normativas de los países donde opera, y así lo ha demostrado durante más de 15 años de trabajo en Venezuela. Contamos con los permisos de tala y transplante otorgados por la Dirección Estatal Ambiental del Distrito Capital y Estado Vargas del Ministerio del Ambiente».
No sólo no es suficiente, insiste Silva, sino que tampoco firmaron las constancias de fiel cumplimiento: «Esas acreditaciones no constituyen una patente de corso. Jamás podremos permisar la concretera porque eso es parque. El acuerdo que se hizo es que cumplirían con las medidas de mitigación de ruido y contaminación y que saldrían de allí. Pero no han salido».
Se dijo, no se dijo
Las primeras reuniones de Metro y Odebrecht con la comunidad se dieron a mediados de 2008. Gustavo Bastardo, del Consejo Comunal de Santa Eduvigis, participó en esos encuentros y hoy lo hace en las mesas técnicas que arrancaron este año: «Nos expusieron más o menos dónde iban a estar las estaciones y sobre la afectación de la zona, aunque no vimos el proyecto en detalle. Tenían planes de afectar lo menos posible, pero no supimos de las dimensiones de la tala de árboles sino después».
Sobre la concretera tampoco hubo información: «El problema estalló el año pasado cuando la instalaron. De eso no se habló nunca».
Mariela Álvarez, del Consejo Comunal de Sebucán, recuerda que Metro comenzó sus explicaciones a la comunidad en 2007: «Pero no dijeron que iban a tocar el parque Miranda ni que iban a poner una concretera. Cuando informaron sobre el foso de la topa dijeron que lo harían más o menos donde están las oficinas de Inparques en Santa Eduvigis. De pronto algunos vecinos empezaron a decir que iban a mudar el preescolar porque ahí harían el foso. Fuimos a Odebrecht para saber por qué, pero no nos dieron ninguna explicación técnica sobre ese cambio».
Y entonces apareció la concretera: «A comienzos del año pasado vimos que levantaron estas torres amarillas», cuenta Álvarez: «Y esos trabajos los hicieron en las noches, de madrugada. La policía iba y le decían que eran obras del Metro. Tumbaron los árboles y el estudio de impacto ambiental lo hicieron después de levantar la concretera, a la que el Ministerio de Ambiente le dio la buena pro para que funcionara pese a que todo indicaba que habría gran perjuicio contra la comunidad».
El conocido fotógrafo Fran Beaufrand vive frente al lugar: «Odebrecht y Metro nos han engañado. Dijeron que iban a sacar la planta y que no iban a devastar tanto. En las reuniones tratamos de limitar eso, pero ellos nunca pararon, avanzaron hasta el final y arrasaron con los árboles. Hace apenas un par de meses talaron los últimos bucares que quedaban. Esta es una historia lamentable de mala planificación y abusos de todo tipo. Han podido poner su concretera en otro lugar sin acabar con un bosque en el que había árboles hasta de 100 años».
De acuerdo al ingeniero José Carlos Prober, desde 2008 los vecinos estaban informados de que: «estos terrenos fueron puestos a disposición por la Compañía Metro de Caracas, según decreto de afectación No. 5.213 de fecha 25/07/07 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.632. Asimismo, se les comunicó que dichos trabajos ameritarían la consolidación de un campamento de obra, con las instalaciones logísticas asociadas».
Según Probe, la urgencia por adelantar los trabajos hizo que se perdieran los canales de comunicación con los vecinos, una falla subsanada a partir de junio de 2009, cuando comenzaron las llamadas mesas técnicas que han permitido a los vecinos ciertas conquistas. María Isabel Peña, vecina y directora del Instituto de Urbanismo de la UCV, destaca que se acordó que la concretera debería irse en un año y que, por otra parte, Odebrecht debe financiar un plan de rearborización de las zonas vecinas en el que trabaja la empresa universitaria Insurbeca: «Por cada árbol talado deben sembrar ocho, pero sabemos que no podrá hacerse en el mismo lugar, así que se compensará de alguna manera a través de este proyecto para las zonas vecinas».
Probe asegura que al finalizar las obras del Metro volverá el parque. Pero pese a que la Alcaldía de Sucre ha ofrecido tres opciones de terrenos para mudar la concretera -que abastece a varios frentes de trabajo- aún faltan gestiones por formalizar. Mientras, seguirán allí porque para Odebrecht ninguna norma ambiental ha sido violentada». (Oscar Medina, El Universal, 10.05.10, http://www.eluniversal.com/2010/05/02/pol_art_y-se-acabo-el-bosque_1882605.shtml)
