Después de que el presidente, Nicolás Maduro, extendiera el pasado lunes el cierre de la frontera colombo-venezolana por el paso Paraguachón, en el estado Zulia, se han reportado varios problemas que están afectado a las comunidades indígenas Wayúu y Añú asentadas en esas zonas de la Alta Guajira.
Esta situación está ocurriendo a pesar de que el presidente Maduro hiciera una excepción de libre tránsito para las comunidades indígenas después de que anunciara el cierre fronterizo por los municipios zulianos. Al respecto dijo: “Habrá respeto a la libertad del paso del pueblo wayúu estricto, esa es su tierra, llegaron ahí y viven ahí hace 8 mil años”. [1]
La consideración fue anunciada debido a que dentro de las creencias ancestrales de estas comunidades indígenas las fronteras no existen, por lo cual los pobladores de la guajira que se encuentran establecidos en territorio colombiano y venezolano nunca han reconocido la división político territorial de esta zona.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el respeto a las creencias de estos pueblos, estableciendo en su artículo 119 lo siguiente: “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.” [2]
Sin embargo, la realidad actual de la frontera desde su cierre dista de las condiciones ideales que estas comunidades merecen.
“Las personas pertenecientes a las etnias indígenas deben esperar más de cinco horas para transitar por el corredor humanitario instalado para que puedan movilizarse de un país a otro. Algunos deben pasar la frontera de Venezuela hacia Colombia y viceversa por compromisos laborares, escolares y hasta por problemas de salud, pero se les ha hecho muy difícil después del cierre de la frontera”, denunció Sailyn Fernández, periodista Wayúu de Fe y Alegría y vocera del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Indicó que el paso por el corredor humanitario no se está dando libremente, ya que las personas que necesiten movilizarse a través de él deben mostrar a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la cédula de identidad, “a pesar de que es bien sabido que algunos integrantes de los pueblos indígenas nunca han contado con identificación legal de ninguno de los países”.
Además de esto, también se le exige tener rasgos indígenas y comprobar que hablan la lengua de su etnia.
Igualmente, la vocera del Comité de Derechos Humanos de la Guajira manifestó con preocupación que las limitaciones que están ocurriendo para el libre tránsito están obligando a los indígenas a usar las llamadas “Trochas” o “Caminos verdes”, zonas escondidas dentro de la tupida vegetación y desprovistas de vigilancia o algún otro sistema de seguridad ciudadana.
“Para movilizarse por las trochas deben pagar hasta 200 bolívares por persona cada vez que las usan, si van en motocicleta o automóvil esta cuota aumenta mucho más. Además, existe un inminente riesgo para la seguridad personal ya que por estos caminos merodean muchos delincuentes que buscan robar o hacerle cualquier daño a la gente que transita por allí”, explicó.
Fernández indicó que solo en la zona de la Guajira existen al menos 15 trochas.
En riesgo la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas
“El desabastecimiento de alimentos en la Guajira es un problema muy agudo que las autoridades competentes aún no han podido resolver. Los pobladores indígenas solo cuentan con un sistema de abastecimiento mensual de alimentos denominado “Mercal Casa por Casa”, que a veces no llega o no alcanza para 30 días”, denunció Lisseth Mogollón, abogada e integrante de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia.
Para paliar esta dificultad las comunidades indígenas tienen la costumbre de intercambiar con sus hermanos, animales por comida. Sin embargo, esta tradición se ha visto comprometida después del cierre de la frontera, ya que la medida impide que los indígenas de Colombia puedan interactuar fácilmente con sus pares venezolanos.
“Esta situación viola la seguridad alimentaria de estas personas, problemática que es agravada aún más cuando se les impide movilizarse a otras zonas de la Guajira colombo-venezolana para realizar trueque con sus hermanos”, manifestó la abogada Mogollón.
Igualmente, el estado de excepción ha imposibilitado al indígena salir de la Guajira hacia otro municipio venezolano para abastecerse de alimentos. “Se están aplicando controles muy fuertes que también están limitando el libre tránsito de las comunidades indígenas dentro del territorio nacional. Nos preocupa que se encierre al indígena dentro de su comunidad sin comida”, señaló.
Hasta los momentos no se han reportado oficialmente violaciones a los derechos humanos contra estas comunidades, pero gracias al estado de excepción, están en riego muchos de sus derechos, lo que desvirtúa su manera de vivir. El más transgredido es el libre tránsito, sin embargo, se ven preocupados sobre la posibilidad de que esta medida de pie para que se violen otros derechos fundamentales como la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.
El pueblo indígena es una comunidad minoritaria a la que se le deben garantizar todos sus derechos, además de respetar todas sus creencias y tradiciones, como bien lo establece la carta magna venezolana. Ambas voceras pertenecientes a distintas organizaciones de Derechos Humanos del estado Zulia expresaron que los representantes indígenas están sumamente preocupados de que estas medidas políticas afecten aún más su bienestar y su modo de vida ancestral.
Por Daniela Damiano (@amnistia)
