El derrame de petróleo en el río Guarapiche en Monagas cuestiona la eficiencia del manejo ambiental en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y los escasos controles que posee para evitar pérdidas ecológicas. No en vano la industria de hidrocarburos es considerada la mayor contaminadora del país, responsable del deterioro en el Lago de Maracaibo y de al menos 12 playas ubicadas entre los estados Anzoátegui y Carabobo.
A juicio del coordinador general del Programa Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, los esfuerzos de Pdvsa “son muy insuficientes para controlar los posibles daños que puedan causar los derrames”. Añade que la “ineficiencia” ha sido señalada por las mismas instituciones del Estado, por ejemplo el caso del Lago de Maracaibo, en Zulia.
Provea por su parte ha constatado que la petrolera ha contaminado significativamente 12 playas ubicadas entre Anzoátegui y Carabobo. A la par de esto, la ONG hace seguimiento a las denuncias ambientales que reseñan la prensa.
Alvarado puntualiza que en medio de este panorama, en el que la petrolera minimiza el impacto a corto y largo plazo de los accidentes con hidrocarburos, es poco probable que haya acciones adecuadas para resolver las consecuencias ocasionadas.
El ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, sostuvo la semana pasada que por la recolección casi total de crudo el agua del río Guarapiche ya estaba potable.
El gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, El Gato, no comparte esta valoración y por lo cual se ha negado a abrir la Planta de Tratamiento mientras no haya certeza de la calidad del líquido para su consumo. Esta postura llevó a Ramírez a pronunciarse nuevamente y reiteró que la condición del agua del río Guarapiche es potable, sin embargo en esta segunda rebotó el jueves la última palabra al Ministerio del Ambiente e Instituto Aguas de Monagas.
“Si el propio gobierno no reconoce el daño, va a ser muy difícil atender la situación porque no se trata solo de resolver la emergencia. Va más allá de la emergencia, es mucho lo que se perdió en términos ambientales, y si el propio gobierno no parte por reconocerlo, las posibilidades de atender la situación de manera integral es mucho más remota”.
Futuro incierto
Especifica el coordinador que “lo que está en discusión es la ineficiencia que está teniendo Pdvsa para que en el país haya una producción (petrolera) sin que genere graves daños al ambiente (…). Se trata que se está contaminando en buena parte del país con poca voluntad de adoptar medidas para recuperar lo que se haya causado en el ambiente”.
Estima el vocero de Provea que los daños ambientales causados por Pdvsa podrían aumentar. “Después del derrame petrolero (Guarapiche) hemos conversado con trabajadores de la industria petrolera y ellos nos han dicho que la falta de mantenimiento y que una situación como la que hubo en Monagas pudiera repetirse en otras partes del país”.
Y a esto se le sumaría otra preocupación: la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, por parte de empresas chinas, rusas y bielorrusas cuyo manejo ambiental está considerado “negligente” a nivel mundial, apunta Alvarado.
“Hablamos de industrias altamente cuestionadas por organismos internacionales, lo que podría traer la profundización de los daños ambientales en los próximos años”, relacionados con la explotación petrolera.
Pese al notable cuestionamiento a Pdvsa, Alvarado indica que si hay algo que rescatar de lo que ha pasado en el estado Monagas sería la actitud y posición asumida por el gobernador José Gregorio Briceño “El Gato” porque “más allá del tema partidista es importante reconocerle que su actitud es positiva, no puede ser complaciente y mucho menos negligente ante una situación como ésta”.
Alcances desconocidos
El presidente de la ONG Vitalis y jefe del departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Metropolitana, Diego Díaz Martín, considera que lo ocurrido en el Guarapiche “puso en evidencia la necesidad de articular esfuerzos en los que el manejo de la información veraz y oportuna son claves para abordar de manera responsable el problema”.
En su opinión -reflejada en un comunicado de la ONG- “la respuesta ante la contingencia debió llegar mucho antes y el manejo poco claro y hasta confuso de la información por parte de las autoridades, generó muchas dudas sobre la magnitud, los efectos e impactos ambientales derivados del mismo”.
Sobre las consecuencias que un derrame petrolero puede conllevar informó que estos tienen efectos adversos en el medio natural, afectando en forma directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la flora.
Indefensión aborigen
Hoy, cuando se cumple un mes del derrame en Monagas, se avizoran más consecuencias, esta vez en la comunidad indígena de la etnia Kariña, en Anzoátegui, donde hubo un segundo derrame que contaminó el río Tascabaña.
Por esta situación hay mil 500 familias afectadas, familias que desde 2007 denuncian el impacto causado por la industria petrolera.
Tulio Gudiño, dirigente indígena de la comunidad kariña y coordinador del comando Tricolor en Oriente, comentó que este viernes estuvieron en la zona junto al diputado de la Asamblea Nacional Jesús Paraqueima y el presidente de la Cámara Municipal de Freites, Benito Machuca.
La visita buscaba verificar la gravedad del derrame y las acciones de Pdvsa para controlarlo. Sin embargo, esto les fue impedido por los funcionarios de la Guardia Nacional que mantienen tomada el área.
“Se nos violentó el derecho al libre tránsito como comunidades indígenas, se violentó la inmunidad parlamentaria, se comportaron como energúmenos. Pero en medio de esto hacemos hincapié en que el Estado tiene que revisarse, porque no pueden seguir pasando este tipo de cosas”.
Gudiño advierte que, igual que en Monagas, al derrame en el río Tascabaña se le quiere dar poca importancia. “Se quiere desviar la culpa a los indígenas, incluso se habla de sabotaje, pero esto es casi imposible de creer. Pdvsa ahora quiere manejar la hipótesis del ‘auto suicidio’ de las comunidades, que no tiene ningún sentido, y que evade sus responsabilidades”.
Informó el vocero indígena que más esfuerzos ha empleado la estatal petrolera en ocultar lo que sucede en el área, que los que evidencia para revertir los daños a las comunidades de Tascabaña I y II, las cuales se surtían de agua con el río que también era usado como vía fluvial para la comunicación de ambas localidades.
Comentó que como pueblos aborígenes esperan que sea decretado el estado de emergencia en la zona y se ejerzan las acciones necesarias para sanear las áreas contaminadas. (Natalie García, Correo del Caroní, 06.03.12)
