Sumario: Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales
Minerva Vitti (*)
La Fundación Mujeres del Agua se registró oficialmente en el año 2009 aunque desde hace tiempo realizaba un trabajo social en la comunidad de El Paují, ubicada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
El Paují es un pueblo mixto formado por indígenas de la etnia pemón, y no indígenas (venezolanos y extranjeros). Con aproximadamente cuatrocientos habitantes es un sitio que no tiene horario y en el que hasta hace poco no había ni teléfono ni Internet. Sus habitantes vivían en comunión con la naturaleza, con buenas experiencias educativas y culturales, hasta que en 2006 se desbordó la minería en la zona, trayendo muchos problemas y desplazando a muchos miembros de la comunidad.
Ante esa situación un grupo de mujeres, que tenían años conociéndose, comienzan a organizarse. Lo primero que hicieron fue un museo que se llamó Kunayewi, que significa casa del agua, y comenzaron a explicar a la población cuál era el impacto de la minería, el derecho a tener agua limpia y el derecho a la salud. También se unieron a la Misión Árbol y comenzaron a sembrar moriches y distintas plantas en las áreas contaminadas por la minería.
“Yo hice mucho trabajo a nivel comunitario, con la escuela y la cultura, pero había más relación con los jóvenes y las mujeres que siempre estaban en la casa. A mí me molestaba como mujer el hecho de no poder relacionarme con ellas, entonces ahí empecé a traer más mujeres indígenas al grupo. Hacíamos tejidos y siempre hablábamos de los problemas del pueblo y sobre cómo los podíamos solventar”, explica Marcel.
Pronto se dieron cuenta que tenían minas porque el capitán indígena, de aquel momento, estaba vendiendo los ríos a los mineros. “El modus operandi era el siguiente: los mineros buscaban un capitán indígena y agarraban un indígena común como testaferro. Si uno denunciaba eso en el Mibam, [antiguo Ministerio de Minas], ellos decían. ꞌsi nosotros no tenemos autorización del capitán indígena nosotros no nos metemos con esoꞌ”.
Desde la fundación entendieron que una forma de luchar era teniendo una mujer en la capitanía indígena. La elegida fue Carmen Raquel Benavides, pero cuando dijo que no quería más minas en su pueblo e intentó negociar con ellos empezaron a intimidarla de todas las formas posibles para que renunciara a su capitanía e hicieron una capitanía aparte. “Eso nos llevó a darnos cuenta que las mujeres necesitaban tener una formación integral para asumir esos cargos, para resolver las cosas dentro de su comunidad, no solo con la denuncia.De ahí comenzamos a hacer proyectos para formar lideresas. Otra cosa que nos dimos cuenta es que Carmen Raquel estaba sola, entonces necesitábamos que otra gente de la zona la conociera: periodistas, gente de la CVG, de la alcaldía, otras lideresas indígenas; y comenzamos a organizar encuentros de mujeres. Se llamaban Encuentro de Lideresas de la Gran Sabana”.
Los encuentros comenzaron en El Paují, y posteriormente en Kavanayen y Kumarakapay, mejor conocido como San Francisco de Yuruani. Estos espacios les permitió identificar a las defensoras indígenas y realizar lo que hasta ahora es el principal proyecto de la fundación: los talleres de formación de lideresas. Actualmente el trabajo se ha extendido a Uaiparu, Las Agallas o Karapaurai, San Gerónimo, Playa Blanca y al Parque Nacional Canaima, Kawy y San Ignacio de Yuruani. Acompañan entre cien y trescientas mujeres al año.
En la fundación son doce mujeres, entre ellas, Elba Benavides, presidenta de la organización. También pertenecen a la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).
Un negocio “lucrativo”
La mayoría de las minas se encuentran en Ikabaru y Los Caribes pero progresivamente se han extendido hacia Uaiparu y Playa Blanca. Hace diez años alcanzaron El Paují y desde hace tres años empezaron en el Parque Nacional Canaima, en Iboribo o Mantopay, cerca de Kavanayen, en las orillas del parque en Uroy Uaray o al pie del Auyan-tepuy. San Gerónimo, al lado de Ikabaru y Kawy, y Mapauri en el Parque Nacional Canaima, son los únicos lugares donde las comunidades no han permitido que entren los mineros.
“¿Tú sabes las bombas de agua? Se usaban normalmente para chupar el agua con una manguera, y con esta pistoleaban los bordes de los ríos, y los iban destrozando, hacían una especie de tamiz, las metían y ahí es donde agarraban el oro (…) Antes trabajaban con máquinas más grandes que eran de gasoil y no era tan fácil desplazarlas, necesitabas tres o cuatro hombres para mover eso. La que tienen ahorita se la meten debajo del brazo y salen corriendo, e incluso, la entierran. Como son bombas de agua que se pueden usar para las casas es mucho más fácil también que las compren y las pasen”.
