La Organización Indígena Kuyujani denunció este 2 de agosto, la continuidad de la actividad minera ilegal en el Alto Caura y el contrabando de combustible bajo la complaciente mirada militar.
En estos últimos días, la presencia de la minería ilegal en esas áreas del municipio Sucre se ha incrementado de manera considerable, registrándose una nueva incursión de 200 mineros, distribuidos en 20 grupos de 10, con equipos hidráulicos de potencia.
Así lo denunció el presidente de Kuyujani, Alberto Rodríguez, quien junto a José Poyo, diputado indígena ante la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Indígena de América, alertaron que la actividad minera en el Caura no se ha detenido, a pesar de las acciones de desalojo que las autoridades nacionales han asegurado, se ha aplicado en defensa de esta reserva de biodiversidad del estado Bolívar, en la que se han devastado más de 29 hectáreas, afectando ríos y caños en Yuruani.
“Los mineros siguen en el Caura”, afirmó Rodríguez, quien presentó esta denuncia al parlamentario indígena, al acotar cómo los mineros siguen “viento en popa” con la extracción aurífera en detrimento del ambiente, contraviniendo los objetivos del Plan Caura en cuanto a salvaguardar y proteger lo que hasta ayer era la última zona prístina en el país.
Militares “cómplices”
Con toda responsabilidad, dijo Rodríguez, que “solamente hubo dos semanas de paro desde que se inició el Plan Caura, pero ya iniciaron sus actividades de minería”. Afirman que esto ocurre en complicidad con funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, quienes cobran una vacuna para permitir la entrada de combustible por lo que tienen cierta culpabilidad en el ecocidio.
El representante de las 53 comunidades de las etnias Sanema y Yekwana desmintió a las autoridades del Plan Caura y pidió verificarán la invasión de mineros ilegales en la cuenca considerada reserva natural. “Ha estado aumentado paulatinamente hace unas semanas atrás el tráfico de combustible, que es traído desde el pueblo de Mapire hasta el Playón, donde contratan a indígenas Sanema para hacer el traslado de carga aprovechándose de sus necesidades”.
Rodríguez mencionó que los mineros se mantienen en Yuruani, en los caños de Pijiguaos y Rantroje, y que “los militares en el punto de control ubicado en el Salto Pará han incumplido sus funciones como lo establece el Plan Caura”. Dijo que “simplemente se ve que hay acto de corrupción por parte del Ejército, no vemos otra explicación”. (CorreodelCaroní; 03.08.2010)
