Los pueblos indígenas suelen ser marginados y discriminados por los sistemas legales de los países. Amnistía Internacional ha manifestado que esto hace que corran el riesgo de sufrir la violencia y abusos, en su mayoría, mujeres quienes son utilizadas, intimidadas y marginadas por quienes llegan a tener dominio ilegal o legal de los terrenos; y en este sentido, cuando se habla de la violencia hacia las mujeres indígenas, no solo se refiere a aquellas agresiones físicas que pueden recibir en determinada circunstancias, pues la usurpación de hábitat que implica daños en el mundo comunitario, naturaleza y en la esfera de la tranquilidad y paz también forma parte de aquella violencia que muchas veces es ignorada.
Según la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru, movimiento indígena que promueve el empoderamiento de sus mujeres, a fines de contribuir a la despatriarcalización y descolonización, señala que la violencia hacia las mujeres por motivos mineros se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida, las cuales son controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual, lo que genera altos índices de femicidios y violencia territorial.
En los espacios de prostitución o “carrutelas”, dominados por los agentes encargados para llevar los trabajos mineros, compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios, cabe acotar que la mayoría de las mujeres “compradas” son niñas y adolescentes quienes son violadas, maltratadas y obligadas a tomar riendas en asuntos criminales por militares, mineros o grupos armados; por otro lado, las niñas y adolescentes que se encuentran obligadas en la “vitrina” de escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10), siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitadas y por tanto, más “económicas”.
El portal Wanaaleru resalta que ésta situación no es el único foco de preocupación, dado que las agresiones y amenazas hacia las mujeres de las comunidades resulta ser una de las estrategias más comunes para obligar a desalojar los territorios; sin embargo, muchas mujeres indígenas deciden luchar y mantenerse de pie ante la situación, a pesar de tener en cuenta que toda minería ilegal cuenta con un encargado de acabar con aquellas personas que se opongan o manifiesten en contra del desalojo, tal es el caso de la hondureña Berta Cáceres, una líder indígena luchadora por la causa , quien fue asesinada luego de haber sido víctima de una campaña constante de acoso y amenazas para impedirle defender los derechos de las comunidades.
Otros casos
· Lucrecia Huayhua de Bolivia, caso expuesto por la ONU, quien a pesar de no haber sido asesinada tuvo una infancia de explotación que denomina como “inhumano”, pues a sus 8 años fue comprada para cuidar a una niña de 8 meses si retribución alguna. Huayhua durmió debajo de unas escaleras de concreto durante este tiempo, se arropaba con una alfombra y comía entre poco y nada, además de tener que soportar insultos y humillaciones.
· También se encuentra el caso de de la violación de 52 mujeres indígenas por militares en estados fronterizos mexicanos, quienes además fueron torturadas cuando decidieron denunciar las violaciones; muchas desistieron y abandonaron el caso por el miedo que sentían ante las amenazas.
· Amnistía Internacional en su informe La Larga Lucha de los Pueblos Indígenas señala que en mayo de 2015, la Real Policía Montada de Canadá (servicio nacional de policía) publicó un informe en el que afirmaba que, de 1980 a 2012, habían sido asesinadas en Canadá 1.017 mujeres y niñas indígenas, es decir, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a la de todas las demás mujeres.
Es importante resaltar que estos delitos se han desarrollado en torno a trabajos mineros realizados en los respectivos países.
Efecto de la minería en la vida de las mujeres indígenas
Las consecuencias que conllevan estas violaciones de derechos humanos son de gran preocupación, pues involucra graves efectos en la salud física, mental y comunitaria; enfermedades de transmisión sexual en creciente aumento que cobra numerosas vidas debido a la ausencia de tratamientos por la casi nula accesibilidad a la salud pública, en estos caos, la medicina de los indígenas suele provenir de las plantas, las cuales se encuentran afectadas por los trabajos mineros.
Los elementos utilizados durante la minería como el mercurio, cianuro y el polvillo generan en las mujeres, niñas embarazadas y al mismo feto daños en su sistema nervioso y trastornos cerebrales que podría producir convulsiones, ataques cardíacos, parálisis, entre otras consecuencias. En el caso de los nacidos, la organización señala que la probabilidad de que nazcan con graves deficiencias motoras, neuronales y cerebrales es bastante alta.
De igual manera sucede con las altas concentraciones de estos químicos en el cuerpo de la mujer, pues se ha comprobado que es factible el desarrollo de cáncer de útero o mama y efectos hasta mortales en el fluido sanguíneo de las mujeres y niñas.
Eterna lucha encarecida
Amnistía Internacional ha mencionado trabajar con los pueblos indígenas para elaborar leyes que hacen falta con urgencia para proteger sus tierras, cultura y medios de vida. En el ámbito internacional, los pueblos indígenas han hecho oír sus voces y han presionado efectivamente a los gobiernos.
Dicha organización ha pedido reiteradamente:
• garantizar que los pueblos indígenas tienen voz en las decisiones que les afectan;
• mantener sus identidades culturales propias;
• vivir sin discriminación ni la amenaza del genocidio;
• tener acceso seguro a las tierras y a unos recursos esenciales para su bienestar y estilos de vida.
Por su parte, la Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas marca un hito histórico en la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia. En ella, se exige considerar como delito la discriminación contra las mujeres indígenas (art. 34), investigar los casos de violencia de género, en particular en las zonas de conflicto armado (art. 32) y de esterilización forzada (art. 33) y crear instrumentos adecuados para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica y del Estado (art. 35). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pide, expresamente, a los Estados que garanticen la protección de las mujeres indígenas contra toda forma de violencia y discriminación (artículo 22).
Sin duda que las tierras en las que viven los pueblos indígenas suelen ser ricas en recursos naturales, sin embargo, este no representa un motivo para provocar violaciones de derechos humanos en aquellos territorios que de por vida han sido protegidos y cuidados por sus comunidades, quienes ahora viven denigrantes situaciones por los Estados considerar que es en sus tierras donde está la solución a problemas económicos.
Yaridbell Licón @amnistia
