No solo de renta vive el hombre.
Desde el imperativo ético político que nos demanda este tránsito del modelo rentista extractivista hacia el buen vivir y la defensa de los derechos de la Tierra, los grupos de mujeres organizadas, ecofeministas en resistencia y lucha versus el avasallante sistema mundo del capitalismo depredador, analizamos y exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre las consecuencias que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno venezolano desde el llamado Arco Minero del Orinoco.
Desde inicios de nuestra historia republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo XIX, la élite que gobernaba Venezuela otorgó diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense Joseph B. Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en Guayana, cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en introducir maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se incrementaron las concesiones y se organizaron seis grandes compañías: “la Compañía Minera ‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara una de las principales empresas auríferas del mundo a finales del siglo); la “Venezuela Austin Mining Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.” (inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold Mining Company” (inglesa) y; “El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de explotación aurífera propició que en nuestro país se desarrollaran políticas monopólicas favorables al capital foráneo en materia de transporte y comunicaciones.
El tipo de acuerdo que se estableció con las compañías extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado en 1879, durante el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para la soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos y políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos atrevemos a afirmar que en el presente asistimos a la reactualización de las nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la élite creía que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el motor del progreso.
Como vemos, este proceso en el que desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no ignoramos y debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la compresión de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en un potencial conflicto socioambiental de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar el Motor minero, el Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de 35 países y aún se desconocen los términos de esta negociación.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de concesionar nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas de 35 naciones? ¿Cuándo fueron consultadas todas las comunidades indígenas que viven en la región, tal como lo ordena la constitución y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la obligación del Estado de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas? ¿Cuándo se realizaron los estudios de impacto ambiental que exige nuestro marco legal?
La sigilosa estrategia de activación del Motor Minero concesionando casi el 12% de nuestro territorio, corresponde tácticamente a las negociaciones vinculadas con la codicia y avaricia corporativista sin límites de los capitales transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos naturales” como un problema de seguridad nacional para las grandes potencias y el aparato militar-industrial global, que requiere garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos que consideran vitales para darle sustentabilidad a su poder hegemónico. Este contexto de guerra no convencional nos coloca en el ojo del huracán, con inmensas reservas de crudo extrapesados, agua dulce y materias primas más importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el tratamiento de los llamados “recursos naturales” y particularmente su raíz económica está la fuente de todos los conflictos, tal como lo describe Vandana Shiva.
Actualmente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del capitalismo rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más preciados -el agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio y más allá, costa afuera- con los modelos de negocios para la diversificación de la economía, basados en la explotación de las fajas minera, petrolera y pesquera bajo las figuras de las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), contenidas en la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre de 2014. El investigador Emiliano Terán Mantovani ha enumerado los principales proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la fecha: el Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro bloques diferenciados por su potencial y definidos por colores: azul para el coltán, amarillo para el oro; marrón para el hierro y color perla para el diamante, que comprenden 111. 843 km2, a los que hay que sumar 55.314 km2 dela Faja Petrolífera del Orinoco. Además, están los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques desde el Golfo de Venezuela hasta noreste del estado Falcón); Carbozulia en la zona noroccidental del estado Zulia, que prevé apertura de nuevas minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y Cachirí; Lomas de Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los estados Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción pensada para consumo interno y exportación de pescado para la generación de divisas.
Somos conscientes de que el complejo militar industrial, las transnacionales mineras y los especuladores financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico, ni siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de la vida en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales vigilan o garantizan el cumplimiento de las normas ambientales.
La región nuestramericana y caribeña donde nos encontramos posee el 40% de la biodiversidad del mundo, reúne ocho de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del planeta; que contienen 246.000 especies de plantas, 1.597 de anfibios; 1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575 de mamíferos. El 41,9% de Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los 12 países que conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos naturales del mundo: el 26 % de agua dulce del mundo, el más grande pulmón vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los minerales, inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la tabla de Mendeleiev, están en nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto junto a los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco desarrolladas, que acrecientan nuestra dependencia de distintos mecanismos disfrazados de cooperación internacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y Conexiones Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos capítulos de Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual (2002-2006); sus organismos como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones) cuya sede comparte con el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de Cooperación Ambiental) con USA para el “crecimiento del comercio e inversión de bienes y servicios ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre Comercio (TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico (extensión del TransPacific Partnership o TPP), y el Trade In Services Agreement (o TISA), todos éstos operan bajo el principio de deuda por naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros bienes comunes, manejándolos como commodities, vulnerando nuestras soberanías y aumentando nuestra dependencia, puesto que subordinan nuestros Estados Nacionales y marcos jurídicos a una legislación global.