Hace varios años introdujeron varias denuncias en Fiscalía pero se cansaron de hacerlo porque cuando milagrosamente enviaban una comisión de la guardia nacional o del Ministerio de Ambiente, alguien les avisaba a los mineros y estos sacaban las máquinas.
Como explica el documento de presentación de la Fundación Mujeres del Agua, la zona de actuación de esta organización pertenece al municipio Gran Sabana, un territorio que se encuentra en la frontera de Venezuela y Brasil, al borde de la Amazonia y cuenca del alto río Caroní. Su posición geográfica la identifica como fuente indispensable de agua para todo el estado Bolívar y para el embalse Guri que proporciona 70% de la electricidad de Venezuela. Parte de la zona está considerada área bajo régimen de administración especial, (Abrae), de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio aprobada en el año 1983.
El marco legal establece los objetivos para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del territorio asociado al manejo de los recursos naturales disponibles. De estos espacios, parte se conformó como Parque Nacional Canaima en 1962 y ampliado en 1975 con el fin de conservar la belleza y diversidad del territorio y proteger las nacientes del río Caroní. La Ley de Aguas, en su artículo 17, establece la región hidrográfica Caroní como una de las 16 regiones hidrográficas del país. Precisamente un objetivo fundamental para la fundación es el mantenimiento de las aguas que rodean estos territorios.
El otro asunto es el tráfico de gasolina. Nicole nos dice que se prohibió la venta de gasoil para detener la minería, pero que las cooperativas mineras comenzaron a comprar equipos de gasolina. “Yo antes podía ir a la bomba de gasolina y compraba cincuenta litros para llevar para mi casa, ahorita no puedo hacer eso, porque necesito tener una pick up, varios permisos, y un tanque de doscientos litros mínimos para llevar eso. Entonces nos empezamos a reunir para pagar un camión y que eso llegara a la comunidad. El problema es que hay quien en vez de pedir un tambor, que es lo que necesita, pide cuatro y lo revende, y eso se ha vuelto un negocio. De hecho, yo que creo que en Santa Elena están vendiendo más gasolina que en la misma Caracas, por el número de tambores de gasolina que salen, salen y salen hacia las minas”.
Para julio de 2014, un tanque de doscientos litros de gasolina se podía conseguir en 190 bolívares y transportarlo costaba ochocientos bolívares. Este tanque revendido podía costar entre 3 mil y 5 mil bolívares; y mientras más lejos la comunidad, podía llegar a 10 mil o 15 mil bolívares. Actualmente está a 18 mil.
Algunas capitanías indígenas también han entrado en este negocio, ya que al pedir cupo para comprar gasolina para sus comunidades viven tranquilamente de revender combustible. Esto ha generado que surjan capitanías donde no las había. La comunidad de Bajo Amarillo es un ejemplo de esto. Si hay minas hay tráfico de combustible, si hay tráfico de combustible hay un capitán y él revende el combustible.
En algunas de estas zonas los capitanes tienen el control total, porque los mineros no entran si no tienen su permiso; y en general deben pagar un porcentaje al jefe indígena. También hay un fenómeno nuevo y es que los capitanes cobran porcentajes sobre cualquier negocio que se haga en la comunidad. Es el caso de Perro Loco, donde crearon una mina y una capitanía indígena y el capitán cobra entre 10% y 15% de interés a cualquier negocio.
“No es fácil. Porque el hecho que nosotras estemos diciendo que no estamos de acuerdo con la actividad minera nos ha acarreado muchas amenazas. Es peligroso porque estamos enfrentando niveles de poder altos: los capitanes generales, la Federación Indígena, la Guardia Nacional; no todos, porque pienso que hay gente honesta, pero sí hay unos que tienen puestos de autoridad que no son transparentes”.
El problema minero no es solo ambiental sino social
Una de las principales consecuencias de la minería es el abandono escolar porque los niños y los docentes están metidos en las minas ya que obtienen mayores beneficios. Incluso esto se extiende a los enfermeros y funcionarios públicos de la zona.
A causa de la contaminación y del uso incontrolado del mercurio se evidencia una propagación de diferentes enfermedades como malaria, asma, bronquitis y alergias cutáneas. La falta de información y educación en escuelas y familias impiden la cura y el entendimiento del problema.
La malaria o paludismo es frecuente debido a los pozos de agua que quedan al extraer el oro. Marcel explica que más del 80 % del paludismo está en el estado Bolívar: “Además es recurrente, se cura mal, se hacen mal los tratamientos, hay casos de niños que nacen con la enfermedad, niños de 12-13 años que han tenido cuatro o cinco veces paludismo”.
