Los indígenas temen que los acuerdos sean rotos con más acciones militares, tras la aparente tregua que se ha difundido en los medios Voceros indígenas del Alto Paragua alertaron este martes de la incursión de un contingente militar en la zona, a menos de 24 horas de haber acordado la desmilitarización del poblado especialmente hacia las comunidades aborígenes que están a lo largo del río homónimo.
Ricardo Delgado, ex alcalde de Gran Sabana, cuestionó la acción por la cual los aborígenes temen represalias tras lo ocurrido la pasada semana cuando fueron desarmados 23 funcionarios, según aclaró, y no 19 como se había dicho en un principio.
Por su parte habitantes de La Paragua, en el municipio Angostura, informaron que en el pueblo no quedaban funcionarios, aunque avistaron en la mañana un vehículo Tiuna con algunos uniformados a bordo.
La hipótesis de quienes residen en la zona es que el nuevo contingente militar integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército se internó hacia las comunidades por otra vía fluvial y no desde el puerto de La Paragua, para evitar que los aborígenes fuesen alertados.
Pese a esto algunos vieron cómo los funcionarios se trasladaban en el río y salieron a avisar por si se produce una militarización de las comunidades del Alto Paragua o alguna otra acción que vaya en contra de los acuerdos alcanzados el domingo con la presencia de la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado y el comandante del Comando Estratégico de Operaciones, el general Henry Rangel Silva.
Posiciones encontradas
A la par de esta situación que fue denunciada en horas de la tarde, en la plenaria ordinaria de la Asamblea Nacional el diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, tocó el tema indicando que la reacción de los indígenas se debió al cansancio a causa de los supuestos maltratos de los militares.
También detalló que el enfrentamiento que terminó el desarme de los 23 funcionarios se originó “luego que una mina de oro explotada meses atrás y efectivos militares desalojaran a los mineros y a los indígenas, para posteriormente ellos (los militares) explotar la mina“.
A su vez criticó la aprobación del decreto 8.413 donde se reserva el Estado la exploración y explotación aurífera, ya que este en algunos de sus artículos penaliza a la pequeña minería con entre 6 meses y 6 años de prisión, lo que implicaría detener a miles de personas en el estado Bolívar que se dedican a la actividad minera para subsistir.
En la Asamblea Nacional, el diputado indígena José González criticó la postura de Velásquez y a la vez declaró que los pueblos ancestrales han estado en contra de la actividad “desde siempre”. Dijo que los pueblos indígenas apoyan el decreto 8.413 y que las informaciones salidas a la opinión pública en los últimos días donde voceros denuncian supuestos atropellos de las Fuerzas Armadas forman parte de una “estrategia de oposición” que aprovechan cualquier ley para “lanzar dardos en contra del gobierno”.
Reiteró en su intervención que entre los militares y los indígenas no hay ningún tipo de conflictos y cuestionó a los líderes indígenas que han estado declarando sobre el caso y haciendo las denuncias que se han conocido desde el viernes pasado.
Pese a estas dos posturas distintas, los indígenas han alertado que tienen miedo a una represalia tras haber desarmado a 23 funcionarios militares. Indicaron que les da “mala espina” el hecho de que un contingente de las Fuerzas Especiales haya sido enviado justo en un momento donde pareciera haber un punto de encuentro para la solución de los problemas, que son el respeto a las tierras ancestrales y el cese de los presuntos abusos de los castrenses contra los nativos. (Natalie García, Correo del Caroní, 02.11.11)
