Representantes de las etnias Yek´wana, Sanema y Hoti, agrupadas en la organización indígena Kuyujani, junto a centros educativos superiores como la Universidad Experimental de Guayana (UNEG) y diversas ONG vienen alertando sobre el desplazamiento de comunidades indígenas, la destrucción de ecosistemas, el presunto soborno a militares y la violación de derechos humanos de quienes se atreven a denunciar los atropellos que se propinan a los aborígenes que defienden sus hábitats.
“En la cuenca de El Caura de 4.5 millones de hectáreas ubicadas en el municipio Sucre del estado Bolívar, recaen cinco figuras de protección del ambiente (ABRAE) que están desapareciendo progresivamente sin que “nadie lo detenga”, cuestiona Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV).
Representantes indígenas cuestionan el accionar de la Fuerza Armada, la cual sólo actúa cuando los medios de comunicación ejercen una presión necesaria para activar algún operativo especial y “tapar” las denuncias con notas de prensa; sin embargo, dichos controles se desvanecen como “las noticias del periódico de ayer”.
En dichos desalojos, el TO5 ha encontrado decenas de indocumentados, motores hidráulicos -maquinaria minera-, combustible en tambores de 200 litros, víveres; “no obstante siguen proliferando los campamentos mineros ilegales y cada vez con más mineros”, cuestiona Lanz.
Si bien los militares controlan el suministro de combustible en la zona, así como vigilan el desplazamiento fluvial en la zona (única vía de transporte), mineros siguen accediendo a la cuenca Alta de El Caura con grandes equipos y provisiones; algo que los indígenas no se explican.
Asimismo, “el desinterés mostrado por los gobiernos local y regional en el tema, y la parálisis burocrática del Ministerio del Ambiente, seccional Bolívar, es reflejo de una región sin ley, donde la corrupción, las mafias y la indiferencia gubernamental reinan con mayor peso que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, aseguró Lanz del CIEV.
Señala que es más sencillo atropellar a indígenas y devastar ecosistemas que generar empleos dignos y sustentables en la región, activar políticas públicas coherentes y combatir la corrupción, misma que presuntamente embaucó a los criollos del deprimido municipio Sucre con la puesta en funcionamiento de una planta procesadora de yuca años atrás.
No obstante, la antropóloga Nalúa Silva de la UNEG ha señalado en reiteradas declaraciones que “el desalojo de los mineros de la Paragua en el año 2006 generó un movimiento interno de mineros que se dirigieron a la zona del Caura (…) a ellos se sumaron otros mineros que fueron desalojados de la franja fronteriza de Brasil dado que ese espacio fue entregado por el gobierno brasilero a los indígenas como parte de su política de reconocimiento territorial a los pueblos indígenas en la denominada zona de Raposa do Sol”, por lo que la invasión minera va más allá de actores locales en la actualidad.
En tanto, la Organización Kuyujani continúa denunciando las incursiones mineras a sus hábitats –mismos en el que Estado está en mora constitucional con la titularización de tierras, cumplidos hace más de dos años con los procesos de autodemarcación de sus territorios.
Para el director del CIEV, el problema se centra en una lucha de poderes donde el Estado prefiere estar silente.
“Las sociedades humanas, como la venezolana, obtienen bienes esenciales de los ecosistemas naturales para su alimentación, crecimiento y desarrollo tales como peces, frutas, animales, madera, combustible y en este caso enriquecimiento ilícito a través de minerales preciosos (…) sin embargo, ¿a dónde van estas riquezas extraídas ilegalmente?”
Señala Lanz que lejos de ganar, el país pierde permitiendo la minería en El Caura, “porque a pesar de ser ilegal, realmente se permite y existe una complacencia para la actividad por consentimiento, omisión o vista gorda”, resalta.
“Sin embargo, muy poco hablamos de los servicios que prestan los ecosistemas a la humanidad y sin los cuales las civilizaciones dejarían de prosperar. Estos incluyen purificación del aire, minimización de sequías e inundaciones, regeneración de la fertilidad de los suelos, reciclado y movimiento de nutrientes, entre decenas de complejas interacciones de ciclos naturales”, comenta.
Según cifras presentadas por la doctora Nalúa Silva de la UNEG, el Caura garantiza en estado prístino “la producción de 1.4 billones de toneladas de biomasa equivalentes a más de 700 millones de toneladas, posee más de 2.600 especies de plantas vasculares y sostienen el 17% de la diversidad vegetal de Venezuela y el 28% de la diversidad vegetal de la Guayana y que de las plantas endémicas registradas para la Guayana, el Caura posee el 88,3%. Además de esto en la cuenca del Caura se encuentran 32% de las especies animales registradas en Venezuela y se han reportado hasta ahora 441 especies de peces de las cuáles 35 están en peligro de extinción. Es decir que por su megadiversidad biológica y su diversidad cultural, su alta producción hídrica y los servicios ambientales prestados a la humanidad, el Caura es un espacio único en el mundo”, manifiesta la investigadora.
Las voces en defensa de este reservorio de vida continúan firmes al igual que la parálisis gubernamental en relación a la Minería Ilegal en el Caura, falta saber cuantas más hacen falta para conservarlo, como mandan las leyes nacionales.
Según datos manejados por el CIEV confirmados por la organización “Kuyujani”, existen actualmente más de 1 mil mineros en la cuenca de El Caura, con más de 20 monitores hidráulicos y balsas zocabando los ríos y la selva prístina de esta última frontera natural de Venezuela.
De acuerdo a las declaraciones de los capitanes indígenas José Freddy Guzmán y Anibal José Rodríguez, integrantes de la red de organización social “Centinelas del Caura”, los efectivos militares -presuntamente-, lo que hacen es negociar con los mineros, quienes tienen que pagar hasta 100 gramas de oro por cada persona y por cada 15 días para trabajar la mina. Información que han confirmado también algunos mineros que no quisieron pagar la presunta “vacuna militar” y por tanto han sido expulsados y desalojados.
Como dato, le informan al TO5 que los mineros entran por el río Paragua (caño Ori) otros por Maripa, Jabillal, Cabello del Caura, Las Trincheras, también entran por vía aérea (helicóptero). Hay un campamento entre la divisoria de caño Ori y Yuruani, que sirve de surtidor de alimentos, repuestos, herramientas, etc. Roban curiaras (embarcaciones) y hasta motores de los indígenas Ye´kwana y Sanema en Maripa.
“Todo esto está sucediendo, entérense las autoridades una vez más (…) sabemos que además también hay participación de indígenas en toda esta intrincada red ilegal y de corrupción, más estas personas viven en comunidades criollas como Maripa desde hace muchos años, ya no son indígenas, han perdido nuestros valores y ahora sólo ven la destrucción de nuestros hábitats como una forma de lucrarse, negando sus orígenes”, aseguraron los representantes indígenas.
En tal sentido, ecologistas hacen un llamado al Ministerio del Ambiente Bolívar para que conjuntamente con el TO5 realicen una inspección en la zona y hagan valer las 5 figuras jurídicas que protegen la cuenca del Caura.
“El Ministerio de Ambiente Bolívar se ha mantenido y se sigue manteniendo inoperante a pesar de ser su despacho, quien tiene el deber de proteger estos ecosistemas por las leyes ambientales que ha promulgado (…) es lamentable que las instituciones públicas que tienen entre sus funciones el resguardo de nuestros recursos naturales, muestren un desdén y desprecio por la naturaleza tan inmoral y grocero”, aseguraron los integrantes de “Centinelas del Caura”.