Otras enfermedades como la leishmaniasis y las úlceras en la vagina también están presentes, aunque lo último se mantenga oculto porque las mujeres no quieren hablar del tema. Marcel cuenta con preocupación que en la comunidad de Parkupi, que está más adentro, hablan mucho del SIDA, muertes violentas o asesinatos: “Los cuentos que te echan de las matanzas que ocurren dentro del sector 7 son bárbaros porque hay muchísimos brasileros metidos allá dentro”. En la comunidad de Uaiparu, por ejemplo, hace como dos años, cuando llegaron muchísimos mineros de afuera, murieron como doce personas.
También hay prostitución, altos índices de alcoholismo y contaminación por mercurio: “El tejido social de la comunidad se va perdiendo poco a poco. Ya la gente no quiere ir a los espacios de cayapa o mayú, como lo llaman ellos, que es el trabajo comunitario. Una cayapa era, por ejemplo, reunirse para limpiar el pueblo”.
Tierras productivas
En El Paují ha salido muchísimo oro. Pero todo lo que tienen que pagar ellos (comida, alcohol, drogas) está diez o veinte veces por encima del precio normal. “Cuando tú tienes una familia de seis o siete muchachos… tu tomaste, te drogaste, te queda muy poco dinero para ellos. Entonces, qué otro tipo de negocio se puede proponer ahí que supla la necesidad que tienen, creada o verdadera pero la tienen. El problema más grave para mí es que el dinerono ha generado calidad de vida”.
A partir del año 2010 la fundación decidió empezar a asesorar y crear proyectos económicos para las mujeres, como la recuperación productiva de áreas intervenidas por la minería. Marcel cuenta que lo productivo es crear un conuco, que es la hacienda tradicional de los indígenas. Por ejemplo, en un sitio que era solo arena se colocó capa vegetal, después estaca de yuca, piña, y ahora están trabajando con humus de lombrices para ir fertilizando.
Marcel habla de las ventajas: primero, las mujeres tienen un sitio donde sembrar ya que tradicionalmente el hombre era el que tumbaba el conuco, es decir, talaba la selva para que la mujer sembrara y cuidara, y la minería ha hecho que esta práctica se pierda. Segundo, se brinda una seguridad alimentaria porque el casabe y la yuca están más caros y cada vez hay menos comida porque todos están en la mina. Tercero, genera un reconocimiento de la mujer.
Una de las integrantes del grupo cuenta que ella estaba sacando oro y los hombres compraron alcohol con toda la venta del mineral. “No dejaron nada ni para los niños, ni para la escuela”. Ella debía esperar que ellos sacaran oro para luego ir y relavar, se metía en los huecos a buscar un poquito de oro para comprarle la comida a sus hijos. Un día regresó el marido en la noche, borracho, quería tomar más, sabía que ella había sacado oro, la agarró, le quitó el oro y se fue a tomar. Ahora, por ser una de las líderes de este proyecto ha ganado más respeto de parte de los hombres.
El norte, el objetivo, nos lo explica Marcel: “Siempre han sido nuestros planes de trabajo tratar de mejorar nuestras estrategias para que ellas puedan empoderarse, porque son las que más sufren con la minería. Si el río está sucio ellas tienen que lavar ropa; si los niños se enferman ellas los tienen que cuidar; el problema de la prostitución; hay mucha destrucción del hogar por el problema del alcohol. Quienes más se quejan de esos cambios son ellas. Porque el hombre siempre va a estar mejor, hacen el dinero, se compran el carro. Las mujeres son más de la calidad de vida, educación, salud”.
Una anécdota que cuenta Marcel es que un día estaba llevando a una de las mujeres con su esposo en el carro, se detuvieron porque el señor iba a comprar algo en la bodega y este le pidió el dinero a su esposa. Marcel se alegró mucho porque tiene seis años trabajando con ella: “Ella logró eso dentro de su pareja. Que el entendiera, que:‘Está bien, te voy a dar tanto para que te vayas a echar los palos, pero el resto es para la casa’. Muchas veces hablo con los hombres porque les tengo confianza, porque son mis vecinos, ¿ves?, yo sí les digo, ¡cónchale! cómo es posible que ella todavía esté lavando a mano, cómprale una lavadora aunque sea. Es la manera de entrarles. La manera es dialogando y con la mujer para que ella, poco a poco, pueda tener la fuerza para hablar con el hombre”.
(*) Periodista. Miembro del Consejo de redacción de la revista SIC del Centro Gumilla.