El tema de la soberanía sobre nuestros territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha colocado, de acuerdo con la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría de edad, sin poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así es percibida la naturaleza, el espacio territorial y político es una vacante donde los modelos negocios, explotación e intercambio prosperan, invisibilizando y anulando los conflictos socioambientales que estallan cíclicamente de manera dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la infancia arrasada por las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de estos planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la Locomotora Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas compartimos históricas relaciones carnales, culturales y comerciales.
La sequía, la destrucción de la vida orgánica, el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro, el asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, la violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como la militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son algunos de los macabros productos del negocio de la extracción minera.
Asimismo, las cifras divulgadas en varios estudios demuestran que, entre los humanos, las mujeres pobres no blancas son las más afecta-das por la destrucción del ambiente y sus consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la actividad minera afecta directamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de mercurio, la explotación laboral, el alcoholismo y la aculturación; son las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la sexual, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son empujadas desde la infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta serie de agresiones se realiza con la participación de los militares y autoridades locales, amparados en la indiferencia del Estado.
Sin embargo, las mujeres indígenas y mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia experiencia, las mujeres son dueñas de una mayor conciencia y visión de que el deterioro de la naturaleza y de sus recursos desemboca en el deterioro de la vida. Muchas se han sobrepuesto valientemente a esta constante coacción sexista y se han convertido en las principales protagonistas en la lucha por construir, a riesgo de sus vidas, un tipo diferente de lazo social y otro modelo de relación con la naturaleza y los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y Máxima Acuña.
Las mujeres venezolanas, quienes hemos sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país, hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos liderado los diversos movimientos de base y las numerosas misiones sociales impulsados por el Gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos acumulado una amplia experiencia organizativa que se ha traducido en el fortalecimiento del trabajo en colectivo.
Las mujeres hemos sufrido durante muchos años todas las formas de violencia generada por la metástasis sexista neoliberal, asimismo, hemos sentipensado la amenaza a todas las formas de vida en el planeta generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo nos ha permitido adquirir una conciencia ética y política del papel protagónico que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras de todo tipo de vida orgánica. También nos ha llevado a explorar los complejos vínculos entre el sistema patriarcal y sus distintas formas de violencia, incluida la dirigida hacia la naturaleza. Además de ubicar en el actual sistema capitalista global tanto las causas de la destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el despojo del conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas.
En ese sentido, consideramos que una de nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor Minero, que es la expresión más reciente de la explotación y penetración sin fin de la naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo” occidental. Si se llega a poner en marcha el Motor Minero y el proyecto del Arco Minero del Orinoco, con la llegada de 150 empresas transnacionales, el proceso de deterioro de todas las formas de vida se acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar directamente el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas comunidades y pueblos indígenas ubicados en la zona.
Las ecofeministas exigimos una inmediata moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la Venezuela republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro conocimiento de la historia económica y política de nuestro país y en la toma de consciencia de los irreversibles efectos del extractivismo minero en los diferentes ecosistemas y en la soberanía de nuestros países. Las consecuencias son abisales, por eso extraña que las y los venezolanos no hayamos sido consultados, mucho menos informados, sobre los términos de esta negociación.
Por estas razones, el reclamo incluye el llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios de la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor Minero. Un diálogo que no debe temer al debate y mucho menos a la escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es el momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de producción que den resultados sostenidos y sustentables a largo plazo, y para deliberar sobre un modelo económico diferente que no comprometa la soberanía, a la vez que se desprenda de la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas.
Las ecofeministas tenemos mucho que aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato teórico que va desde la crítica a los presupuestos detrás de la tecnociencia, la filosofía moral tradicional, la economía política hasta las propuestas de soluciones alternativas al modelo actual de dominio de la naturaleza. Además, tenemos una creciente experiencia organizativa que ha servido de modelo para todos aquellos que luchan por un mundo diferente.
La amenaza de extinción de uno de los ecosistemas más importantes del planeta, incluido el cuarto río más caudaloso del mundo, el Orinoco, la destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario, el inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la
ampliación de distintas actividades criminales relacionadas con el extractivismo, el incremento de la violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes y ancianas indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y los pueblos indígenas pemón arekuna y pemón taurepang, sanema, ye ́kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e ́ñepa, kariña y akawaio, nos autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear
nuestras exigencias.
¡Por la impostergable utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida!
¡Cantemos a la vida!
¡No a la mina, sí a la vida!
LaDanta LasCanta
Grupo de Investigación y Acción
